En un nuevo “Ni una menos” que nos encuentra alejándonos de la pandemia, volviendo a ocupar las calles durante un Gobierno Nacional y Popular que ha apostado a generar una perspectiva feminista en su agenda organizacional y publica, el fin de estas líneas es intentar reflexionar sobre las políticas de prevención ante casos de violencia de género que se deberían tener en cuenta a nivel local gubernamental.
Como bien sabemos, el Estado tiene la obligación de tener un rol garante en el ejercicio de los derechos y, por consecuencia, funcionar como un actor preventivo y sancionador; en este caso, ante las situaciones de violencia por motivos de género.
¿Cuáles podrían ser algunas políticas de prevención ante casos de violencia a nivel local? ¿Cómo debería organizarse el gobierno para brindar a la ciudadanía un Estado garante y preventivo? Para brindar algún ejemplo concreto, hace falta poner en marcha políticas con abordaje integral a nivel municipal, que apuesten al trabajo interdisciplinario en el enfoque de los casos, sea en materia de violencia institucional, casos de violencia doméstica, casos de violencia simbólica, o sea en materia de pleno ejercicio de los derechos ya conquistados. Para mencionar un ejemplo, la implementación plena de la Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) en los Hospitales publicos debería garantizar el acceso libre y gratuito a las mujeres que desean ejercer su derecho sobre su cuerpo, tal como lo establece la Ley Nacional N° 27.610. En ese sentido, urge una agenda pública local que tenga en cuenta los diferentes niveles de urgencia y dando respuestas efectivas y concretas, que se adecuen a las diferentes realidades de las mujeres y disidencias en el distrito donde viven.
Es una realidad que la militancia feminista ha abierto un nuevo paradigma de habitar los lugares de toma de decisiones gubernamentales. Pero, como todo nuevo paradigma, instalarlo, trae una crisis inevitable al sentido común establecido. Es decir, a cualquier pregunta de cómo debería accionar un gobierno local, la respuesta es a través de la reflexión para concluir en la decisión política. No hay política concreta, sin antes una expresión del deseo y la necesidad, sobre cuales se debería fundar la perspectiva que deberían contener las decisiones de los funcionarios y funcionarias frente a su gestión institucional.
Por otro lado, en la ciudadanía, ¿se va forjando el rol del feminismo?
La militancia política en su agenda actual, ¿se organiza frente a las demandas del colectivo feminista con una perspectiva integral?
Teniendo en cuenta que hoy contamos tanto con el Ministerio Nacional y Ministerio Provincial destinados a las políticas de mujeres y diversidades, frente a la crisis actual económica, ¿el gobierno tiene en cuenta una perspectiva feminista? ¿Estamos construyendo una mirada feminista interseccional? ¿Cual es el papel de los Estados municipales en esta agenda?
Enmarcando un nuevo 3 de Junio, nos invito a reflexionar sobre la importancia de la organización y la transversalidad frente a un sentido que se le quiere inyectar a toda política pública. Ya que, efectivamente donde hay una necesidad, debe nacer un derecho, un gobierno que diseñe las políticas que puedan dar soluciones, y un Estado que garantiza su implementación y constancia ante la ciudadanía.
Por Delfina María Martinez – 24 años, militante política – Estudiante de Derecho de la Universidad de Buenos Aires