Dia Mundial De La Justicia Social.
Para quienes entendemos a la política como una herramienta de transformación, no hay satisfacción más grande que la de generar soluciones reales y concretas en la vida de quienes más lo necesitan. Esa es la justicia social en su máxima expresión. Ese es el capítulo que hoy está inaugurando el gobierno nacional mediante la creación del Certificado de Pre-identificación (CPI), una iniciativa que viene a saldar una deuda histórica en materia de Derecho a la Identidad.
El CPI permite que aquellas personas cuyo nacimiento en el país no ha sido oportunamente inscripto (no cuentan con partida de nacimiento), o que no cuentan con un certificado de parto, puedan acceder a derechos básicos que les han sido negados durante el desarrollo de su vida.
En otras palabras, es entender que el Estado es quien tiene que garantizar el derecho a la identidad de su población, y para ello tiene que instrumentar las herramientas necesarias para lograrlo y evitar que por años queden en el limbo niños y niñas, que luego son adultos y pasan su vida o gran parte de ella sin el principal derecho, luego de la vida , sin poder ejercerlo.
El CPI es la herramienta que permite dar existencia a quienes hasta ese momento para el Estado no existían como ciudadanos con posibilidades de ejercer sus derechos.
En muchos casos víctimas de enmarañados procesos burocráticos, en ese universo viven miles de hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes, e incluso adultos mayores, que por falta de DNI no pueden acceder a las prestaciones sociales, programas de inclusión, ni a un trabajo, ni a la posibilidad de estudiar ni acceder a la salud.
Desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales trabajamos junto al Ministerio del Interior que conduce Eduardo “Wado” de Pedro, y a la ANSES, con Fernanda Raverta, en la puesta en marcha de esta nueva herramienta que instrumenta el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) en cabeza de Santiago Rodríguez.
En el acto de la entrega del 1er CPI a Olga Algañaraz, una joven de 26 años con 4 hijos, nuestro presidente Alberto Fernández nos dijo: “Estamos haciendo una reparación por lo que el Estado no hizo durante muchos años”.
Es reparar y también admitir que en esta Argentina con profundas desigualdades sociales, hay -aún luego de 37 años de democracia y con los enormes avances en materia de Derechos Humanos conquistados por la lucha incansable de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo-, una verdadera deuda de la democracia que el Estado debe reparar, desarrollando todas sus capacidades para garantizar la identidad de todas y todos los argentinos.
Dejar atrás el sometimiento de quienes más lo necesitan, olvidar por siempre el peregrinar por los laberintos administrativos de los juzgados buscando la sentencia de identidad para pasar a un estado que reconoce la existencia de sus ciudadanos y ciudadanas: esto es -definitivamente- invertir la responsabilidad de quien debe garantizar identidad, que sin lugar a dudas es indelegable del Estado y no de las personas en extrema vulnerabilidad.
Con todo, hoy podemos conmemorar el Día Mundial de la Justicia Social no ya como una efeméride que nos recuerda el camino a seguir, sino desde el logro de haber diseñado una política pública que nutre, que incluye y que reafirma nuestro compromiso en la lucha por la igualdad y la ampliación de derechos.
La identidad es la llave que abre la puerta a todos los derechos ciudadanos. Es la diferencia entre ser y no ser. Por eso es inadmisible que todavía hoy haya hombres y mujeres atrapados en los tiempos de una Justicia que no logra hacer justicia en materia social.
En ese sentido el CPI es un acto de Justicia Social. Una herramienta que viene en auxilio de “los últimos”, de los más vulnerables, de los postergados, de quienes -literalmente- no tienen absolutamente nada, ni siquiera identidad. Es dignificarlos otorgándoles lo más preciado, que es su identidad.
A 14 años de proclamarse el 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social por las Naciones Unidas, celebremos esta conquista social que nos permite seguir plasmando en la acción política el legado de quien fuera la máxima referente de la Justicia Social, nuestra querida Evita.
Ella decía: “Debo confesar que si todos los problemas de injusticia social y de dolor despiertan en mí la rebeldía y la voluntad de hacer justicia, el problema de la niñez es, por excelencia, el de mi mayor atención y máximo cariño. El dolor de los niños no lo justifico en ningún sentido; es uno de los problemas trascendentales que demandan justicia sin pérdida de tiempo“.
El mejor homenaje ha sido la creación de la llave de derechos para las y los que aún no los habían podido ejercer.
Por Victoria Tolosa Paz – Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
