Es necesario definir primero que el TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS es un TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, por lo tanto -y como ocurre en todo el planeta- forma parte esencial de las comunicaciones y de la vida cotidiana de la gente, por lo que resulta un SERVICIO PÚBLICO CON CARACTER DE ESENCIAL.
Si alguien tiene dudas al respecto alcanza con consultar fuentes nacionales e internacionales y buscar información.
Además, como también ocurre en todo el planeta, hay situaciones particulares e ideológicas que hacen que el ESTADO delegue en los PRIVADOS el desarrollo de la actividad (acá se pueden abrir polémicas sobre las virtudes y defectos de esta situación, pero todas las posturas derivaran en cuestiones ideológicas que no vienen al caso y no son materia de lo que estoy tratando de explicar).
El escenario se compone de muchos actores y cada uno de ellos tiene un rol, a saber:
El PÚBLICO, o sea, los usuarios. que como es natural desean tener un servicio acorde a sus necesidades, con calidad en la prestación -confort, frecuencias, etc.- y por supuesto al menor costo posible.
Los TRABAJADORES DEL SECTOR -marineros, patrones, personal de boleterías, mecánicos, etc.- que lógicamente quieren percibir un salario acorde a su actividad -o aún mejor que ello- y que desean desarrollar sus actividades en un marco agradable y justo, contando con buenos horarios, francos, etc.
Los EMPRESARIOS, que como su nombre lo indica ven en la actividad una empresa, es decir un área de trabajo a través de la cual obtener beneficios económicos, de ser posible con los menores costos para poder aumentar su rentabilidad. Una rentabilidad que aplicaran a beneficios y mejoras en la empresa (para aumentar los beneficios) o para hacer uso de ese lucro de la manera que deseen, incluso personal.
Los SINDICATOS, nucleando la representación de los trabajadores para poder hacer los reclamos, exigencias o críticas ante los empresarios de manera orgánica, aumentando así la presión a efectos de conseguir el pretendido beneficio. En algunos países también, y para justificar sus reclamaciones, son los que se hacen cargo de las capacitaciones de los trabajadores, solo como un engranaje más que les permita aumentar las capacidades de negociación.
Los GOBIERNOS LOCALES (municipios), que desempeñan un rol pasivo, al amparo de la jurisdicción bajo la que el servicio se desarrolla. Sin embargo, son la primera puerta de acceso para la sociedad con el fin de acercarse a los organismos oficiales. Hay que sumar a esto que es en la esfera de su funcionamiento donde los habitantes de una región sufren los padecimientos de los servicios que se denuncian, aunque su presencia se limita a tibias declaraciones.
El GOBIERNO PROVINCIAL, siendo quien recibe, por delegación del Nacional, toda la potestad de administración del funcionamiento de este SERVICIO PÚBLICO. Es quien decide los como, los cuando y los cuanto de la tarea, es decir, es quien REGULA.
El GOBIERNO NACIONAL, que es, tal vez, la última instancia en materia de regulaciones. La suprema decisión lo asiste así como la mayor responsabilidad. En esta materia un AUSENTE por voluntad propia.
ESTOS HAN SIDO LOS ACTORES. A cada uno de ellos, además y de manera visible o subrepticiamente, se debe agregar el ingrediente de la PRETENDIDA CONVENIENCIA. Todos ellos en mayor o menor medida tienen esta característica en sus posturas. Los límites de cada uno están dados por la capacidad de los restantes de limitar su presencia.
EN ESTE MOMENTO CRÍTICO pareciera que la situación no da para más y a la vez nadie aporta soluciones posibles. Los actores principales están exacerbados en sus reclamos.
Los pasajeros quieren viajar bien y barato. Los trabajadores quieren cobrar lo que creen justo. Los empresarios no invierten ni pagan porque no tienen la rentabilidad pretendida. Y el ESTADO… el ESTADO pareciera pretender no tener injerencia en todo esto.
Aquí está el nudo del conflicto.
Así se llega a las medidas de fuerza, a los PAROS, que no dejan feliz a nadie: los pasajeros no pueden viajar, los trabajadores pierden premios -que los sindicatos no compensan- y los empresarios pierden recaudaciones que contribuyen a su falta de solvencia.
Cuando la crisis se desata -PARO MEDIANTE- aparece en el escenario el actor PRINCIPAL: el ESTADO.
En lugar de articular las soluciones que son de su exclusivo resorte, deja a los otros actores la discusión y cuando la discusión no resuelve los empuja a la discusión forzada vía la CONCILIACION OBLIGATORIA, es decir, se los sienta forzosamente a una mesa de negociación para resolver un nudo que no han podido resolver y que no tienen mucha posibilidad de resolver, simplemente porque el ACTOR PRINCIPAL, el ESTADO, no aporta NADA. Hace promesas que no cumple a todos: les promete a los pasajeros buen servicio, a los trabajadores buena paga, a los empresarios buena renta Y NO CUMPLE CON NINGUNO. Promesas sin acciones. Palabras sin hechos.
El ESTADO pretende lavarse las manos y patear hacia adelante el conflicto para diluir la cuestión, en una estrategia que incluye a veces la premisa “divide y reinaras”.
Y cuando el agua llega al río, valga la metáfora, lanza un AUMENTO TARIFARIO, como quien descubre la panacea universal, el remedio de todos los males, generando un mal mayor, porque las tarifas sin una política de transporte real y concreta -a través de hechos- no soluciona nada, ni siquiera la coyuntura, y puede, como se pone en aviso en este caso, generar un nuevo problema. El aumento de tarifas, así como esta dado, generará menos pasaje, menos recaudación, más problemas de flujo de dinero en empresas marginadas del resto del trasporte de personas de este país.
¿Quiénes serán los perjudicados de siempre? Los PASAJEROS, los habitantes y visitantes de esta región. ¿Cuáles serán las voces que primero se harán oír? Las de estas gentes que sienten el desamparo y la indiferencia de quienes los representan. El CORTE DEL RIO, como una forma de visualización pacífica del problema es inminente. Pero, cuando esta voz se acalle o sea acallada, volveremos, como la mula vuelve al trigo, a la foja 0 de la cuestión: no existe una política clara y a futuro para este SERVICIO PÚBLICO.
La situación del transporte que se describe aquí, es bueno decirlo, no se ve afectada solamente por cuestiones del vaivén político. Es algo que se viene arrastrando a lo largo de muchas gestiones de gobierno de distinto color.
Sin embargo, la ESTRATEGIA APLICADA es siempre la misma: NO RESOLVER, DILATAR, en definitiva no cumplir ni la misión ni el rol que se tiene asignado. ES POTESTAD DE LOS GOBIERNOS RESOLVER LAS PROBLEMATICAS DE ORDEN PÚBLICO, Y ESTA LO ES.
Así las cosas en este momento. Los sindicatos y empresas bajo CONCILIACION OBLIGATORIA hasta el día 19 de junio. Esto significa que NO HABRÁ MEDIDAS DE FUERZA hasta días posteriores a aquel. Seguramente el aumento tarifario permita maquillar la situación pero no habrá solución de fondo y el tiempo pasará y nada será resuelto de verdad, mientras los vecinos cortan el río ante la mirada indiferente del resto de una sociedad que limita su compromiso a la propia conveniencia.
¿Quién paga el pato? TODOS.
¿Por qué? PORQUE EL ESTADO NO RESUELVE NI ACTUA.
La decisión de la solución profunda no está en manos de los actores primarios, que se debaten en sus propias limitaciones, está en poder de aquellos a quienes hemos delegado la facultad de gobernar y desde hace muchos años -en este asunto- NO LO HACEN.
TODOS QUEREMOS VIAJAR BIEN, A BUEN PRECIO Y GANANDO.
El árbitro NO SABE, NO QUIERE O NO PUEDE tocar el silbato.
Jeremias Wolf – Escritor y Comunicador del Delta – lacolectivadeldelta@yahoo.com
