Por Lic. Luciana Isabela Quetglas
Se cumple un año de una de las decisiones más injustas y dolorosas de la historia democrática reciente de la Argentina: la detención y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, principal dirigente del espacio político opositor y dos veces presidenta elegida por el voto popular.
No fue una noticia más. No fue un hecho aislado. Fue la consolidación de un proceso identificado como lawfare: la utilización de herramientas judiciales, mediáticas y políticas para neutralizar adversarios que no pudieron ser derrotados por otras vías.
Resulta imposible pensar este aniversario sin recordar aquella noche del 1° de septiembre de 2022, cuando un hombre gatilló dos veces un arma a centímetros del rostro de Cristina. “La bala que no salió, el fallo que sí saldrá”, titulaba Clarín. El país entero quedó suspendido en el horror de lo que pudo haber sido una tragedia irreparable. A casi cuatro años de aquel intento de magnicidio, persisten interrogantes profundos sobre las responsabilidades y los discursos de odio que contribuyeron a construir el clima que lo hizo posible, sumado a las irregularidades e impericias cometidas en el proceso judicial que juzga este hecho.
Por eso, para millones de argentinos y argentinas, existe una dolorosa continuidad entre aquel episodio y lo que vino después. Porque cuando el odio no logra su objetivo más extremo, aparecen otros mecanismos de exclusión. La encierran porque no pudieron matarla. La encierran porque gobernó de cara al pueblo. La encierran porque se enfrentó y desenmascaró a los poderes reales. La encierran porque nunca aceptó administrar privilegios para unos pocos mientras las grandes mayorías quedaban afuera. Y también la encierran porque le tienen miedo al amor que el pueblo le manifiesta.
En ese contexto, resultaron especialmente graves las declaraciones del presidente Javier Milei al afirmar públicamente que él había tomado la decisión de que Cristina “vaya presa”. En una República que se supone justa, la privación de la libertad debería ser consecuencia de decisiones judiciales independientes, ajustadas a derecho y alejadas de cualquier interferencia del Poder Ejecutivo o cualquier otro. Que el propio Presidente de la Nación se atribuya semejante decisión no puede naturalizarse. Más allá de los intentos posteriores por relativizar sus palabras, la expresión revela una concepción alarmante sobre la división de poderes y la calidad institucional.
No obstante, la causa con la que proscriben a Cristina constituye un verdadero mamarracho jurídico, acelerada en tiempo récord a partir del anuncio de que sería candidata en la Tercera Sección Electoral. Con jueces y fiscales recusados por organizar torneos de futbol en la quinta Los Abrojos del ex presidente Macri, con peritajes sobre la totalidad de los tramos de ruta que no se hicieron, con la negativa a comparar esas obras y esos precios con los de otros contratistas, con la negativa ante el pedido de una auditoria general sobre las obras públicas cuestionadas, entre tantas otras violaciones a las garantías constitucionales.
Si de Cristina hablamos, no puede omitirse la dimensión de género. Porque sobre ella se ejerció una violencia que excede largamente el debate político. Se trata, también, de un mensaje disciplinador dirigido hacia todas las mujeres que se atrevan a disputar poder real. “Nos quieren muertas o presas”, hemos manifestado en innumerables movilizaciones feministas y populares. La frase duele porque condensa una experiencia histórica, y dialoga, en otra escala, con aquel viejo mandato patriarcal que repetía que “calladita te ves más bonita”. Porque cuando una mujer habla demasiado fuerte, cuando conduce, cuando desafía intereses concentrados, cuando no pide permiso ni perdón por ejercer liderazgo, las sanciones buscan ser ejemplificadoras.
Y hay otro aspecto que tampoco puede pasarse por alto: las condiciones de detención, desproporcionadas e injustificadas, impuestas a Cristina, mucho más severas y restrictivas que las otorgadas a personas condenadas por delitos de narcotráfico o represores juzgados por crímenes de lesa humanidad. Cuando la excepcionalidad se convierte en regla para una persona determinada, la sospecha de arbitrariedad deja de ser una exageración y se transforma en una preocupación democrática.
Sin embargo, pese a todos los intentos por aislarla y desaparecerla políticamente, no hubo un solo día de este año de esta condena ridícula e infame en que Cristina haya estado sola. En la puerta de San José 1111 hubo siempre una flor, una bandera, una carta, una canción, un abrazo colectivo. Hubo agradecimiento. Hubo reconocimiento. Hubo memoria. Ese vínculo entre la dirigente y el pueblo argentino no pudo ser erosionado ni por las tapas de diarios ni por las horas interminables de televisión dedicadas a condenarla y deshumanizarla. Y es que el Pueblo no olvida a quien no lo traiciona.
Tal vez eso sea lo que más odio les provoca.
Cristina nunca fue una dirigente cómoda para el poder económico. Ampliar derechos, recuperar el rol del Estado, confrontar con corporaciones, impulsar políticas de inclusión y nombrar aquello que otros preferían callar tuvo costos. La historia argentina está llena de ejemplos de cómo reaccionan los privilegiados cuando se sienten amenazados.
Por eso cobran tanta fuerza sus propias palabras: “Hay momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, estar adentro, por ahí, cuando estás en la política, es un certificado de dignidad personal y política”.
A un año de este hecho que marcó la vida de la sociedad argentina, resuena con fuerza una pregunta: ¿qué democracia es posible cuando la principal figura opositora es apartada arbitrariamente de la competencia política?, en la figura de Cristina Fernández de Kirchner deberíamos reflexionar sobre qué tipo de democracia queremos construir. Si queremos una democracia donde las diferencias se resuelvan en las urnas y no mediante proscripciones, y donde el odio no encuentre legitimidad institucional.
Se puede intentar proscribir una candidatura. Se puede intentar encerrar un cuerpo. Lo que resulta mucho más difícil es encarcelar una idea, desterrar un lazo de amor o borrar una memoria colectiva construida durante décadas.
Y quizás allí radique la verdadera razón de tanto ensañamiento.
Porque cuando el poder decide quién debe callar, todo preso es político. Pero queda demostrado que hay memorias que no se borran, convicciones que no se encarcelan y amores que no se disciplinan.
Luciana Isabela Quetglas