El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro hizo lugar a una medida cautelar presentada por vecinos de La Bota, en Benavídez, y ordenó la suspensión inmediata del emprendimiento inmobiliario que buscaba levantar torres en un barrio residencial de baja densidad. La decisión judicial representa un respaldo al reclamo vecinal que advertía sobre el impacto ambiental y urbano del proyecto.
La resolución subrayó la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental y la falta de participación ciudadana, dos instancias que el Municipio de Tigre omitió al otorgar la autorización. En el predio ya se habían registrado talas de árboles de más de 60 años, configurando un daño ambiental irreversible.
Vecinos de la zona señalaron que el proyecto hubiera significado más de 800 autos circulando en calles sin veredas, llevando al colapso a un barrio que todavía conserva su identidad natural, con arroyos, árboles centenarios y fauna autóctona.
Frente a esta situación, Sebastián Rovira acompañó el reclamo de los vecinos y celebró el freno judicial como una victoria ciudadana: “Hoy frenamos una torre, pero necesitamos un Municipio que piense en la gente y proteja lo que hace único a Tigre. Porque una vez que se pierde esto, no hay vuelta atrás.”
Rovira remarcó que lo ocurrido en La Bota no es un hecho aislado y advirtió que la misma lógica de habilitaciones sin planificación ni estudios serios se repite en Tigre centro, Pacheco, Rincón y otras localidades del distrito.