El planteo presentado por Maximiliano Picco para ocupar una banca en el Concejo Deliberante de Tigre reavivó la discusión sobre los mecanismos de reemplazo, en un contexto donde la normativa vigente establece que las vacantes se cubren por corrimiento de lista y no por paridad de género.
El dirigente solicitó la “inmediata subsanación del procedimiento de cobertura de la vacante” tras la asunción de la concejal Milagros Rodríguez, quien ocupó el lugar dejado por el fallecimiento de Mariano Pelayo.
En su presentación, Picco sostiene que debe aplicarse el criterio de paridad y “mandato de posición”, argumentando que, al tratarse de un concejal varón, el reemplazo debería recaer en un suplente del mismo género.
Sin embargo, la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58) es clara al respecto: las vacantes deben cubrirse de manera automática siguiendo el orden de la lista de candidatos, sin introducir condiciones adicionales.
Este criterio, además, fue el que históricamente se aplicó en el ámbito municipal, donde el reemplazo de concejales responde al corrimiento lineal de la nómina oficializada.
El planteo de Picco, en ese sentido, no solo cuestiona una designación puntual, sino que introduce una interpretación distinta a la práctica consolidada en los concejos deliberantes.
El reclamo incluye también un pedido de acceso a actas, resoluciones y antecedentes de la sesión en la que se tomó juramento, y fija un plazo de 72 horas para una respuesta, con la posibilidad de avanzar por la vía judicial.
El caso, además, tiene antecedentes en Tigre. En 2020, una disputa por la cobertura de una banca derivó en una sesión marcada por fuertes tensiones, con presencia de militantes dentro del recinto e incluso ingresos irregulares que obligaron a suspender el tratamiento.
En aquel momento, también se discutía el criterio de reemplazo, pero la resolución se alineó con el corrimiento de lista, sin aplicación de paridad en la cobertura de vacantes.
Ese antecedente refuerza la interpretación dominante en el ámbito municipal, donde la regla de corrimiento ha prevalecido frente a otras lecturas.
En este contexto, el planteo de Picco no solo abre un frente legal, sino que vuelve a tensionar una discusión que en Tigre ya tuvo derivaciones institucionales complejas.
La eventual judicialización del caso podría volver a poner en debate un esquema que, hasta ahora, ha tenido una aplicación clara en el funcionamiento de los cuerpos legislativos locales.
