Un fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de San Isidro ordenó frenar la aprobación de nuevos desarrollos inmobiliarios en altura hasta que el Municipio cuente con una normativa actualizada de crecimiento urbano, en un contexto marcado por las denuncias del concejal electo Sebastián Rovira sobre el colapso de servicios y la falta de planificación.
La resolución judicial fue dictada en el marco del amparo ambiental presentado por la organización Compromiso Urbano y establece que no podrán otorgarse nuevas viabilidades urbanísticas ni permisos de obra para construcciones que superen los 9 metros o dos pisos, hasta que se apruebe una nueva regulación de alturas y perfiles urbanos o por un plazo máximo de seis meses. La medida no alcanza a obras ya autorizadas o en ejecución.
El fallo sostiene que el Código de Zonificación vigente, con casi tres décadas de antigüedad, no refleja las necesidades actuales del distrito y requiere una revisión integral. También señala que el propio Municipio había elaborado y enviado al Concejo Deliberante un proyecto de actualización normativa, lo que permitió acreditar la necesidad de una regulación renovada.
La decisión coincide con el proceso político que instaló en la agenda pública el concejal electo Sebastián Rovira, referente de Fuerza Patria, quien en los últimos meses expuso expedientes, cuestionó irregularidades administrativas y reunió a vecinos y especialistas para debatir el avance de los emprendimientos en altura y la ausencia de planificación urbana. Su intervención contribuyó a visibilizar un reclamo ciudadano que venía creciendo en distintos barrios del distrito.
Según la presentación de la ONG, el Municipio estaba próximo a aprobar más de un centenar de nuevos proyectos sin contar con estudios actualizados sobre su impacto urbano, ambiental y social. En ese contexto, vecinos y urbanistas advirtieron sobre la saturación del tránsito, la presión sobre redes de cloacas y servicios, y la pérdida de identidad barrial.
Al conocerse la resolución, Rovira expresó: “En Tigre no estamos en contra del crecimiento. Queremos una ciudad que se desarrolle, genere empleo y mejore la calidad de vida. Pero si ese crecimiento hace que colapsen los servicios, que el tránsito sea intransitable o que los jóvenes no puedan alquilar, entonces no es desarrollo: es negocio para unos pocos”.
También afirmó: “Este fallo es un primer paso importante. Ahora necesitamos un nuevo Código Urbano con reglas claras, participación y planificación real para el futuro de Tigre”.
La medida judicial marca un límite institucional al proceso de habilitaciones impulsado por la gestión local y abre una nueva etapa en la discusión legislativa sobre las reglas de crecimiento de la ciudad, mientras el Concejo Deliberante avanza en el tratamiento de una normativa urbana actualizada.
