La medida cautelar que suspendió nuevas viabilidades y permisos de obra para edificaciones en altura en Tigre reactivó un debate que, según el bloque de La Libertad Avanza, ya estaba planteado desde junio en el Concejo Deliberante, cuando presentaron un proyecto para declarar la emergencia urbanística que aún no fue tratado.
La resolución del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro advierte sobre un crecimiento edilicio acelerado, sin estudios integrales de impacto ambiental, movilidad e infraestructura, en el marco de un Código de Zonificación de casi treinta años. El fallo también señala que el propio municipio reconoció la necesidad de revisar alturas máximas, actualizar criterios urbanísticos y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.
Desde el bloque de La Libertad Avanza, que integran los concejales Juan José Cervetto y Diego Avancini, afirman que estos elementos coinciden con los fundamentos del proyecto presentado el 30 de junio, donde propusieron declarar la emergencia urbanística y suspender temporalmente nuevas autorizaciones para obras medianas y grandes mientras se avanzaba en una actualización integral del Código.
Según explican, la propuesta se elaboró a partir de reuniones con vecinos de La Bota, General Pacheco y Rincón de Milberg, quienes vienen planteando preocupaciones vinculadas al tránsito, la presión sobre los servicios públicos y la saturación edilicia. Ese trabajo territorial —señalan— permitió construir un diagnóstico técnico y social que dio origen al proyecto.
El bloque sostiene que la iniciativa continúa en comisión y no recibió acompañamiento político, incluso de sectores que en los últimos días manifestaron inquietud por el crecimiento constructivo y destacaron la medida judicial.
También marcan diferencias entre su propuesta, el Decreto 935/2025 del Ejecutivo municipal y la cautelar. Mientras la resolución y el decreto actúan de manera reactiva ante la situación actual, desde LLA plantean que su proyecto ofrecía un marco jurídico integral, con previsibilidad para vecinos y desarrolladores. Además, mencionan que el decreto mantuvo excepciones para obras previamente aprobadas, algunas de ellas cuestionadas por sectores vecinales.
En este contexto, Cervetto sostiene que “el urbanismo no puede resolverse con medidas coyunturales ni con herramientas de urgencia”, y remarca que el ordenamiento territorial requiere planificación técnica, reglas claras y participación ciudadana. Desde el bloque consideran que la discusión legislativa sigue siendo un punto pendiente y que el proyecto presentado en junio anticipó la necesidad de trabajar sobre criterios estables para ordenar el crecimiento urbano.