El Arroyo El Claro, que recorre cinco municipios del GBA y ahora se asemeja al Delta. Ambientalistas y vecinos dicen que es porque las fábricas dejaron de tirar desechos.
Con el transcurrir de la cuarentena, los vecinos del GBA que viven alrededor del arroyo El Claro notaron que se ve diferente: sus aguas no están turbias, con charcos de aceite ni olor nauseabundo. Incluso, cuentan, volvieron los peces.
Para vecinos y ambientalistas se debe a que las industrias cesaron sus actividades por el aislamiento que combate el contagio del coronavirus, y así dejaron de verter sus efluentes químicos y desechos sobre el cauce que cruza los distritos de José C. Paz, Malvinas Argentinas, Tigre, Pilar y Escobar.
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado”, dice un fragmento del artículo 41 de la Constitución Nacional. Con esta premisa, el 7 de diciembre del 2018, Hernán Asensio, Eduardo Mur y Sergio Stanislavsky —miembros del Instituto de Derecho Ambiental y Sustentabilidad del Colegio de Abogados de San Isidro— iniciaron una denuncia penal en el Juzgado de Garantías N°5 de San Isidro.
Su objetivo, dicen, era atribuir responsabilidades y empezar a sanear el arroyo.
“Estamos esperando que nos autoricen realizar nuevas muestras de agua para compararlas con las que tomamos antes de la pandemia, donde verificamos la presencia de metales pesados. Así demostraremos científicamente que la enfermedad del río se debe a la contaminación industrial”, explicó Asensio, de la ONG Hogar Todos Juntos, querellante en la presentación judicial.
Actualmente la causa está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal N°1 de San Isidro.
Mientras aguardan su autorización para realizar el análisis en pleno aislamiento, los abogados reciben reportes diarios de las guarderías náuticas. Así se mantienen alertas al estado del arroyo, que en sus 4.000 hectáreas atraviesa áreas residenciales, industriales y rurales de la zona Norte del Conurbano.
A simple vista se observa una menor presencia de desechos urbanos (botellas y bolsas) porque la población está en sus casas, pero hay otros cambios: ya no hay espuma y sobrenadantes (como aceite, grasa e hidrocarburos) ni tampoco el olor a “huevo podrido” que, dicen vecinos, irritaba los ojos.
“El agua no está verde y oscura; se ve amarronada como el Delta del Paraná. Así debería estar. Claramente la inactividad industrial ha tenido incidencia”, concuerdan los ambientalistas.
Al comienzo de la causa se les encargó a la OPDS (Órgano de Desarrollo Sostenible de la Provincia), el ADA (Autoridad del Agua de la Provincia), la Comirec (Comité de Cuenca del Río Reconquista) y a las Municipalidades involucradas que presentaran documentación: nómina de empresas que vuelcan sus efluentes y actas de inspección.
“La Comuna de Tigre respondió que no tenía información, la OPDS nunca contestó y el ADA tomó cinco muestras pequeñas como si se tratara de contaminación domiciliaria. Entonces seguimos por nuestra cuenta”, detalló Asensio, quien aclaró que la jueza Arroyo Salgado reiteró el pedido a las entidades.
En octubre del año pasado, los denunciantes realizaron la primera caracterización del curso inferior de El Claro: entre la Ruta 9 y la desembocadura del Río Luján.
“El agua no está verde y oscura; se ve amarronada como el Delta del Paraná. Así debería estar siempre” Hernán Asensio – AMBIENTALISTA Y ABOGADO
“Los resultados fueron preocupantes”, recordaron. En las seis muestras encontraron altas concentraciones de químicos, como cadmio, plomo, cromo, mercurio, arsénico y sulfuro. Por la escasa pendiente y baja corriente, estas sustancias quedan sedimentados en el lecho.
“Los parámetros identificados están vinculados no solo al impacto sobre el entorno si no, principalmente, a la salud humana”, dice el documento que se presentó a la Justicia. Habitantes de las islas del Delta y barrios linderos consumen estas aguas.
Fuente: Clarin
