Mediante un Decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno inició la renegociación por las tarifas.
El Gobierno oficializó hoy el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural por red que estén bajo jurisdicción federal.
El Gobierno avanzará con las negociaciones en el marco de lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.
Así lo estableció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1020/2020 que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del pleno del gabinete nacional.
Este jueves se estableció que el plazo de la renegociación no podrá exceder los dos años desde la fecha de entrada en vigencia del DNU, debiendo suspenderse hasta entonces los acuerdos correspondientes a las respectivas Revisiones Tarifarias Integrales vigentes con los alcances que en cada caso determinen los Entes Reguladores, atento existir razones de interés público.
El proceso de renegociación culminará con la suscripción de un Acta Acuerdo Definitiva sobre la Revisión Tarifaria Integral, la cual abrirá un nuevo período tarifario según los marcos regulatorios, dice el DNU.
El Gobierno encomendó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) la realización del proceso de renegociación de las respectivas revisiones tarifarias.
El DNU aclara que dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados. Los acuerdos definitivos o transitorios de renegociación deberán formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias y los titulares del Enargas y del Enre, así como del ministro de Economía, Martín Guzmán, quienes los suscribirán “ad referendum” del Poder Ejecutivo.
El Gobierno consideró para iniciar este proceso que la declaración de emergencia pública en materia energética y tarifaria que ha realizado el Congreso denota la gravedad de la situación planteada, en tanto “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, razonables y asequibles en los términos de lo establecido por las leyes 24.065 y 24.076”.
En caso de no ser factible arribar a un acuerdo, los Entes Reguladores deberán dictar, “ad referéndum” del Poder Ejecutivo, el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos de distribución y transporte de energía eléctrica y gas natural que se encuentren bajo jurisdicción federal siguiendo el procedimiento establecido para la celebración de acuerdos, en lo que resulte pertinente.
