Por Jorge Arias*
La derrota electoral de Donald Trump interpela a la Argentina: ¿qué ocurre cuando la promesa de prosperidad exige abandonar los principios que hacen posible vivir juntos?
La derrota del líder republicano en las elecciones de medio término excede los resultados partidarios. La recuperación demócrata de ambas cámaras del Congreso limita su poder y cuestiona a una corriente internacional que convirtió el desprecio por lo común en una supuesta fórmula de liberación.
No corresponde adjudicar a millones de votantes una intención idéntica. Hubo decisiones motivadas por el bolsillo, la guerra, la inmigración o las instituciones. Pero detrás de cada una de esas razones aparece una pregunta: ¿qué estamos dispuestos a aceptar como sociedad para conseguir lo que nos prometen?
“Es la economía, estúpido” recordaba que las personas necesitan trabajo, ingresos y previsibilidad. El problema comienza cuando esa frase separa la economía de los valores. Toda política económica distribuye oportunidades, cargas y riesgos: expresa qué vidas considera prioritarias y qué sacrificios juzga tolerables.
La inflación, el costo de los combustibles y el rechazo a la guerra con Irán también contienen juicios sobre responsabilidad y confianza. Quien exige explicaciones por una guerra que encarece su vida pregunta quién decidió y quién paga. Aquel que reclama estabilidad quiere organizar su futuro.
Las nuevas derechas avanzaron sobre frustraciones anteriores. Parte del progresismo perdió contacto con sectores a los que decía representar. Hubo discursos atentos a las diferencias culturales y poco capaces de ofrecer empleo, vivienda o educación de calidad. La inclusión podía tener un vocabulario impecable mientras barrios enteros veían deteriorarse sus condiciones de vida.
La etiqueta «woke» reúne experiencias diferentes. La defensa de minorías amplió derechos y corrigió injusticias. También hubo expresiones encerradas en disputas de lenguaje y superioridades morales que negaban la escucha de otros problemas reales y duros. Cuando la política parece más interesada en examinar cómo habla alguien que en comprender cómo vive, rompe su vínculo con esa persona.
Eso no demuestra que los programas para minorías hayan causado el abandono de los trabajadores. Sí señala una falla: presentar avances particulares sin construir progreso compartido. Los derechos necesitan convivir con trabajo, servicios y movilidad social. Cuando esa conexión desaparece, crece la sensación de que algunos son escuchados y otros apenas administrados.
Sobre esa herida operó una oferta poderosa: el problema era el Estado entero, todo impuesto era un robo y cualquier regulación impedía prosperar. La frustración encontró un relato sencillo y adversarios identificables. Para quienes ya no esperaban nada de las instituciones, la promesa de vivir mejor sin ellas podía resultar convincente.
Despreciar a esos votantes sería otro error. Muchos buscaban seguridad, dignidad o castigar gobiernos incapaces y corruptos. Comprender su decisión exige respetar esa experiencia. La crítica corresponde a quienes utilizaron el malestar para ofrecer una libertad que beneficiaba mucho más a los poderosos que a quienes necesitaban oportunidades.
La contribución social pasó a presentarse como castigo al éxito. Se borraron diferencias entre esfuerzo, innovación, renta y privilegio. Discutir cuánto debía aportar cada uno empezó a considerarse una ofensa contra la propiedad. Pero ninguna fortuna existe fuera de una sociedad: necesita trabajadores formados, infraestructura, justicia, conocimientos acumulados y consumidores con ingresos.
Reconocerlo permite exigir impuestos razonables y gasto eficaz, rechazar tributos arbitrarios y cuestionar estructuras inútiles. Contribuir y exigir resultados forman parte del mismo acuerdo. La contradicción aparece cuando quienes denuncian al Estado conservan o incrementan sus contratos y ganancias. El examen democrático debe preguntar qué intervención desaparece, cuál permanece y a quién beneficia.
La riqueza tampoco constituye una credencial suficiente para gobernar. Saber conducir una empresa no garantiza comprender una comunidad ni representar sus intereses. La responsabilidad pública exige atender a quienes no tienen poder de negociación, aceptar controles y justificar decisiones. El éxito puede aportar experiencia; nunca reemplaza la obligación de responder por el bienestar de los demás.
Elon Musk y Peter Tiel, son hoy un símbolo de otra dimensión del problema: la combinación de riqueza, financiamiento político y control de plataformas de comunicación. Quien puede financiar mensajes e influir sobre los espacios donde circulan, concentra un poder que exige escrutinio. Las personas conservan su criterio, pero su atención se organiza en entornos que no controlan.
Si esos entornos premian la indignación y la descalificación, resulta más difícil contrastar información, comprender alternativas y revisar decisiones. Se debilita nuestra autonomía. La tecnología puede ampliar el conocimiento o facilitar dependencias. Sus consecuencias dependen de decisiones empresariales, políticas y educativas que también expresan valores y responsabilidades.
Las políticas migratorias muestran esa relación entre intereses y principios. Regular el ingreso y la residencia requiere respetar garantías y dignidad. Cuando la expulsión se convierte en espectáculo y el inmigrante trabajador en amenaza colectiva, se daña la convivencia. El poder se ensaña mostrando que la vulnerabilidad puede utilizarse como oportunidad de escarmiento.
Con la guerra sucede algo semejante: detrás del combustible más caro hay decisiones sobre vidas, riesgos y prioridades. Ningún gobierno debería pedir confianza ilimitada mientras traslada esos costos a familias que apenas pueden absorberlos. Allí comienza la rendición de cuentas: en la distancia entre las promesas y sus consecuencias.
La derrota de Trump no demuestra una conversión moral del electorado. Puede interpretarse como un límite a determinadas prácticas y resultados. Los valores recuperan visibilidad cuando la arbitrariedad amenaza la propia seguridad, la libertad de un vecino o el derecho a disentir. Entonces comprendemos para qué estaban las reglas.
La derrota del magnate norteamericano revela el cuestionamiento a la expansión de los liderazgos autoritarios. Una victoria habilita un gobierno; no clausura su evaluación ciudadana. Quienes construyeron su identidad alrededor de Trump deberán distinguir sus problemas nacionales de la suerte de su referente. Las sociedades seguirán necesitando instituciones capaces de corregir políticas y procesar desacuerdos.
Desde la ventana de observación que nos abren los exagerados abrazos físicos y económicos entre Milei y Trump, nuestra Argentina debe leer esta elección desde sus dificultades. Necesitamos orden fiscal, estabilidad y una administración eficaz. La inflación, la corrupción y los servicios deficientes dañaron la confianza pública. Pero convertir la crítica al mal funcionamiento en desprecio por toda responsabilidad estatal deja sin respuesta la construcción de oportunidades para quienes no pueden comprarlas.
Milei debe explicar cómo sus decisiones amplían las posibilidades de una vida autónoma, además de ordenar cuentas. La oposición debe proponer capacidades estatales financiables y evaluables. La cercanía con Trump no reemplaza una estrategia de desarrollo; su derrota tampoco entrega a sus adversarios un programa ni legitimidad automática.
La estabilidad debe permitir que una familia planifique, una empresa invierta y un joven imagine su futuro. La solidaridad exige administración competente: desperdiciar recursos destinados a los vulnerables traiciona su fundamento. Recuperar confianza demanda escuchar a quienes celebraron el retiro estatal porque sólo conocieron su arbitrariedad, y mostrarles otras formas de organizar lo público.
El desafío incluye reconstruir una idea de pertenencia. Trabajadores, empresarios productivos, docentes y organizaciones comunitarias necesitan reconocerse en un horizonte compartido. Defender derechos particulares debe fortalecer ese horizonte, evitando que las diferencias se conviertan en trincheras. Una democracia pierde sustento cuando ofrece reconocimiento sin oportunidades o prosperidad a cambio de aceptar la humillación del vecino. Ninguna de esas promesas alcanza ni sirve.
“Son los valores, idiotas(1)” interpela a dirigentes que creyeron poder separar prosperidad y dignidad, éxito y responsabilidad, libertad y respeto. La elección estadounidense vuelve urgente esa discusión. Para la Argentina, ofrece una oportunidad de pensar qué cambios necesitamos y qué principios deben orientarlos. La calidad de una sociedad también depende de lo que acepta que les suceda a sus compatriotas mientras alcanzamos nuestros objetivos personales.
*Jorge Arias – consultor político, es Presidente de la Fundación Desarrollo Democrático y autor del libro “El Homo IA y la Nueva Desigualdad Cognitiva”
[1] En términos democráticos, los antiguos griegos llamaban idiota (del griego idiōtēs) al ciudadano que se desentendía de los asuntos públicos y se enfocaba exclusivamente en su vida privada.