En un clima social tenso, el Honorable Concejo Deliberante de San Martín fue escenario de un debate crucial para el futuro de la comunidad. El concejal Santiago Echevarrieta, de la CCARI, expuso su firme postura sobre tres temas fundamentales: el rechazo al veto presidencial sobre el financiamiento universitario, la declaración de emergencia tarifaria en el municipio, y su oposición al traslado de la escuela universitaria técnica Siemens a San Miguel.
Durante su intervención en un auditorio de la UNSAM, Echevarrieta criticó el decreto presidencial que vetó el Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, aprobado por una amplia mayoría en el Congreso. Si bien reconoció que los recortes a la educación no son nuevos, apuntó a la falta de coherencia y la manipulación política de ciertos sectores, enfatizando: “No hay que ser selectivos a la hora de quejarse ni utilizar como bandera política esta lucha tan sensible”.
El concejal también cuestionó los recortes presupuestarios realizados por gobiernos anteriores, resaltando que estos ajustes han impactado severamente en las universidades sin que se escucharan las voces de protesta que ahora parecen alzarse en defensa de la educación pública. Además, denunció la intención del presidente Javier Milei de destinar 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia, mientras se recortan fondos en áreas esenciales como la educación: “Es inaceptable que mientras se exigen sacrificios a las universidades, el presidente intente destinar una suma exorbitante a la SIDE”.
Emergencia tarifaria en San Martín
En otro tramo de la sesión, Echevarrieta hizo un llamado urgente a declarar la emergencia tarifaria en San Martín, argumentando que los incrementos en los servicios públicos están asfixiando a las familias y pequeños comercios del distrito. Explicó que muchos ciudadanos se ven forzados a recurrir a préstamos o tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos, lo que genera una situación insostenible. “Esto genera una rueda de desempleo y desindustrialización que debemos frenar”, advirtió.
El edil también criticó al intendente Fernando Moreira, quien, mediante un decreto, avaló el “impuestazo” tarifario de EDENOR S.A., advirtiendo que la normativa es completamente coercitiva al obligar a los consumidores a abonar los aumentos en tiempo y forma, bajo amenaza de multas. Echevarrieta recordó que desde septiembre los vecinos están pagando un 30% más en sus boletas de servicios, sin que esto se traduzca en una mejora en la calidad del servicio.
“No podemos permitir que los impuestos sigan asfixiando a los más vulnerables”, concluyó, dejando claro que los aumentos tarifarios requieren una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades locales.