El Municipio frenó el sistema de fotomultas vigente desde 2020 luego de identificar presuntas irregularidades en convenios firmados por la gestión anterior con la UNSAM y la UNSO. Se investiga si hubo tercerización indebida de funciones a empresas privadas.
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, firmó un decreto que suspende por 180 días la ejecución del sistema de fotomultas en el distrito. La medida responde a la detección de posibles inconsistencias en la implementación de convenios celebrados con universidades públicas durante los años 2020 y 2022, específicamente con la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO).
Fuentes del municipio señalaron que en el análisis de los expedientes se identificaron indicios de que funciones y responsabilidades vinculadas a la fiscalización y gestión del sistema podrían haber sido derivadas a empresas privadas, lo cual no solo despertó dudas sobre la legalidad del esquema, sino también sobre los fines últimos de su implementación.
Durante el período de suspensión, que rige desde el 23 de abril, el municipio intimó formalmente a ambas universidades a responder, en un plazo de 15 días, una serie de requerimientos administrativos destinados a esclarecer el alcance de sus intervenciones, el rol de terceros y la trazabilidad de los procesos.
La decisión no implicará una baja en los controles de tránsito: el municipio puso en marcha un operativo de refuerzo a cargo del cuerpo local de agentes de tránsito. Se incorporaron 50 nuevos agentes, y los operativos se realizarán de manera fija y rotativa en puntos estratégicos, como las avenidas Márquez, Rolón, Sarratea, Fleming, Fondo de la Legua, Santa Fe/Centenario y Del Libertador.
En el entorno del Ejecutivo local consideran que el sistema de fotomultas no estaba siendo utilizado como una herramienta de prevención de accidentes, sino que operaba con fines recaudatorios bajo estructuras poco transparentes, con escasa supervisión estatal. El objetivo de la actual gestión es redefinir el sistema para que, en caso de volver a implementarse, cumpla con criterios de legalidad, eficacia y control público.
