Julieta Smulevic, consejera escolar de Unión por la Patria, afirmó que la medida del intendente Ramón Lanús de suspender las fotomultas “es una maniobra para desviar la atención del vaciamiento educativo” y la falta de inversión en la Universidad Nacional Scalabrini Ortíz (UNSO) y las escuelas públicas.
Smulevic sostuvo que, “mientras esquiva hacer la denuncia contra la gestión anterior y arma una escena mediática, Lanús evita hablar de lo importante: el abandono de la única universidad pública del distrito y la falta de inversión en la educación pública”. Según la consejera, desde que asumió Lanús no se presentó “ninguna propuesta de mejora ni expansión para la UNSO”, lo que demostraría “una intención de desfinanciar progresivamente la institución”.
En 2024, San Isidro recibió cerca de $2.000 millones del Fondo Educativo y $1.400 millones del subsidio de la DIEGEP, pero “lo único que sabemos con certeza es que no se usaron para mejorar las condiciones edilicias de las escuelas públicas”, denunció Smulevic.
La consejera advirtió que más de 100 edificios escolares presentan graves problemas de infraestructura, lo que afecta a miles de estudiantes, docentes y personal no docente.
En la misma línea, los concejales del Frente Renovador Federico Meca y Estefanía Rivadulla exigieron al Ejecutivo municipal que, si existen pruebas de irregularidades en el sistema de fotomultas, “haga la denuncia pertinente contra la gestión anterior”.
Para Smulevic, la suspensión de las fotomultas no solo oculta el verdadero problema educativo, sino que también refleja un conflicto interno: “Ni a Ramón Lanús ni a Gustavo Posse les importa la educación pública, ambas gestiones profundizaron la brecha entre la educación privada y la pública, sin inversión ni transparencia. La excusa de la fotomulta esconde una interna entre ellos y la finalidad es ocultar que, en realidad, son socios”.
