La consejera escolar de Unión por la Patria, Julieta Smulevic, advirtió sobre el intento del gobierno municipal de abrir una calle en el predio donde funciona la Escuela Secundaria Especializada en Arte N°1, lo que afectaría gravemente su infraestructura.
La consejera escolar de Unión por la Patria (UP) Julieta Smulevic denunció que existen intereses particulares por parte del intendente Ramón Lanús y funcionarios de la Municipalidad de San Isidro sobre el terreno donde funciona la Escuela Secundaria Especializada en Arte N°1 (ex Polivalente de Arte de Martínez).
“Pretenden abrir la calle Juncal, una decisión que perjudicaría enormemente a la escuela. Esta iniciativa parte de una entidad recientemente creada, impulsada por un funcionario municipal que además es dueño de una inmobiliaria”, advirtió Smulevic.
Según consta en el expediente IF-2025-00049037-SI-SECPDU, el Consejo Escolar recibió un pedido de la Secretaría de Planeamiento Urbano solicitando documentación sobre el predio escolar, en el marco de un proyecto para abrir la calle Juncal entre Talcahuano y Avenida Fleming. La solicitud proviene de la Cámara de Fomento Impulsar Martínez, entidad creada en octubre de 2024, cuyo referente es Juan Lancelotti, actual director de Movilidad Urbana de San Isidro y socio gerente de Guerrero Propiedades, una inmobiliaria con sede en Martínez.
“La presidenta del Consejo Escolar frenó la adjudicación de obras de mejora, financiadas y listas para ser ejecutadas, solo por este pedido de informe. No hay contundencia cuando lo que está en juego es la posible destrucción de una escuela”, señaló Smulevic.
Un informe de la Dirección Provincial de Infraestructura advierte que la apertura de la calle implicaría la demolición del patio, el aula de Escultura, el comedor, la cocina, la preceptoría y otras áreas esenciales de la institución.
La Escuela de Arte de Martínez es única en la región con especialización en cuatro lenguajes artísticos y alberga a más de 500 alumnos en jornada doble. Funciona en ese predio desde hace más de 35 años.
“El derecho a la educación es superior a cualquier negocio inmobiliario. No podemos permitir que intereses privados avancen sobre una institución pública que es patrimonio de toda la comunidad”, concluyó la consejera.
