Por Luciana Isabela Quetglas
La Argentina vuelve a discutir una reforma laboral. Esta vez, en nombre de la “modernización”, la “competitividad” y la “libertad de mercado”. Sin embargo, detrás de esos significantes seductores se despliega un proyecto que, lejos de ampliar derechos, propone su contracción: reducción de indemnizaciones, flexibilización de las condiciones de contratación, debilitamiento de la negociación colectiva y traslado del riesgo empresario hacia el trabajador.
La pregunta no es solo económica ni jurídica. Es, ante todo, sociológica: ¿cómo es posible que, frente a una reforma que amenaza con erosionar conquistas históricas, amplios sectores del cuerpo social que se verán afectados permanezcan paralizados?
Desde fines del siglo XIX, el movimiento obrero argentino conquistó derechos que luego quedaron consagrados en la Constitución Nacional y en el artículo 14 bis: protección contra el despido arbitrario, condiciones dignas y equitativas de labor, organización sindical libre y democrática. Esas conquistas no fueron simples concesiones, sino el resultado de luchas colectivas que comprendieron que el trabajo no es una mercancía más, sino el eje organizador de la vida social.
La reforma invierte esa lógica. Bajo el discurso de la eficiencia, impulsa una flexibilización que, en los hechos, desprotege. No se “moderniza” el mercado laboral: se redistribuye poder en favor del capital. El trabajador deja de ser sujeto de derecho para convertirse en variable de ajuste. Los peligros no son coyunturales, sino estructurales. La pérdida de derechos individuales —recorte y cuotificación de la indemnización, debilitamiento de la protección contra el despido arbitrario, afectación de horas extras, fragmentación de vacaciones, jornadas sin límites claros— se combina con la erosión de derechos colectivos —negociación paritaria, fuerza sindical, convenios sectoriales—, entendiendo al sindicalismo no como un actor sectorial más, sino como un contrapeso histórico frente al poder económico concentrado. El actual relato busca construir un falso dilema entre derechos y empleo, como si la historia argentina no mostrara que los períodos de mayor crecimiento coincidieron con la ampliación de derechos laborales y el fortalecimiento del mercado interno.
En los borradores difundidos públicamente aparece un artículo que ha encendido alarmas y condensa con crudeza la filosofía del proyecto: la posibilidad de afectar el salario cuando el trabajador se licencia por un accidente ocurrido fuera del horario laboral, por una intervención quirúrgica o por una enfermedad severa, degenerativa o irrecuperable. ¡No es un error, es un cambio de paradigma! Introduce la idea de que el salario ya no es una contraprestación estable por la disponibilidad del trabajador, sino una remuneración condicionada a su capacidad ininterrumpida de producir.
El mensaje implícito es brutal: el trabajador no tendría derecho a enfermarse, a accidentarse en su vida privada, a someterse a una cirugía necesaria, a tener una existencia que exceda la jornada laboral. La vida —en su dimensión biológica, afectiva y social— deja de reconocerse como un derecho para convertirse en un obstáculo productivo.
Desde una perspectiva histórica, esto representa un retroceso civilizatorio. El derecho laboral nació para equilibrar la desigualdad estructural entre empleador y empleado. Reconocer licencias pagas por enfermedad o accidente no fue un gesto de generosidad empresaria, sino la afirmación de un principio: el trabajo no puede absorber la totalidad de la vida. Si hoy se admite que el salario pueda reducirse porque el trabajador enfermó fuera del horario laboral, lo que se afirma es que la vida privada también queda subordinada al interés económico empresarial.
La metáfora puede incomodar, pero es pertinente: cuando el ingreso depende de no enfermarse, de no sufrir imprevistos, de no apartarse un instante del circuito productivo, se está legalizando una forma contemporánea de servidumbre. No hay cadenas visibles, pero sí una dependencia económica tan extrema que obliga a organizar la existencia en función de las demandas laborales. Un sujeto cuya vida está completamente capturada por el trabajo es un sujeto sin margen para el goce, el descanso o el cuidado de sí. Y gozar no es algo permitido a quien vive bajo la amenaza permanente de perderlo todo.
En el debate público reciente, voces como las de Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger han adoptado un tono particularmente hostil hacia el mundo del trabajo, insinuando que el sistema laboral está atravesado por abusos, privilegios indebidos o conductas oportunistas por parte de los trabajadores. Desde una lectura crítica, podría pensarse que esa construcción discursiva roza la proyección: colocar sobre el trabajador la figura del abuso, del privilegio o incluso de la deshonestidad, mientras omiten revisar sus propias responsabilidades históricas en las crisis que han deteriorado el empleo y el salario.
Lo verdaderamente preocupante no es solo que desde el poder se señale con el dedo al trabajador; sino que muchos trabajadores acepten ese señalamiento sin indignación. Que toleren ser retratados como delincuentes, oportunistas o “mafias”, cuando lo único que hacen es vender su fuerza de trabajo en condiciones cada vez más precarias.
La falta de reacción frente a discursos estigmatizantes no es mera apatía; es el efecto de un clima social en el que la inseguridad económica disciplina y silencia. El temor a perder el empleo, a quedar fuera del sistema, a no poder sostener a la familia, opera como freno a cualquier gesto de rebeldía. Y así, el agravio se tolera. La sospecha se internaliza. La acusación se normaliza.
Ningún proyecto político puede sostenerse sin una base mínima de respeto hacia quienes trabajan. Cuando se instala la idea de que el trabajador es un problema a corregir y no un sujeto de derecho a proteger, lo que se deteriora no es solo el vínculo laboral: es el pacto democrático.
El peligro no es abstracto. La precarización no implica únicamente salarios más bajos o mayor inestabilidad; implica vidas fragmentadas, proyectos suspendidos, imposibilidad de planificar el futuro. Sin estabilidad laboral no hay crédito, no hay vivienda, no hay decisión de formar familia. La reforma no afecta solo al empleo: reconfigura la trama social.
Aceptar la precarización como destino implica aceptar una sociedad más desigual, más violenta y más fracturada. Implica consolidar un modelo en el que la incertidumbre permanente se convierte en forma de gobierno. Una sociedad atravesada por el miedo es una sociedad más dócil y corre el riesgo de aceptar como inevitable aquello que en otro momento histórico hubiera considerado intolerable.
El desafío es romper el estupor y recuperar la dimensión colectiva del problema. La historia argentina demuestra que los derechos laborales no fueron dádivas, sino conquistas. Y que cada retroceso tuvo consecuencias profundas en la cohesión social.
La discusión no puede reducirse a tecnicismos jurídicos ni a planillas de Excel. Es una discusión sobre qué sociedad queremos ser: una que garantice dignidad en el trabajo y protección en la vejez, o una donde la inseguridad discipline los cuerpos y silencie las voces.
La pasividad no es neutral: es el síntoma de un miedo que opera en silencio. La pregunta es si como sociedad elegimos permanecer en la anestesia o recuperar la capacidad de indignarnos y organizarnos frente a un proyecto que amenaza con convertir los derechos en privilegios y a vida, especialmente a la vejez, en miseria.
Lic. Luciana Isabela Quetglas
