Lo primero que tenemos que analizar al plantearnos la necesidad de una reforma de la justicia es, ¿Hablamos de justicia o del Poder Judicial?
Lo que solemos denominar “Justicia”, es una construcción ética sobre lo que consideramos imparcial, correcto, bueno y equitativo. La justicia es el Poder Judicial, administrado por hombres y mujeres, por sus deseos, sus miedos y sus aspiraciones personales.
Los jueces no son turistas empíricos de la sociedad, son parte de la misma, tienen en ellos la misma diversidad, males y prejuicios que cualquiera de nosotros. El mito de imparcialidad que sobre los jueces se construye, es una vieja entelequia de las facultades de derecho.
Los jueces son funcionarios públicos al servicio del Estado, y muchas veces son actores políticos, sus decisiones son ordenadoras del sistema de gobierno y de la vida de todos nosotros. Deben ser los guardianes de la Constitución y de nuestras libertades, sin embargo, no escapan a los problemas institucionales que tenemos en nuestra sociedad.
Un buen ejercicio para pensar la reforma, sería plantear: ¿Reformar el sistema o reformar a los jueces?
Partiendo de la base de que la estabilidad en el cargo (inamovilidad) de los magistrados es una garantía constitucional, y una sociedad democrática no puede tolerar ningún tipo de “adoctrinamiento” sobre funcionarios independientes, no podemos cambiar a los jueces, pero quizá podamos mejorar el ecosistema en donde trabajan: el Poder Judicial.
En ese punto, es necesario pensar una reforma que mejore el sistema, que lo transforme en un régimen sencillo, menos burocrático, accesible al ciudadano, rápido, eficaz, transparente y claro. Para ello se necesitan voluntades políticas, y un gran acuerdo parlamentario para reformar la administración de justicia. Los jueces deben aceptar las nuevas reglas del juego, así como también, deberán fiscalizar el desarrollo de estas mismas reglas, como árbitros imparciales que deben ser. Ese rol determina la extrema complejidad de su figura dentro de la República, son árbitros, pero también son parte en el juego de poder.
Partiendo de la diferencia entre Jueces y Justicia, diríamos también, ¿Qué Justicia? Argentina es una nación federal en los papeles y unitaria en la práctica, solemos poner toda la atención sobre los asuntos de la Justicia Penal Federal de CABA, cuando en realidad, además de lo que denominamos “Justicia Federal”, tenemos 23 sistemas de justicia ordinarios en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lo que denominamos “justicia ordinaria”, son los asuntos civiles y delitos comunes que no son abordados por el fuero federal. Lo que allí sucede, muchas veces no tiene cobertura nacional, y puedo asegurar, es muy necesario mejorar los sistemas de justicia de las provincias, cuestión que debe ser abordada por las legislaturas provinciales y la propia legislatura de la Ciudad Autónoma.
Cualquiera que se haya involucrado en un divorcio vincular, un proceso contencioso administrativo o juicio penal en provincia, sabe que el sistema tiene mucho por mejorar, y del mismo modo que anteriormente mencionamos, es necesario mejorar el sistema para que mejoren los jueces.
La discusión por la accesibilidad del sistema de justicia debe ser abordada también por la creación de nuevos cargos. El nombramiento de magistrados no es algo que debe tomarse a la ligera, mucho menos salir a nombrar jueces como si se abrieran vacantes, pero, en las condiciones actuales, es necesario contar con más jueces, en un sistema que contenga y responda los reclamos de los ciudadanos.
Tenemos tanto en el régimen federal, como en el ordinario, un sistema lento. Pocos jueces para la demanda de justicia, dentro de un proceso burocrático, reglamentado en épocas anteriores a la revolución informática. La lucha por el expediente digital en la Provincia de Buenos Aires da cuenta de ello.
¿Y los abogados?, en lo que a nosotros respecta, una mejor formación académica, con un fuerte juicio ético en la educación de los estudiantes, y colegios profesionales que juzguen debidamente las malas prácticas, pueden mejorar significativamente lo que denomino el “ecosistema judicial”.
En síntesis, los juristas convocados para la “reforma de la justicia”, nada podrán hacer si la finalidad es garantizar la comodidad de un espacio político en particular, y cambiar para que nada cambie. Cabe aclarar que la reforma contempla al Poder Judicial de la Nación, no incorporando 23 provincias y una Ciudad Autónoma, que implican demandas de justicia de millones de personas.
Necesitamos mejorar la calidad ética académica, los colegios profesionales, el sistema administrativo de justicia, y finalmente, pero no menos importante, a los jueces.
No es la primera vez que debatimos sobre una reforma de la justicia, espero sinceramente, que no estemos otra vez contemplando un espectáculo de impunidad.
Por Leonardo Güi. Abogado. Docente UBA-UCES
