Legislación y conflictos sobre los Residuos sólidos urbanos: autonomía local, prestadores de servicios y fiscalización ambiental.
Hablar de basura es hablar de hábitos de consumo. Sin abordar el interminable decálogo de desechos generados por el hombre, este análisis aborda el problema de los residuos sólidos urbanos generados por las ciudades, y los problemas de los municipios en brindar un eficiente servicio de recolección.
El consumo y la basura son dos elementos omnipresentes en la sociedad humana contemporánea. Si bien un análisis minucioso del fenómeno abarcaría estudios económicos, históricos, sociales y culturales que superan ampliamente el motivo de este ensayo, es vital mencionar que cualquier análisis serio sobre consumo y desperdicio, tiene que abarcar temáticas diversas de manera conjunta: Economía de recursos, obsolescencia programada, el negocio del packaging, plásticos de un solo uso, Etc.
El residuo es una consecuencia directa a la oferta de bienes y servicios. Regular en materia ambiental, es inevitablemente regular el mercado. El consumo responsable, la separación de residuos y el reciclaje a escala local, pueden solucionar mucho más el “problema de la basura” que un ejército de camiones y recolectores.
En la Provincia de Buenos Aires, las municipalidades deben abordar el problema de la generación de residuos en un complejo equilibrio político, además de trabajar sobre hábitos de consumo y concientización poblacional con presupuestos escasos. El conflicto por la basura nos permite analizar el equilibrio de fuerzas políticas entre intendentes, sindicatos y empresas prestadoras de servicios. Una ciudad sin recolección, es una comunidad sitiada por la basura.
En el año 2000, Los recolectores de residuos afiliados al Sindicato de Choferes de Camiones realizaron un paro en 134 distritos de la provincia de Buenos Aires, huelga que fue levantada a última hora, en negociaciones entre los referentes del sindicato y las autoridades provinciales.
Imaginar lo que representa un paro indefinido en la recolección de residuos en todos y cada uno de los partidos bonaerenses, es entrar en el terreno de la emergencia ambiental de la provincia más grande del país. Hablamos de una emergencia ambiental por negligencia política o por el derecho a huelga de los prestadores de servicios públicos, sea el motivo que sea, representa la fragilidad de nuestras instituciones.
El delicado equilibrio ambiental en el que viven las ciudades modernas, necesita de factores estables como recolección, traslado y depósito, en una dinámica permanente que no puede detenerse. Ante este delicado equilibrio: ¿Cuánto resiste la sociedad civilizada ante el colapso de sus servicios básicos?
Las humanidades nos enseñan que la civilización depende de un delicado equilibrio, nuestro estilo de vida de pende de un complejo balance de factores políticos. ¿Cuánto tardan 134 municipios colapsados de basura, en revelarse contra el orden establecido?
Es relevante señalar, que los trabajadores recolectores de residuos, tienen el mismo derecho a revelarse por sus condiciones de trabajo al igual que los ciudadanos colapsados de basura. Históricamente, las condiciones laborales de los recolectores no han sido buenas. El equilibrio que sostiene al ambiente habitable no sólo abarca la recolección y tratamiento de residuos, sino también, las condiciones laborales de los operarios en la cadena de tratamiento de desperdicios, desde la vereda a la planta recicladora (en el mejor de los casos), al relleno sanitario o simplemente al basural a cielo abierto.
La basura no puede esperar, desafortunadamente, no podemos hacerla desaparecer. En 1930, la ciudad de Buenos Aires contaba con al menos tres incineradoras municipales ubicadas en los barrios de Barracas, Flores y Chacarita, además de los basurales a cielo abierto que se encontraban en distintos puntos de la ciudad. Con las décadas venideras, y la concientización sobre los distintos problemas ambientales, en 1976 la ciudad prohibió la quema de basura y cerró las usinas incineradoras que aún se encontraban en actividad. Junto con el CEAMSE, nace el relleno sanitario. El relato institucional de la propia empresa, menciona: “La nueva estrategia para la gestión de los Residuos sólidos urbanos del área metropolitana fue emplear rellenos sanitarios, para lo cual se creó la empresa estatal Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), compuesta por los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que comenzó a encargarse de transportar los residuos desde las zonas de acopio y realizar su disposición final”
En la provincia de Buenos Aires, la gestión de residuos es una facultad propia de los municipios. Así lo establece la Ley provincial N° 13592 (Gestión integral de los residuos sólidos urbanos) estableciendo dentro de las facultades municipales que, “Los Municipios Bonaerenses deben presentar a la Autoridad Ambiental Provincial un Programa de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos conforme a los términos de la presente Ley”. De esta forma, se legisla una política de recolección y tratamiento en conjunto con las autoridades ambientales provinciales. La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), fue creada específicamente para el caso de los municipios del AMBA (Área metropolitana de Buenos Aires).
El Decreto Provincial 1215/10, reglamentario de la Ley 13592, establece en su artículo 17 que “Corresponderá a los Municipios la inspección y vigilancia respecto de los prestadores de servicios vinculados a los residuos sólidos urbanos para todas las etapas de la gestión”. La Ley también incorpora el principio de “Responsabilidad del Causante”, por el cual toda persona física o jurídica que produce, detenta o gestiona un residuo, está obligada a asegurar o hacer asegurar su eliminación conforme a las disposiciones vigentes.
Dentro de la competencia del Poder Ejecutivo Provincial, está la de evaluar y aprobar los proyectos de gestión integral de residuos sólidos urbanos elevados por los Municipios, los que se instrumentarán por etapas. Su concreción queda condicionada a la aprobación de la evaluación ambiental y la factibilidad técnico-económica.
Los municipios deben cumplir también con lo dispuesto en el art. 27 del Decreto-Ley 6769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”, este artículo menciona que se encuentra dentro de la competencia municipal, específicamente dentro de la función deliberativa municipal, reglamentar la denominada “Higiene y salubridad que deben reunir los sitios públicos, los lugares de acceso público y los baldíos”. La salubridad como un servicio municipal, abarca la higiene de los sitios públicos para evitar plagas y enfermedades. El Art. 52 del mismo capítulo menciona “Corresponde al Concejo disponer la prestación de los servicios públicos de barrido, riego, limpieza, alumbrado, provisión de agua, obras sanitarias y desagües pluviales”.
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece en su artículo 28 que, “Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras”. La Ley provincial del medio ambiente Nª11723 establece en su artículo 2do que los habitantes de la Provincia de Buenos Aires tienen derecho: “A gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo armónico de la persona” y en su Art.6 establece que los municipios “Tienen la obligación de fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al ambiente, siendo responsables de las acciones y de las omisiones en que ocurran”, por acciones antrópicas se interpreta toda actividad humana susceptible de impactar en el ambiente.
El art. 66º de la misma Ley, incorpora en la gestión municipal, que “En el manejo de los residuos, implementará los mecanismos tendientes a: a) La minimización en su generación. b) La recuperación de materia y/o energía. c) La evaluación ambiental de la gestión sobre los mismos. d) La clasificación en la fuente. e) La evaluación de impacto ambiental, previa localización de sitios para disposición final”
La Ordenanza Nª 10661 de la Ciudad de La Plata, establece una definición muy completa en materia de residuos, estableciendo que “Los Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) son todos los elementos, objetos o sustancias generados y desechados producto de actividades realizadas en los núcleos urbanos y/o rurales, comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional, asistencial e industrial no especial, ni peligroso, asimilable a los residuos domiciliarios. Se integran en esta definición los llamados residuos especiales de origen domiciliario, como ser pilas o baterías, artefactos eléctricos y electrónicos, medicinales y neumáticos”.
El repaso de la legislación vigente, conforma un área de responsabilidad que hace a los municipios protagonistas destacados en los eternos conflictos de la basura.
Como vimos, detrás de una simple bolsa de desperdicios, encontramos un complejo entramado de responsabilidades, derechos y potestades de las autoridades locales. Desde las dificultades en la recolección y tratamiento, a la falta de concientización en reciclaje, hay falencias prácticas y también educativas. Un programa de reciclaje eficiente, promoviendo la concientización ambiental, y dotado de infraestructura para llevarlo a cabo, reduce la generación de residuos progresivamente, abaratando costos y reduciendo el impacto al ambiente. En muchos distritos bonaerenses, la recolección de residuos se lleva más presupuesto que el destinado a salud y educación, por este motivo, el reciclaje no sólo es vital, también es socialmente responsable.
La Ley de Gestión integral de los residuos sólidos urbanos, textualmente manifiesta: “Incorporar paulatinamente en la disposición inicial la separación en origen, la valorización, la reutilización y el reciclaje en la gestión integral por parte de todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires”.
Resulta fundamental establecer ciertas condiciones mínimas para el desarrollo sostenible de los municipios en materia de residuos, algunas de ellas son:
- Programas municipales de educación ambiental orientada al reciclaje
- Concientización sobre consumo responsable, ético y solidario
- Recolección eficiente, segmentada en productos orgánicos/húmedos y reciclables
- Infraestructura de recolección y separación de residuos
- Acceso municipal al patrocinio letrado en temática ambiental
- Asesoría jurídica municipal en acciones colectivas
- Reglamentación de las evaluaciones ambientales de carácter local
- Incentivos impositivos a los ciudadanos que cumplan con la política de reciclaje local
- Impulsar acuerdos para reciclar basura electrónica
- Fomentar programas domésticos para transformar desechos alimenticios y vegetales en compuesto orgánico
Podemos exigir estas y más acciones preventivas por parte de nuestros representantes, lo que no podemos hacer, es reclamar sobre la base del desconocimiento administrativo. Es necesario divulgar, escuchar, aprender, solidarizarnos en el conocimiento colectivo. De esta forma, nuestros administradores territoriales, no tendrán más opción que escucharnos, y actuar.
Por Leonardo Güi – Abogado – Docente UBA-UCES
