Desde el Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad, su presidente Lorenzo Gómez cuestionó el proyecto del Gobierno nacional que propone eliminar la colegiación obligatoria. Aseguró que la medida “rompe los esquemas federales y deja a los profesionales sin defensa frente a la competencia desleal”.
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional para instaurar una supuesta “libertad de matrícula” generó un fuerte rechazo entre los Consejos y Colegios Profesionales de todo el país. La propuesta, que plantea reemplazar la colegiación obligatoria por un registro nacional administrado por el Estado, es vista por las entidades como un retroceso institucional que pone en riesgo la ética, el control y la seguridad en el ejercicio de las profesiones.
“Vuelven los mismos impresentables con fórmulas que parecen ser un alivio para la sociedad y terminan perjudicando el ejercicio profesional”, expresó Lorenzo Gómez, presidente del Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad (CPHS) y de la Confederación de Profesionales de Seguridad e Higiene (COFESH).
El dirigente advirtió que la medida desconoce la realidad federal del trabajo profesional y debilita los mecanismos de control que hoy garantizan el cumplimiento de normas de seguridad, salud y ética laboral. “¿Quién va a cumplir la función del poder de policía en esos lugares donde el Estado delega en los propios profesionales el rol de contralor?”, cuestionó.
Según Gómez, mientras en la Ciudad de Buenos Aires o grandes centros urbanos el Estado puede ejercer control directo, en el interior del país los colegios cumplen un rol esencial, no solo en la fiscalización, sino también en la defensa frente al ejercicio ilegal, la competencia desleal y la oferta académica engañosa.
El presidente del CPHS remarcó que los colegios profesionales no son corporaciones cerradas ni negocios privados, sino entidades de derecho público con funciones delegadas por el Estado, encargadas de garantizar el ejercicio ético, la formación continua y la protección de la sociedad.
“La colegiación obligatoria no es un privilegio, sino una garantía”, insistió Gómez, al recordar que la matrícula vigente asegura que quienes intervienen en actividades que afectan la vida y la salud de las personas estén debidamente formados y habilitados.
Respecto al debate sobre las matrículas y la representación interna, el dirigente sostuvo que la discusión debe darse dentro de las propias instituciones, sin imposiciones políticas. “Después discutamos internamente si los valores son altos o si la representación debe mejorar, pero no desde un centralismo porteño que va a complicar aún más a las profesiones del interior”, subrayó.
Finalmente, desde el CPHS y otras entidades anticiparon una posición unificada en defensa de la colegiación pública, advirtiendo que la desregulación no fortalece la libertad profesional, sino que debilita los mecanismos de responsabilidad y protección social.
