El presidente Alberto Fernández acompañado por la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el Gobernador Axel Kicillof y el Ministro de Seguridad de la Provincia Sergio Berni, anunció el traslado de 3900 efectivos de Gendarmería a la Provincia de Buenos Aires, la inversión de 38.000 millones de pesos y la incorporación de 10 mil nuevos efectivos que deberán previamente capacitarse durante 18 meses.
La medida se inscribe en el marco de un crecimiento de los casos de contagios del Covid19 en todo el país y una ola de delitos que golpea al conurbano y gana profusos espacios en los medios.
La escena no es nada original puesto que este tipo de anuncios ya fueron muchas veces hechos por las administraciones anteriores y los resultados están a la vista. El hiperactivo Berni más allá de su histrionismo no deja de ser una versión repetida de un discurso militarizado y duro de boca pero ya fracasado en la práctica desde Ruckauf que llamó a meter balas, pasando por Aldo Rico, Casals, Granados, etc. Es ilusorio esperar otra cosa cuando el diagnóstico del problema brilla por su ausencia, no porque no se lo tenga sino porque no hay el coraje ni la voluntad política de asumirlo como objetivo.
Es decir nadie se anima a cuestionar el autogobierno de la Bonaerense, que administra y regula el delito del cual se financia, enriquece a sus jefes y comparte con sectores del poder judicial y de la política.
Uno de los delitos que genera más víctimas es el robo de automotores, a donde van a parar los vehículos robados?, A desarmaderos que están a la vista de todos, hay localidades del conurbano en las cuales uno observa que hay hasta dos talleres por cuadra, en algunos casos ocupan la vereda y hasta buena parte de la calle con vehículos cortados, ante la resignación de los vecinos cansados de denunciar esta situaciones en la comisaría correspondiente.
Hacen falta más efectivos en la Bonaerense? Probablemente, pero no se trata de incorporar porque sí sino de acuerdo a un plan con objetivos concretos. Durante la gestión de Scioli se incorporaron miles de efectivos y no se ve la solución por algo básico, la falta de vocación de los efectivos que se suman. Algunos jueces que capacitaban a los futuros agentes me comentaron que el 95% de los aspirantes se postulaban para tener un sueldo y obra social, pero carecían de vocación de servicio. En aquél tiempo además la capacitación fue expres ese resultado si podemos verlo a diario, agentes que carecen del mínimo porte marcial, evidente falta de estado físico, en plena vía pública manipulando constantemente el celular y son los vecinos los que le tienen que venir a avisarles que a 50 metros de su presencia se ha cometido un robo.
Hoy un suboficial que recién ingresa gana de bolsillo alrededor de $35.000, o sea por debajo de la línea de la pobreza y si hace toda la carrera y llega a mayor luego de 30 años de servicio llega algo más de $60.000. Que ocurre entonces, una gran parte hace adicionales, algunos llegan a hacer 180 horas mensuales, que se suman a las 48 horas semanales para redondear un ingreso extra de $60.000.
Este problema salarial nunca es motivo de reclamo por la cúpula policial, puesto que es la llave que abre la puerta a lo que empiezan siendo pequeños rebusques hasta pasar a recaudar del juego, la prostitución, puestos callejeros, ferias, contribuciones en negro de comerciantes y empresarios, protección para los narcos, los más ambiciosos hasta secuestran a los delincuentes para pedirles rescate, etc. lo que garantiza el canon que cada comisaría debe “subir” antes de quedarse con el excedente.
Volviendo a la capacitación, por más excelencia que tenga el proceso de selección y formación previa, el lugar donde efectivamente terminan de “capacitarse” es en la Comisaría y allí no abundan las mejores prácticas.
Resolver el problema de la seguridad obviamente es un proceso más integral que contempla aspectos sociales, acabar con los guetos de la pobreza, acceso a bienes culturales, iluminación, transporte, etc. pero es esencial que la agencia que debe cuidarnos no sea parte del problema.
Nada de esto será posible sin una política de Estado que exprese acuerdos entre una gran mayoría de los espacios políticos que se comprometan a respetarlos, más allá de quien gobierne.
Mientras tanto seguiremos con anuncios rimbombantes, fotos de patrulleros por doquier, ministros y gobernadores mediáticos pero los ciudadanos seguiremos padeciendo un proceso que no para de crecer y cuya vacuna (permítaseme la metáfora) la clase política se niega a fabricar.
Por Jorge Ceballos – Secretario Nacional de Libres del Sur
