El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, encabezó este miércoles 18 de febrero en la Casa de la Provincia de La Pampa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un encuentro con autoridades laborales de distintas jurisdicciones para avanzar en una posición común frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y solicitar la convocatoria al Consejo Federal del Trabajo.
La reunión fue encabezada por el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, junto al secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, Roberto Pedehontáa. Participaron además, de manera virtual, la ministra de Trabajo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione; las secretarias de Trabajo de Santiago del Estero, Julia Comán, y de La Rioja, Miriam Espinosa; el subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Valdez; y la funcionaria de Misiones, Silvana Giménez. Por la cartera laboral bonaerense también estuvieron la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y el asesor ministerial Gustavo Mariani.
El encuentro dio continuidad a la presentación realizada ante el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, en la que las provincias solicitaron formalmente la convocatoria al Consejo Federal del Trabajo, ámbito institucional destinado a la articulación y el debate de políticas laborales.
Ante la falta de respuesta, las autoridades provinciales avanzaron en la redacción de una carta pública para expresar su preocupación por la ausencia de instancias de diálogo federal en el marco del debate abierto por la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional. Según señalaron, las modificaciones propuestas podrían impactar en las competencias que ejercen las provincias en materia de policía del trabajo.
Durante la reunión, los representantes coincidieron en la necesidad de fortalecer los espacios federales de coordinación para resguardar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y garantizar el pleno ejercicio de las facultades provinciales.
En la carta de intención firmada por siete jurisdicciones, las autoridades reafirmaron que el poder de policía del trabajo es una facultad no delegada por las provincias a la Nación. Asimismo, se comprometieron a impulsar normas que aseguren instrumentos eficaces de control dentro de las competencias propias de cada distrito, unificar criterios técnicos, intercambiar información y consolidar una posición común en defensa del federalismo y la autonomía provincial en materia laboral.