Sin la plena sujeción a la Ley por parte de todos los ciudadanos, y sin la imprescindible dimensión arquitectónica de la política, sustentada en la construcción de consensos, comprometeremos el futuro de varias generaciones.
Recurrentemente asistimos a debates que parecen estar dominados por inconducentes discusiones, alimentadas por la ignorancia, la obsesión, la agresividad, el rencor y, a veces, el fanatismo, que jamás son buenos consejeros. Y que, apartándose del respetuoso diálogo y el enriquecedor disenso, parten de la simplificación o distorsión de la realidad.
Una de esas discusiones, se suscita a partir de la afirmación que se hace, desde algunos sectores afines al oficialismo pero también desde el extremo opuesto, acerca de la supuesta existencia en nuestro país de “detenidos por razones políticas”.
Dejo para los profesionales del Derecho profundizar sobre tan delicado tema. Como un ciudadano más, aprecio que “preso político” es alguien sometido a un proceso penal, o privado de su libertad debido a sus ideas o actividades políticas, sin que haya existido ninguna conducta reprochable por las leyes vigentes.
En el siglo pasado, tal fue, entre otras, por ejemplo, la situación de los presidentes Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear y Arturo Frondizi, detenidos en la isla Martín García por decisión de gobernantes de facto que removieron a las autoridades legítimas, o de Juan Domingo Perón, cuando fue destituido y encarcelado en 1945, siendo vicepresidente de la Nación del régimen revolucionario-dictatorial instalado en junio del ‘43.
Y también fue el caso de los miles de detenidos por sus ideas o actividades políticas durante los distintos regímenes de fuerza a lo largo del siglo veinte. Esta ilegalidad fue aplicada, principalmente, por la autodenominada Revolución Libertadora en 1955, y alcanzó su clímax con la dictadura cívico-militar de los años ´70.
No es, en modo alguno, el caso actual en la Argentina. Desde el advenimiento de la democracia en 1983, no estamos ante gobiernos antidemocráticos ni cabe comparar a ninguna gestión de gobierno, aún con sus mayores yerros y fracasos, con las dictaduras que sufrimos en el pasado.
De existir presos políticos, estaríamos ante la negación existencial del sistema republicano. Sí podemos aceptar que han existido, y podrían existir, detenciones arbitrarias e irrespetuosas, pero nadie está detenido sin orden judicial y sin imputación alguna. Y todos, sin excepción, gozan de todas las garantías constitucionales.
Fue el presidente Raúl Alfonsín quien encausó inicialmente el respeto a la juridicidad, con el juzgamiento a las Juntas Militares, cuando dispuso que en primera instancia actuase el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el cual defeccionó en su rol de juzgar a sus pares, y también a los que concibieron y ejecutaron un terrorismo de Estado en la década de los ´70. Uno de ellos, condenado por la Justicia, aún en el año 2003, amenazó de muerte a mis cuatro hijos.
Es inadmisible que hoy desde sectores de distinto signo ideológico y partidario, más algunos que no podrían desconocer la ciencia jurídica, como un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostengan la existencia de “dos mil presos políticos” al referirse a los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad.
Es curiosa esta coincidencia de sectores que se acostumbra a definir como “de derecha” o “de izquierda”, recreando aquella “teoría de los dos demonios” que tanto se ocuparon de abominar. En ambos casos desconocen el lugar de la Justicia como pilar del sistema republicano y democrático. En tal caso, nos acercamos a lo afirmado por Aristóteles: “los contrarios son del mismo género”. Y, según Jean Guitton, también: “como los incrédulos, son creyentes al revés”.
Interpretaciones y afirmaciones que menosprecian la división de los poderes del Estado desconocen la esencia de nuestra Constitución Nacional, y ralentizan la democracia.
En las últimas cuatro décadas, la Argentina ha sido pionera en esclarecer, juzgar y condenar violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la libertad. Afirmaciones sobre la supuesta existencia de “presos políticos” en la actualidad en nuestro país afectan, además, nuestra credibilidad en el mundo.
Insistimos en que no cabe establecer “historias oficiales” o “completas”; no puede haberlas, salvo para quienes viven fijados en versiones simplificadas y excluyentes de los acontecimientos del pasado. Platón nos recuerda que “la opinión es un término medio entre el saber y la ignorancia” ¿No sería mejor aceptar los distintos “relatos”, en el marco del disenso y de un respetuoso diálogo entre quienes optan por convivir y no solo por “existir” juntos?
Hagiógrafos no nos faltarán. Pero tendrían que recordar que Borges, en su Oda por el Sesquicentenario, nos dijo: “Nadie es la Patria, pero todos lo somos”. Ninguno -salvo Dios- es poseedor de la verdad, sino apenas de una interpretación de los hechos.
Recordemos la sentencia de Montesquieu: “Las historias son hechos falsos compuestos sobre hechos ciertos o con motivo de los hechos ciertos”. Dejemos a un lado el permanente y obstinado empeño en concebir la actividad política como un constante antagonismo entre relatos, y a la Justicia como un instrumento más al servicio de los intereses propios.
Sin la plena sujeción a la Ley por parte de todos los ciudadanos, y sin la imprescindible dimensión arquitectónica de la política, sustentada en la construcción de consensos, comprometeremos el futuro de varias generaciones.
Por Martín Balza – Ex jefe del Ejército argentino. Veterano de Guerra de Malvinas y ex embajador en Colombia y en Costa Rica.
