El bloque de Unión por la Patria exigió la remoción inmediata de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de que se conocieran nuevas pruebas que lo vinculan con Federico “Fred” Machado, empresario detenido y acusado de narcotráfico.
El reclamo fue planteado por el jefe de bancada Germán Martínez, quien escribió en X: “José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”.
El pedido se enmarca en la previa del debate parlamentario por el Presupuesto 2026, una de las leyes más sensibles para el oficialismo de La Libertad Avanza. Espert, que se sumó a la coalición en 2024, había sido designado en enero como titular de la Comisión de Presupuesto, desde donde se canalizan todas las discusiones sobre gasto público y financiamiento del Estado.
Según documentación judicial difundida en las últimas semanas, Machado habría realizado aportes financieros y logísticos a la campaña presidencial de Espert en 2019. Entre las pruebas citadas se menciona un giro de 200 mil dólares recibido en 2020 desde un fideicomiso vinculado al empresario, así como vuelos y vehículos puestos a disposición del economista.
Machado fue detenido en Argentina en 2021 y está en proceso de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.
Frente a las acusaciones, Espert reconoció haber conocido a Machado y haber aceptado su ayuda en 2019 para trasladarse a Viedma en el marco de la presentación de un libro, pero negó cualquier vínculo con actividades ilícitas. “Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos”, declaró, calificando el caso como una “campaña sucia” en su contra.
Desde la oposición remarcan que no se trata de diferencias ideológicas sino de resguardar la transparencia institucional en el tratamiento del presupuesto nacional.
