La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) anunció un plan de lucha sin fecha de finalización por los bajos salarios y las condiciones laborales en los municipios de PBA. Aunque las negociaciones salariales se realizan con cada intendente, los gremios llevaron el reclamo al gobierno de Axel Kicillof y exigen que el ministro de Trabajo, Walter Correa, convoque al Consejo del Empleo Municipal.
La Fesimubo comenzó a organizar el conflicto por regiones y anticipó que habrá medidas sorpresivas que no se limitarán a los tradicionales paros y movilizaciones.
El secretario general de la Federación, Hernán Doval, advirtió sobre las fuertes diferencias salariales que existen entre los 135 municipios bonaerenses y puso como ejemplo el caso de Merlo.
“Hay municipios en los que se cobra bien, y otros de $150.000 de salario básico, como Merlo. Queremos ver cómo levantar el poder adquisitivo”, afirmó.
La organización ya realizó plenarios con sindicatos de distintas regiones del Conurbano y prevé extenderlos hacia el interior bonaerense. El objetivo es sostener lo que Doval definió como “un plan de lucha prolongado”, sin una fecha establecida para su finalización.
La estrategia gremial también contempla cambiar las modalidades de protesta.
“El paro y la movilización, solos, no son la solución”, señaló Doval, quien anticipó actividades regionales, acciones durante el verano y medidas sorpresivas en distintos puntos de PBA.
La presión ahora llega a Kicillof y Correa
El principal reclamo dirigido al gobierno bonaerense es la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, creado por la Ley 14.656 y que, según Fesimubo, lleva una década sin ser convocado.
El organismo reúne representantes de los intendentes y de las organizaciones sindicales municipales, mientras que el Ministerio de Trabajo bonaerense actúa como autoridad de aplicación. Sus decisiones no son vinculantes.
“Tuvimos diálogo con Correa, pero siempre está a punto de convocar. Necesitamos que convoque”, cuestionó Doval.
La protesta aparece además en un escenario complicado para las cuentas de algunos municipios. Los intendentes vienen advirtiendo sobre una caída de recursos provenientes de tasas y de la coparticipación provincial.
En San Pedro, el intendente Cecilio Salazar necesitó asistencia financiera de la Provincia para terminar de pagar el aguinaldo de los trabajadores municipales, luego de varios días de conflicto gremial. En Azul, administrado por Nelson Sombra, el aguinaldo debió abonarse en dos cuotas durante julio.
Así, un conflicto que tiene a los intendentes como responsables directos de las negociaciones salariales comienza también a trasladar presión hacia la administración de Kicillof, con los gremios reclamando que Trabajo intervenga institucionalmente en la discusión sobre los salarios municipales.