El decreto 340/25, publicado hoy en el Boletín Oficial, aprobó el Régimen de Excepción de la Marina Mercante que flexibiliza la normativa de navegación en aguas argentinas y, según la diputada nacional Marcela Passo, “sólo va a traer desempleo y desinversión”.
La norma modifica la ley de Navegación N° 20.094, la ley de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y de Integración Fluvio Regional N° 27.419, y la ley de Régimen Laboral N° 25.877, habilitando a buques extranjeros a operar con matrícula argentina, flexibilizando la composición de tripulaciones, extendiendo el cabotaje a embarcaciones internacionales y reduciendo restricciones para reparar e inscribir naves.
Passo, miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, criticó que, “en vez de mejorar la competitividad y los costos de los barcos que operan bajo registro de la bandera nacional, crean un régimen de excepción bajo bandera de otro país”, y alertó que el régimen “transitorio y cuasi experimental” de tres años —prorrogables— desplazaría a buques y tripulaciones argentinas, generando un impacto negativo en la industria local.
La medida fue anunciada sin consulta previa al sector marítimo y fluvial, que denunció falta de advertencia y cuestionó el objetivo real del decreto, que afirma buscar “revitalizar” la marina mercante y “bajar el costo argentino” mientras abre el mercado a naves extranjeras con menores exigencias laborales y tributarias.
“Esta medida es un riesgo total para armadores y trabajadores nacionales. Sólo va a traer desempleo y desinversión de los empresarios argentinos y un claro perjuicio a los trabajadores”, concluyó la legisladora, que reclamó una política de soberanía marítima con buques, tripulaciones y astilleros argentinos como eje estratégico de desarrollo nacional.
