La continuidad de los programas alimentarios en la provincia de Buenos Aires quedó en el centro de la escena en medio del conflicto entre el Gobierno nacional y la gestión bonaerense por el financiamiento de políticas sociales, en un contexto de fuerte restricción de recursos.
El foco está puesto en el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria (MESA), dos herramientas clave para la asistencia a sectores vulnerables que hoy atraviesan dificultades en su sostenimiento.
Desde la Provincia aseguran que ambos programas vienen siendo financiados casi en su totalidad con recursos propios, ante la interrupción o reducción de transferencias nacionales, lo que generó un reclamo formal por una deuda cercana a los $600.000 millones.
En contraposición, el Gobierno nacional rechazó esa postura y afirmó que no mantiene deudas con la Provincia. A través del Ministerio de Capital Humano, sostuvo que el SAE es un programa de responsabilidad provincial y que la Nación realiza un aporte parcial, cercano al 20% del total.
En este contexto, la discusión dejó de ser solo administrativa y pasó a centrarse en la asignación de recursos en un escenario de ajuste.
Según información a la que accedió NorteOnline, dentro del Gobierno bonaerense se evaluaron distintas alternativas para sostener el equilibrio fiscal, entre ellas la posibilidad de reducir subsidios al transporte o ajustar programas de asistencia alimentaria.
Según estas fuentes, recortar subsidios al transporte implicaba impactar en la inflación y trasladar el costo político al Gobierno nacional, una variable que —en términos políticos— podía desplazar el impacto hacia la Casa Rosada y no hacia la Provincia.
En paralelo, comenzaron a aparecer iniciativas legislativas que buscan reordenar el gasto público bajo criterios de prioridad social. En ese marco, el senador Mario Ishii presentó un proyecto para declarar la Emergencia Alimentaria en la Provincia, con el objetivo de habilitar la reasignación de partidas hacia la asistencia directa.
“El acceso a la alimentación debe prevalecer sobre otros gastos no esenciales”, planteó el legislador.
El escenario expone una tensión estructural: mientras crece la demanda en comedores y centros comunitarios, la disponibilidad de recursos se reduce y obliga a redefinir prioridades.
