El endeudamiento que golpea con más fuerza al conurbano convive con una interna peronista que condiciona la gestión de Axel Kicillof, una pelea por el control de la reforma política, propuestas para modificar el mapa bonaerense y un grupo de intendentes que busca una silla propia. Los temas fueron analizados por Martín Szmukler en el programa 19 de Bonaerense en Off, dentro de Mesa Chica por Radio Del Plata.
Por Martín Szmukler
La política bonaerense empieza a moverse alrededor de 2027, aunque para buena parte de la sociedad el problema sea mucho más inmediato: llegar a fin de mes.
Mientras casi dos millones de bonaerenses acumulan más de 90 días de atraso en sus deudas, el peronismo discute el control de la Legislatura, las reglas electorales y el lugar que ocupará cada sector en la próxima elección. Al mismo tiempo, aparecen propuestas para cambiar de raíz la organización territorial de PBA.
Son discusiones diferentes, pero tienen algo en común: todas hablan de poder. Del poder que pierden las familias cuando sus ingresos no alcanzan, del que Kicillof no logra ejercer sobre sus propios legisladores, del que disputan las distintas tribus del peronismo y del peso electoral que tiene el conurbano dentro de la provincia.
Una cosa es tener deuda y otra es no poder pagarla
En PBA hay 7,17 millones de personas con deuda registrada. El dato verdaderamente preocupante es que 1,84 millones llevan más de 90 días sin pagar.
La tasa de morosidad provincial alcanza el 20,17%, por encima del promedio nacional, y el monto adeudado se acerca a los $6,49 billones.
El Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad junto con la Fundación Friedrich Ebert sobre información del Banco Central, muestra además que el problema no se distribuye de manera pareja.
José C. Paz encabeza el ranking con el 32,86%, seguido por Presidente Perón, Florencio Varela y Malvinas. Los diez municipios con mayor morosidad están en el conurbano.
Zona Norte también presenta diferencias importantes. Escobar registra un 25,47%; Pilar, un 25%; Tigre, un 23,89%; y San Fernando, un 22,49%. Todos se encuentran por encima del promedio provincial.
Mucho más abajo aparecen San Isidro, con el 15,46%, y Vicente López, con el 13,02%.
El mapa termina confirmando algo que se percibe en los municipios: la deuda pega más fuerte entre quienes tienen menores ingresos. En muchos casos, ya no se pide dinero para comprar un televisor, cambiar el auto o acceder a una vivienda. Se pide para comer, pagar servicios o cubrir gastos cotidianos.
Las aplicaciones financieras hicieron que conseguir un préstamo sea cada vez más sencillo. En pocos minutos se puede acceder a un dinero que resuelve una urgencia, pero que después llega acompañado por intereses difíciles de sostener.
Entre los menores de 25 años, la mora se acerca al 50% en algunos municipios. Es una generación que empieza su vida laboral con ingresos bajos, empleos inestables y deudas que se acumulan antes de conseguir cierta estabilidad económica.
Kicillof decidió poner el tema en agenda y Banco Provincia lanzó el programa “Ponete al Día”. La iniciativa alcanzó a 84.000 clientes y permitió refinanciar $344.800 millones.
Es una respuesta concreta, pero limitada frente a la dimensión del problema. La deuda ya no funciona solamente como una herramienta para anticipar consumo. Para muchas familias se convirtió en un complemento del salario.
La interna peronista ya condiciona la gestión
En ese contexto social, el Gobierno bonaerense tampoco logra avanzar con algunos proyectos que considera centrales.
El oficialismo no consiguió dictamen en el Senado para crear el Sistema Integrado de Salud bonaerense y una empresa provincial de medicamentos.
Fuerza Patria tiene cinco de los nueve integrantes de la Comisión de Salud. En los papeles, los votos estaban. En la práctica, Kicillof no pudo ordenar a su propio bloque.
Mario Ishii se negó a acompañar los textos tal como fueron presentados y reclamó una discusión más profunda. Malena Galmarini ya había expresado reparos sobre la velocidad del tratamiento.
La oposición planteó cuestionamientos sobre el funcionamiento de IOMA, el costo de generar nuevas estructuras y las facultades que tendría el Ministerio de Salud sobre municipios y prestadores privados. Pero el principal obstáculo no estuvo afuera del peronismo, sino adentro.
La empresa bonaerense de medicamentos ya había conseguido media sanción en Diputados durante 2024 y volvió a quedar detenida en el Senado.
La interna dejó de expresarse únicamente en reuniones, candidaturas o actos separados. Ahora empieza a condicionar la gestión. Kicillof puede tener una mayoría formal, pero eso no significa que cuente automáticamente con los votos para aprobar sus proyectos.
La reforma política y la pelea por la lapicera
La discusión por las reelecciones de los intendentes abrió otra disputa: quién conduce la reforma política bonaerense.
Malena Galmarini preside la Comisión de Reforma Política del Senado y reclama que los proyectos electorales sean tratados allí. Sin embargo, el expediente impulsado por Ayelén Durán para modificar el límite a las reelecciones permanece en Legislación General, encabezada por el kicillofista Germán Lago.
Galmarini se reunió con Carlos Bianco y con la diputada del Movimiento Derecho al Futuro Ana Luz Balor, pero no hubo acuerdo. Bianco derivó el seguimiento del tema a Agustina Vila, enlace del Ejecutivo con la Legislatura.
Después apareció un movimiento significativo: Lago enfrió el tratamiento y reconoció que el tema necesita mayor diálogo y que no existen condiciones para avanzar rápidamente.
La discusión no se limita a determinar si los intendentes podrán volver a presentarse. Alrededor de una reforma política también aparecen las PASO, la Boleta Única, el cronograma electoral, el funcionamiento de los partidos y las reelecciones legislativas.
Hay dos debates simultáneos: qué reglas se modifican y quién controla la negociación. Galmarini pide que los expedientes lleguen a su comisión; el kicillofismo los conserva en Legislación General. Quien tenga los proyectos tendrá también una parte importante de la lapicera.
¿Se puede gobernar una provincia de esta dimensión?
En medio de estas disputas, Joaquín de la Torre volvió a instalar una propuesta que cambiaría por completo el mapa bonaerense: federalizar 27 municipios del conurbano y sacarlos de la órbita de PBA.
La iniciativa comprende los 24 distritos históricos del Gran Buenos Aires y suma Pilar, Escobar y General Rodríguez.
Cada municipio conservaría su intendente, pero sus habitantes dejarían de elegir gobernador, diputados y senadores provinciales. En esos distritos quedarían solamente dos niveles de gobierno: Nación y municipio.
De la Torre también propone eliminar impuestos provinciales como Ingresos Brutos, reemplazar a la Policía Bonaerense por fuerzas federales y policías municipales, y redistribuir las responsabilidades sobre salud, educación y transporte.
El impacto político sería enorme. El conurbano concentra cerca del 70% de la población bonaerense y alrededor del 28% de los habitantes del país. Separarlo de PBA modificaría completamente el peso electoral, económico y territorial de cualquier gobernador.
La discusión tiene un antecedente reciente. Esteban Bullrich propuso dividir PBA en cinco nuevas provincias y subdividir La Matanza, bajo el argumento de mejorar la administración y la gobernabilidad.
De la Torre reconoció que esa iniciativa funcionó como disparador, aunque su planteo va en una dirección diferente: Bullrich propone crear más provincias y De la Torre busca eliminar el nivel provincial dentro del conurbano.
No existe todavía un proyecto formal. Por ahora es una discusión política que De la Torre instala de cara a 2027, elección en la que reconoció que le gustaría competir por la Gobernación.
Las dos propuestas parten de una misma pregunta: ¿es gobernable una provincia que concentra casi el 40% de la población argentina y reúne territorios con realidades económicas y sociales completamente diferentes?
La pregunta es válida. Las respuestas, por ahora, parecen estar más cerca de las consignas electorales que de una reforma posible.
Los intendentes también quieren una silla
La Liga de Intendentes Peronistas comenzó a acelerar su armado y ya se reunió con las principales figuras del PJ.
Primero pasó por Kicillof. Después mantuvo un encuentro en Merlo con Máximo Kirchner y, 24 horas más tarde, una delegación fue recibida por José Mayans en la sede nacional del partido.
El espacio está integrado por doce jefes comunales, entre ellos Gustavo Menéndez, Mariel Fernández, Federico Achával, Federico Otermín, Nicolás Mantegazza, Gastón Granados y Marisa Fassi.
Los intendentes expresaron su respaldo a Cristina Kirchner, analizaron el impacto de la política económica nacional sobre los municipios y coincidieron en la necesidad de construir una alternativa peronista con alcance nacional.
Pero el dato político es otro: la Liga no quiere quedar alineada exclusivamente con el Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora o el Frente Renovador. Busca construir un lugar propio dentro de la discusión peronista.
El próximo paso será ampliar la conversación con intendentes de otras provincias y darle al armado una dimensión federal.
Los jefes comunales son quienes reciben de manera directa los reclamos por la caída de los ingresos, el endeudamiento, la inseguridad, la falta de empleo y el deterioro de los servicios. Ahora quieren que ese peso territorial también tenga una representación propia cuando llegue el momento de discutir candidaturas.
Una provincia atravesada por dos urgencias
El programa 19 de Bonaerense en Off dejó dos planos claramente marcados.
En uno aparece una sociedad endeudada, con casi dos millones de personas que llevan más de tres meses sin pagar y municipios donde la morosidad supera el 30%.
En el otro, una política que ya empieza a ordenar —o desordenar— sus fuerzas para 2027. Kicillof no consigue los votos propios para avanzar con proyectos de Salud, el peronismo disputa quién controla la reforma política, algunos dirigentes proponen redibujar PBA y los intendentes buscan un lugar propio.
La política tiene derecho a discutir candidaturas, reglas electorales y modelos institucionales. El problema aparece cuando esas peleas ocupan todo el escenario y dejan en segundo plano una realidad que no espera los tiempos de la Legislatura.
Mientras se discute quién tendrá la lapicera en 2027, 1,84 millones de bonaerenses ya no pueden pagar las deudas que asumieron para llegar a fin de mes.
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