Por Luciana Isabela Quetglas*
El movimiento Ni Una Menos nace como una expresión colectiva con el objetivo de visibilizar la violencia por motivos de género. Este movimiento es el alzamiento de una voz masiva, plural y popular que buscó desnaturalizar la violencia machista. Es también la interpelación a un sistema patriarcal que nos quiere dominadas, sumisas y modositas. Y es en su matriz un acto político por naturaleza y de justicia por definición.
Los sectores neoliberales buscan retroceder en conquistas logradas a través de la lucha del Ni Una Menos, intentan derogar leyes como la de Identidad de Género (ley 26.743), los Derechos sexuales y reproductivos (ley 25.673), la Educación Sexual Integral (ley 26.150), la Interrupción Voluntaria del embarazo (ley 27.610), y otras tantas leyes garantes que vinieron a permitirnos poder elegir con libertad. Esta enorme contradicción argumentativa de los sectores de derecha dejar ver que no es tal la libertad que arguyen defender.
Es imperioso que la búsqueda por erradicar las violencias venga acompañada de un cambio de paradigma y de concepción de las políticas públicas, y que promueva una justicia de impacto real y tangible.
No es casual que estemos padeciendo un sistema judicial viciado de irregularidades, abrazado al poder real y que inventa maniobras temerarias que ponen en juego la garantía constitucional por la que deberían velar.
El disciplinamiento que pretende impartir el “poder judicial” a través del ataque a la vicepresidenta de La Nación, Cristina Fernández de Kirchner, revela la violencia concentrada hacia una mujer que ostentó salirse del guion de vida que el entramado misógino y patriarcal nos tienen asignado a las femineidades.
El mensaje que el sistema judicial exhibe, no investigando hasta las últimas consecuencias el intento de magnicidio, es canallesco y deja a las claras que no hay consecuencias si la víctima es una mujer que no les tiene miedo, y mucho menos si esa mujer es quien concentra el poder popular, los enfrenta, los desafía, los desenmascara y los interpela en su falta de ética profesional.
Nuestro deseo de vivir es proporcional a nuestra necesidad de una Reforma Judicial Feminista con Perspectiva de Género para lograr erradicar el origen misógino de ese poder concentrado y totalitario, que tiene como sujeto de desigualdad estructural a las mujeres y disidencias.
Cada vez que asistimos o acompañamos a una víctima de violencia, notamos el desamparo de un sistema judicial que lejos de protegerla la revictimiza y daña aún más, con las gravísimas secuelas que afectan a su salud mental en el proceso agónico por la búsqueda de justicia.
Para rediseñar el Pacto Democrático que han roto, es preciso que podamos construir sociedades dispuestas a desaprender las prácticas violentas naturalizadas. Necesitamos involucrar todas las voluntades en esta gesta, para vivir en sociedades sanas, donde la igualdad de oportunidades, la justicia social y la NO Violencia sean un derecho transversal comprometido con la dignidad e integridad de las personas.
*Lic. Luciana Isabela Quetglas, Psicóloga social – Integrante de la Comisión de DDHH Pancho Soares.
