El Gobierno nacional, a través de un decreto firmado por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ordenó el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar.
Esta unidad, que funcionaba desde 2004 dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), asistía a jueces y fiscales en la restitución de identidad de personas apropiadas durante el régimen cívico-militar.
El decreto 730/2024 argumenta que la unidad “violenta el régimen constitucional” al tener la facultad de investigar por iniciativa propia y acceder a documentos oficiales, citando como referencia el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Ángel Estrada y Cía. S.A.”.
Por su parte, organismos de Derechos Humanos criticaron la decisión, advirtiendo que esto ralentizará la búsqueda de los nietos desaparecidos y representará un obstáculo para la justicia y un perjuicio para la ciudadanía.
