Por Marcelo Magne*
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, una vez más, interrumpieron el orden constitucional en nuestro país. La última y más feroz de las dictaduras, el mismo día del golpe declaró el Estado de sitio, removió los poderes ejecutivos y legislativos, nacionales y provinciales, cesó en sus funciones a todas las autoridades federales y provinciales como así también a las municipales y las Cortes de Justicia nacionales y provinciales, declaró en comisión a todos los jueces, suspendió la actividad de los partidos políticos, intervino los sindicatos y prohibió el derecho de huelga, anuló las convenciones colectivas de trabajo, instaló la pena de muerte para los delitos de orden público, consideró objetivos militares a todos los lugares de trabajo y producción e impuso una férrea censura de prensa, entre otras medidas y acciones, que evidenciaban con absoluta claridad la instauración de un régimen extremadamente autoritario y decididamente criminal. Me refiero a acciones, tales como: el asesinato del Mayor Bernardo Alberte, exdelegado personal de Perón, perpetrado por un grupo de militares y policías que irrumpió violentamente en su domicilio. El secuestro del dirigente sindical René Salamanca, secretario general de la seccional Córdoba del SMATA, quien posteriormente sería asesinado y las detenciones de un importante número de trabajadores, ocurridas de manera ilegal en los lugares de trabajo. A modo de ejemplo: en Tigre, alrededor de 60 trabajadores navales de los astilleros ASTARSA y Mestrina fueron detenidos por el ejército, cuando se disponían a ingresar a sus respectivos trabajos.
El golpe, que dio inicio, a la gran tragedia argentina se concretó con el apoyo de importantes grupos de poder: grandes empresas, una parte importante de la jerarquía eclesiástica, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, los medios masivos de comunicación y el capital financiero. No es un dato menor el papel jugado por la Embajada de los EEUU y por los organismos internacionales de crédito.
El Banco Mundial, el FMI, el BID y los grandes bancos internacionales que le negaron al gobierno constitucional la posibilidad de refinanciar la deuda y se opusieron con firmeza al otorgamiento de créditos, adoptaron nuevos posicionamientos frente al gobierno de facto. Un día después del golpe, el FMI le concedió un importante crédito al nuevo régimen dictatorial. Además, ese mismo 25 de marzo, las acciones subieron fuertemente en la Bolsa de Comercio de Bs As.
Todo lo hasta aquí señalado ocurrió en las 48 horas posteriores al golpe que puso fin al gobierno de María Estela Martínez de Perón, ante la pasividad de amplios sectores y la resistencia de unos pocos.
Desde la perspectiva de la dictadura era necesario terminar con la intervención del Estado en la economía y con el modelo sustitutivo de importaciones. El plan económico de clara orientación neoliberal, diseñado por el establishment con antelación al golpe, para su aplicación requirió del disciplinamiento de la clase trabajadora y de la eliminación de toda oposición y para ello el gobierno de facto instrumentó un plan represivo y criminal que no registra antecedentes en la historia argentina.
Sin embargo, poco antes de cumplirse el primer aniversario del golpe y en medio una represión feroz y del cercenamiento de las libertades y la conculcación de los derechos, el diario La Nación en su columna editorial, de fecha 11 de febrero de 1977, titulada “Los derechos humanos en el mundo de hoy” expresaba, a través de su director Bartolomé Mitre, refiriéndose a la situación de en la Argentina y a la acción de gobierno, que: “ …en modo alguno muestra rasgos autocráticos en su inevitable tarea represiva, ni persecuciones inútiles. También es verdad que la mayor parte de las libertades, derechos y garantías tradicionales de las democracias siguen rigiendo con pleno imperio…”.
Días después, concretamente al cumplirse un año exacto del golpe, el periodista y escritor Rodolfo Walsh redactó e hizo circular la “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, en ella ponía de manifiesto la terrible realidad que otros, como La Nación, ocultaban, tergiversaban y hasta justificaban.
“Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror…..Más de siete mil recursos de Hábeas Corpus han sido contestados negativamente éste último año. Entre otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera ha sido presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después de que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados……….En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40% , disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar….”. Al día siguiente de la aparición de la carta, 25 de marzo de 1977, Walsh fue secuestrado y desaparecido. Esto ocurría en el país en el que al decir de Bartolomé Mitre: “las libertades, los derechos y garantías tradicionales de las democracias siguen rigiendo con pleno imperio”.
Lo cierto es y esto no es opinión, por el contrario son datos concretos e inobjetables, que en los siete años de dictadura: se cerraron 20 mil fábricas, se abrieron 340 centros clandestinos de detención, se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros, más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas, además fueron prohibidos más de 600 libros. Se persiguió a actores y actrices, a trabajadores del arte en todas sus disciplinas, a escritores y periodistas, muchos fueron asesinados.
La deuda externa se multiplicó por seis, la inflación acumulada durante el periodo 1976-1983 fue 517.000%, el aumento de la pobreza, de 4,4% en 1975 pasó al 37,4% en 1983. Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas, entre ellas: IBM, Ford, Fiat, Techint, City Bank, el Grupo Macri, etc. El monto correspondiente a la deuda privada que la dictadura convirtió en pública fue de 22 mil millones de dólares, cifra próxima a la mitad del total de la deuda externa generada en el periodo en cuestión. Recordemos que la deuda externa ascendía en 1983, cuando finalizó la dictadura, a 45.100 millones de dólares. La guerra de Malvinas y sus terribles consecuencias fueron el epílogo de un proceso, en el que sin dudas la violencia y la muerte alcanzaron un protagonismo inusitado.
Las Fuerzas Armadas, con complicidad civil, empresarial y eclesiástica, torturaron y desaparecieron a 30 mil personas, se estima que hubo alrededor de 500 nacimientos en centros clandestinos de detención y que más de 500 mil argentinos padecieron el exilio. No es necesario seguir puntualizando el terror, lo dicho es por demás de suficiente. Sólo los nostálgicos del autoritarismo o los interesados en consagrar la impunidad de aquellos, con los que comulgan ideológicamente o comparten los mismos intereses, niegan, tergiversan, falsean o intentan sepultar en el olvido un terrible pasado, que aun hoy a 40 años de la restauración de la democracia no hemos resuelto.
Lamentablemente el pacto democrático surgido en 1983, parece resquebrajarse ante el avance de una derecha extremadamente reaccionaria, intolerante y negacionista, que con sus discursos de odio incita a la violencia. Desde aquellos repudiables dichos de Mauricio Macri refiriéndose a “el curro de los Derechos Humanos”, seguidos por el 2 x 1 que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intento imponer, la continua vandalización de sitios de Memoria, los discursos negacionistas avalados por muchos medios de comunicación, la lentitud de los juicios de lesa humanidad, los beneficios otorgados por el poder judicial a una enorme cantidad de represores condenados -el 60% está con domiciliaria-. El caso de Sánchez Zinny, condenado el año pasado a prisión perpetua por secuestros y asesinatos cometidos en el Regimiento 6 de Mercedes, es más indignante aún, no sólo cumple domiciliaria, sino que se le autorizan salidas de dos horas y media los días sábados y domingos. Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, aquel que juega al fútbol en la casa quinta de Macri y que condenaron a Cristina Kirchner en la causa “Vialidad”, otorgaron los beneficios al genocida condenado. El intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación y el poco interés por parte del poder judicial de investigar un hecho de semejante magnitud debilitan la democracia y dejan al descubierto los profundos vínculos existentes entre los distintos grupos de poder, varios de ellos con activa participación en el gobierno dictatorial.
Hace unos pocos días, falleció Carlos Blaquier, uno de los empresarios más ricos y poderosos de la Argentina, que colaboró en el diseño del plan económico, que después del golpe instrumentó José Alfredo Martínez de Hoz. Emblema de los empresarios cómplices de la dictadura, Blaquier procesado en el 2012 por crímenes de lesa humanidad, jamás llegó a ser juzgado gracias a que la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema demoraron el proceso durante casi ocho años. La inestimable ayuda del Poder Judicial, para con el empresario comprometido con el terrorismo de Estado, garantizó su impunidad. El poder económico encarnado en la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio y personajes tales como: Paolo Rocca, Alejandro Bulgheroni, Martín Cabrales, Cristiano Ratazzi y Daniel Funes de Rioja, los economistas y voceros del establishment, Domingo Cavallo y Carlos Melconian, el expresidente Macri y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, obviando su complicidad con el gobierno dictatorial y, en particular con su plan represivo, lo despidieron con emotivos mensajes y profundo reconocimiento.
Hace 40 años, los argentinos y argentinas abrazamos con todas nuestras fuerzas el pacto democrático cuyos elementos basales son: la Memoria, la Verdad y la Justicia. Tiempo después nuestro país, por sus políticas de DH, pasó a ser reconocido internacionalmente y considerado como un ejemplo a seguir. Hoy, con profundo dolor, debemos decir que el pacto democrático concebido en 1983 está en riesgo frente al avance de una derecha reaccionaria que en alianza con una parte importante del Poder Judicial y los grandes medios de comunicación, debilitan el sistema democrático, atropellan sus instituciones y como históricamente lo han hecho, consagran privilegios. Está en nosotros, como Pueblo, defender para luego profundizar, aquello que con mucho esfuerzo conseguimos recuperar después de la ominosa experiencia dictatorial. Una democracia plena.
*Marcelo Magne, Profesor de Historia-Investigador – Integrante de la Comisión de DH “Padre Pancho Soares”
