El diputado nacional presentó un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital. Estima una recaudación mínima de $2,89 billones, destinada principalmente a provincias y municipios.
El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para gravar las operaciones que impliquen una salida efectiva de capitales de la Argentina.
La iniciativa propone crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), que alcanzaría el envío al exterior de divisas, valores negociables y activos virtuales.
La alícuota general sería del 3%. En caso de que los fondos sean transferidos hacia jurisdicciones de baja o nula tributación, se sumaría un 2% adicional.
Según la estimación incluida en el proyecto, el impuesto permitiría recaudar al menos $2,89 billones.
Cómo se distribuirían los fondos
La propuesta establece que el dinero recaudado tendría asignaciones específicas:
- 60% para provincias y municipios.
- 10% para salud y discapacidad.
- 10% para educación.
- 10% para jubilaciones y pensiones.
- 10% para medicamentos y atención médica del PAMI.
Los recursos destinados a las provincias y municipios podrían utilizarse en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vial y habitacional, además de recomposiciones salariales para trabajadores de salud y educación.
Qué operaciones quedarían excluidas
El proyecto no alcanzaría la compra o tenencia de dólares cuando los fondos permanezcan en el país. Tampoco gravaría el consumo, el ahorro interno ni las inversiones productivas.
Quedarían exceptuadas las importaciones documentadas, las compras minoristas en el exterior y la adquisición de bonos, Cedears o fondos cuyos activos continúen radicados en la Argentina.
El impuesto sí se aplicaría cuando exista una transferencia efectiva de capitales fuera del país. Entre los sujetos alcanzados se incluyen personas, empresas, fideicomisos, trusts, fundaciones y otras estructuras jurídicas.
En los fundamentos, los impulsores sostienen que la iniciativa busca desalentar operaciones financieras especulativas sin afectar el comercio exterior ni la actividad productiva.
El proyecto se presenta como una alternativa para compensar la caída de recursos nacionales destinados a las provincias y financiar políticas sociales e infraestructura.
