En las calles, aulas y plazas, a 45 años del golpe más nefasto, contra el poder desaparecedor y el negacionismo, las múltiples formas de la memoria continúan su resistencia cada día , conjurando el silencio y construyendo verdad y justicia.
¿Qué nos lleva cada 24 de marzo a recordar, a merodear ese doloroso pasado común que nos ha marcado a fuego como sociedad? ¿Cuál es el origen de esa fuerza incontenible, ese deber irrenunciable que nos impele a buscar los testimonios de las víctimas, de las y los sobrevivientes, a recorrer y reconocer lugares de encierro y desecho de los cuerpos, a plantar baldosas, pintar murales, erigir monumentos … a eslabonar una cadena de recordación que conjure la voluntad de silencio e impunidad del poder genocida?
Todas esas acciones que hacen presente el pasado, son formas del “deber de memoria “, la única respuesta ética posible a la obra nefasta que se llevó a 30.000 compañeras y compañeros, y cuyos ejecutores y cómplices hubieran visto realizada plenamente con el olvido. Pero no pudieron.
No pudieron porque se les opuso una fuerza que demostró ser superior al terror que infringieron y al odio que encarnaron. Y fue el amor de las madres que hecho ronda y pañuelo resignificó para siempre a nuestra Plaza de Mayo. Y a la consigna “El pueblo quiere saber de qué se trata” sumaron “Con vida los llevaron, con vida los queremos”
Y ese deber de memoria, tomado como propio por gran parte de nuestra sociedad, acompañó el reclamo y exigió y exige justicia. Una búsqueda colectiva con un recorrido que, en esta imperfecta democracia, sufrió retrocesos siempre resistidos. Así, se logró la condena a las juntas y el Nunca Más se hizo bandera, pero también fueron las leyes de punto final y obediencia debida. Cómo olvidar el indulto, y su repudio masivo en las calles. Y los juicios por la verdad. Y luego la derogación de las leyes del olvido y el reinicio de los juicios de lesa humanidad que aún continúan.
Y en este punto estimo apropiado recordar las experiencias colectivas particulares de las que puedo dar cuenta. Un 23 de marzo de 2017 Suteba Tigre sufrió un intento de infiltración por parte de un servicio que fue identificado a tiempo. El hecho fue denunciado ante el Juzgado de la doctora Arroyo Salgado. En el mismo sentido, nuestro sindicato fue objeto del espionaje ilegal por parte de la AFI durante la presidencia de Macri , lo que figura en la causa que llevaba adelante el Juez Ramos Padilla. Ambos sucesos muestran la persistencia, en democracia, de dispositivos y acciones propios de la dictadura. Y lo que era deber de memoria se vuelve acto del presente.
Pero volviendo al pasado, reciente, en relación con mi rol docente puedo relatar experiencias tanto más gratas. Porque la escuela, y especialmente la pública, es gestora de las disputas en cuanto a la transmisión del pasado, y especialmente del pasado reciente. Sucede simplemente, y a pesar de la resistencia de los sectores conservadores y negacionistas, que los efectos devastadores de la dictadura condicionaron y condicionan aún, la realidad económica y sociocultural …y el aula no puede permanecer ajena.
Si bien la provincia de Buenos Aires fue la primera en incorporar estas temáticas , desde 1988 el 16 de septiembre es el “Día de los derechos del estudiante secundario” , y a partir de 1996 , el 24 de marzo es efemérides , fue decisiva para su vigencia y profundización la apropiación, por parte de las y los docentes , y de las y los estudiantes, de este nuevo régimen de memoria social que supone poner en el centro a las víctimas y tratar de entender las condiciones que hicieron posible lo ocurrido.
Actor colectivo fundamental en este proceso, es la Comisión Provincial por la Memoria[1], organismo público integrado entre otros referentes de derechos humanos por Adolfo Pérez Esquivel . También Sandra Raggio, una de las responsables del Programa Jóvenes y Memoria que a lo largo de sus 20 años ha convocado miles de estudiantes y docentes[2] , constituidos en equipos de investigación sobre la dimensión local de lo sucedido en el pasado reciente pero que, año a año han ido sumando distintos temas como la violencia institucional, los derechos ambientales , y los géneros y la diversidad.
En Tigre, desde 2006 son numerosas las escuelas públicas que han participado de ese programa, invitando a actos y entrevistas a las y los miembros de la reconocida Comisión por la Memoria la Verdad y la Justicia de Zona Norte, como a otras y otros referentes de los derechos humanos; investigando sobre Haroldo Conti y Rodolfo Walsh; la represión de los trabajadores , como los de Ford y Astarsa ; la biografía de desaparecides de la comunidad, como el sacerdote Pancho Soares de la Capilla Nuestra Señora de Carupa , las docentes Rosa María Casariego y Alfonsina Juana Burga, que hoy tienen sus respectivas calles en el Barrio Enrique Delfino; o la militante Ana María Martínez, así como el artista plástico Tomás Abad, que se recuerda con una baldosa; tampoco los equipos han soslayado los problemas de la violencia policial o los perjuicios ambientales producidos por los megaemprendimientos inmobiliarios de Tigre.
De esas valiosas experiencias quedan no solo las vivencias que sin duda han modificado las distintas subjetividades de les participantes, tanto realizadores como sus receptores, sino los documentales , canciones y poemas, murales, publicaciones, revistas, obras de teatro, que fueron expuestas año a año en los Encuentros de Chapadmalal , que forman parte del acervo que custodia la Cpm y que formarán parte del archivo local.
En cuanto a la búsqueda de Justicia, un capítulo importante lo constituye el programa “Yo fui a los juicios con mi profe”[3] gracias a la cual les jóvenes pudieron participar de los juicios de lesa humanidad, como el de la Megacausa de Campo de Mayo . Estudiantes de escuelas secundarias acompañades por sus docentes. Allí, en la sala, la justicia con su ceremonial: la formalidad de los jueces, en cuyos rostros se adivinaba, ante un auditorio poco acostumbrado, una sorpresa contenida; los fiscales, los defensores…la no comparecencia de los acusados, en otros tiempos señores de la vida y de la muerte, que hubieran llegado en un transporte blindado; los testigos y las víctimas con su proximidad y su carnadura. Una experiencia invalorable para les jóvenes.
Un último relato que pone de relieve el papel de la escuela como lugar propiciador de memoria, verdad y justicia, que enlaza varias dimensiones temporales y simbólicas. Convocada por la exposición sobre Ana Frank, víctima de la Shoa Europea, llega a la EES N°8 de Pacheco, la madre de un estudiante cuya cuñada había sido víctima de la dictadura. Una militante, una joven embarazada cuyo cuerpo había aparecido el 12 de febrero de 1982 en Dique Luján, hoy Punta Querandí, sitio arqueológico querandí. Carmen le cuenta esa historia a un joven, quien la dirige hasta la bibliotecaria que formaba parte Jóvenes y Memoria de la escuela, quien la puso en contacto con otres profesores del programa. Así comenzó, la Comisión de Familiares, compañerxs y amigxs de Ana María Martínez, cuya primera reunión se realizó en esa escuela, el 10 de noviembre de 2012, día del nacimiento de Ana. Siguió la recorrida por el barrio y el lugar de hallazgo del cadáver, la búsqueda de testigos y documentos. En 2013, el emblemático día 8 de marzo, se erigió un monolito recordatorio en Punta Querandí, la comunidad plurinacional originaria que disputaba ese territorio sagrado a la voracidad inmobiliaria. Asimismo se emplazaron sendas baldosas en la casa y en la sede de Suteba Tigre. Con la Cpm como “amicus curiae” la historia de Ana María se judicializó con nueva fuerza, y formó parte del Juicio de la Megacausa de Campo de Mayo. Las y los estudiantes concurrieron a algunas audiencias. En diciembre de 2018 el inefable Pablo Llonto y su equipo lograron la condena a prisión perpetua de los exgenerales de Campo de Mayo Apa y Muñoz. En 2019, las y los estudiantes realizaron para llevar a Chapadmalal un documental sobre esta historia.
Los procesos de memoria, en cada reactualización adquieren la forma justa para funcionar como dispositivos de resistencia, el silencio y la muerte. Se cumplió, una vez más el deber de memoria, contra la pretensión de olvido de los genocidas; se fortaleció con cada acción el nuevo régimen de memoria social, recordando a las víctimas, tratando de reconstruir sus vidas y las circunstancias que las llevaron a sufrir lo que nunca debieran haber sufrido. Recordamos a Hannah Arendt enunciando que Auschwitz no debería haber sucedido. Pero sucedió. Y en nuestro país, décadas después, se planificó sistemáticamente, con la participación de sectores civiles, empresarios y eclesiásticos, la desaparición de personas para imponer un plan económico de miseria para el pueblo. Y las explicaciones estallan ante tamaña perversidad. Sin embargo nuestro deber es encontrar un significado a ese pasado para construir, en este presente, los nuevos horizontes de una sociedad más plena, para debatir sobre cómo superamos las condiciones que hacen posibles , hoy, las violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, lo que también nos lleva a recordar un nuevo 24 de marzo es impedir que se repitan las condiciones de posibilidad que lo permitieron. Porque no lo podemos permitir. Nunca más.
Por Virginia Baldo – Prof de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Letras – Secretaria de DDHH de Suteba Tigre – Participante de la Comisión de DDHH de Tigre Pancho Soares
Virbaldo4@hotmail.com
[1] La Cpm es un organismo público creado en 1999, que funciona de manera autónoma y autárquica. Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, el sindicalismo, el ámbito judicial y universitario , legisladores y religiosos de distintos credos.
[2] 185.000 jóvenes, 12.000 equipos de investigación, 21.000 docentes y coordinadores
[3] Iniciativa de Suteba Seccional Vicente López, el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de Tres de febrero y la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte,
