El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense presentó junto a más de 60 intendentes un documento ante el Gobierno nacional para exigir el pago de una deuda superior a $220.000 millones vinculada al Servicio Alimentario Escolar y reclamar mayor financiamiento para sostener la asistencia en escuelas.
El titular de la cartera social de la Provincia, Andrés Larroque, encabezó una presentación en la sede del Ministerio de Capital Humano dirigida a la ministra Sandra Pettovello, en la que se solicita regularizar los fondos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y actualizar los montos previstos para 2026.
Durante la actividad, el funcionario sostuvo: “Milei hacete cargo: menos Adorni y más alimentos para los chicos y las chicas de las escuelas”, en referencia al reclamo por el financiamiento del programa.
El documento cuenta con el respaldo de más de 60 intendentes bonaerenses de distintos espacios políticos y plantea la necesidad de una mayor participación del Estado nacional en el sostenimiento de las políticas alimentarias.
Además, Larroque cuestionó la falta de respuesta institucional durante la presentación: “Fuimos recibidos por la Policía y ningún funcionario del ministerio se acercó a recibir el pedido”, afirmó.
Según se detalla en el escrito, la deuda reclamada supera los $220.000 millones y está vinculada al financiamiento del SAE, que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes en los 135 municipios bonaerenses con prestaciones como desayuno, almuerzo y merienda.
En ese marco, los intendentes también solicitaron revisar los montos proyectados para 2026. De acuerdo con los datos expuestos, el requerimiento estimado asciende a $177.000 millones, mientras que la propuesta vigente del Gobierno nacional contempla poco más de $80.800 millones.
Desde la Provincia indicaron que, ante esta situación, se incrementó en un 30% la inversión destinada al programa para sostener la cobertura en un contexto de mayor demanda social y deterioro de los ingresos.
El documento advierte sobre el impacto de la situación económica en los sectores más vulnerables, con caída del empleo formal y aumento de los precios de los alimentos, lo que incrementa la necesidad de asistencia.
Por último, los firmantes plantearon la importancia de fortalecer la articulación entre Nación, Provincia y municipios para garantizar la continuidad de una política considerada clave en la asistencia alimentaria de niños, niñas y adolescentes.