Está la comunidad atravesando por una paradoja que subvierte todos los principios esenciales y normales del Estado de Derecho, pero que en definitiva parece el camino más lógico para solucionar o, por lo menos, paliar la coyuntura a que nos enfrenta la pandemia del coronavirus.
En efecto se ha decretado por el PEN en concordancia con todos los poderes provinciales y por tiempo no absolutamente determinado la reclusión domiciliaria de todos los habitantes. Ello, es una evidente restricción al derecho de transitar, salir y entrar al territorio de la Republica y al derecho de reunión, que expresamente establece la Constitución Nacional y en definitiva a la Libertad que preconiza el Preámbulo de la misma.
Y ante ello, se ha interpuesto un habeas corpus en jurisdicción de la CABA defendiendo esa libertad de tránsito y de reunión objetando la constitucionalidad de dicho decreto de necesidad y urgencia Nº297/2020 que dispuso el aislamiento obligatorio para evitar la propagación de la plaga. Y clara y rotundamente la sentencia dictada en ese proceso ha sentado el principio de doctrina ético y básico que debe guiar este momento histórico y ha rechazado la petición manifestando que no se vislumbra falta de racionalidad alguna y mucho menos restricciones cuando la norma ha puesto en mira absolutamente asegurar el bien común, máxime cuando es aplicable para toda la población sin distinción alguna, pues si bien la reclusión implica una severa restricción a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del orden público en cuanto al bien jurídico protegido, es decir la salud pública, y fue dictado por el PEN en ejercicio de las facultades emergentes del párrafo 2do del inc. 3 de la Constitución Nacional, con la finalidad de mitigar el brote de la pandemia que asola por estos días al mundo y que como tal fue declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de Marzo, y por lo tanto responde a una cuestión de salud pública para evitar una crisis sanitaria social de alcances internacionales e inconmensurables.
Algunos dirigentes políticos tanto nacionales como internacionales, algunos más categóricos que otros lanzaron la sospecha, la presunción o la teoría conspirativa de una guerra biológica.
Esta es una forma singular de combate, en la cual se emplean armas de diferentes tipos que contienen virus o bacterias capaces de infligir daño masivo sobre fuerzas militares y/o civiles, y cuyo uso militar no es nuevo pues en los documentos históricos se encuentra que ya los hititas del 1500-1200 a.C., conducían víctimas de peste hacia tierras enemigas y los asirios utilizaban al cornezuelo, un hongo parásito del centeno que produce ergotismo cuando se ingiere, Atenas y la Liga Anfictiónica envenenaron el suministro de agua del sitiado pueblo de Crisa (cerca de Delfos) con la planta tóxica eléboro y así hay otros varios ejemplos del uso de toxinas de plantas, venenos y otras sustancias tóxicas para crear armas biológicas en la antigüedad como en la Edad Media, cuando las víctimas de la peste bubónica fueron usadas para ataques biológicos, a menudo arrojando cadáveres y excremento sobre las paredes de los castillos usando catapultas.
Sin embargo, y pese a las experiencias por las que atravesó la humanidad no es necesaria ninguna guerra como las referidas sino que es suficiente con la autoflagelación de la sociedad para hacer peligrar su propia existencia. Es que como contracara de la pandemia del virus, se encuentra el tradicional y endémico desapego a las normas de la sociedad en que vivimos. Es decir, que pareciera que la guerra es contra nosotros mismos.
Al respecto se ha hablado en estos días de la posibilidad que se decrete el estado de sitio. Este es un régimen de excepción que debe ser impuesto por el Poder Ejecutivo, y es equivalente al de estado de guerra, y por ello se dan a las fuerzas armadas y policiales facultades preponderantes para los actos de represión. Durante el estado de sitio quedan en suspenso las garantías constitucionales, con mayor o menor extensión, según las leyes.
El estado de sitio, junto con la intervención federal, los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y la delegación legislativa, conforman los denominados institutos de emergencia, consagrados en la Constitución de la Nación Argentina. El estado de sitio es considerado como una medida excepcional y extraordinaria cuya declaración compete a los poderes políticos del gobierno federal, dictada en circunstancias de extrema gravedad para el orden público, la seguridad común y la paz interior, que pueden ser generadas tanto por conmoción interna (desórdenes domésticos de gravedad, crisis económicas, sedición, etc.) como por ataque exterior (invasión por un Estado extranjero o cualquier otra fuerza hostil foránea como puede ser una plaga ).
Y nadie puede dudar que el País y el Mundo se encuentra en guerra contra un enemigo invisible pero real y extremadamente peligroso, ya sea que alguien lo haya provocado adrede como afirman los políticos a que se hizo referencia más arriba, o la más difundida teoría de transmisión por algún animal en China donde nació la plaga . Y también resulta indubitable que la única forma de controlar la pandemia, por lo menos hasta que se desarrolle la medicación eficaz para su cura o prevención, es el aislamiento para evitar el contagio.
Estamos viendo en estos días con desconsuelo que el exceso de individualismo y desaprensión y la carencia de solidaridad social y respeto por la autoridad, las normas legales y sus congéneres , de muchos de nuestros conciudadanos, los lleva a violar las disposiciones restrictivas, circular y reunirse con el gran peligro que ello conlleva para la Salud Pública por lo cual ante esta situación emergencial las garantías constitucionales en juego pueden llegar a ser suspendidas hasta que se supere la crisis, es decir, hasta que las circunstancias de gravedad que hicieron necesaria su declaración hayan cesado; y puedan ser restablecidas.
Y ello es una facultad que se confiere por elArt. 23 de la Constitución Nacional por el que en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.
Quizás la cantidad de casos en el país, daría la idea de que no se ameritan las restricciones que impone el decreto y que son alarmistas y exageradas. Sin embargo, la historia reciente de otros países indica que si no se toma al toro por las astas, este es el que te va a dar la cornada. En los países europeos el aumento exponencial de los casos de enfermos por el virus fue producto primordialmente por privilegiar otros factores antes que la Salud Pública y, habrían disminuido en gran manera el impacto del flagelo si se hubieran tomado las medidas apropiadas a su debido tiempo.
Esperemos que nuestra Sociedad reaccione a tiempo, porque está en juego su propia existencia. Y es verdad que es un gran perjuicio tanto individual como social las restricciones que impone el momento, además de inicuo que los ciudadanos se encuentran recluidos mientras el enemigo invisible circula libremente por el país y por el mundo.
Y esa es la paradoja. Mientras el art. 18 de la Constitución nacional establece que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, la situación social determina que seamos los ciudadanos todos quienes para estar sanos, debemos estar limpios y recluidos en nuestras casas.
A partir de Kant se puede hablar de una filosofía subjetiva, por cuanto considera que todo conocimiento obtiene credenciales epistemológicas cada vez que se averigua la “forma subjetiva” que posibilita su obtención. No es posible por lo tanto una reflexión válida si no se halla precedida de una exploración de sus “condiciones de posibilidad”, es decir, de una exploración de las “condiciones subjetivas” que la posibilitan. Para Kant ese sujeto se identifica con la “razón humana en general”.
Por otra parte, Thomas Hobbes dice: el hombre a lo que más teme es a la muerte y al hambre. La revolución copernicana es dejar de relacionar la reclusión con castigo, hay que valorizarla para la seguridad y adquisición del arte para vivir. La educación en el hacer es necesaria
La medida de privarla de su libertad física es extraordinaria y el objetivo que se persigue a través de ella es la tranquilidad de la comunidad; de ningún modo es un medio de tormento y que, como se lee en El Quijote (II- cap. XLIV): «Nacen de los mismos sucesos que la verdad ofrece».
Por lo tanto, este es un momento histórico en la que el fatalismo de nuestra idiosincrasia debe ceder y operar como una bisagra en la que debe aflorar la Responsabilidad Social de todos los habitantes de la Nación sin encasillamiento, bandería ni partidismo alguno, solo la conciencia de la obligación moral de preservar al mundo tal como lo conocemos.
Por Mario Aldo Rosin