Por Marcelo Magne*
Es difícil entender qué a 49 años del golpe cívico militar, que instauro la última y más feroz dictadura de nuestra historia, la sociedad argentina, vuelva hoy a enfrentar los terribles fantasmas que tanto daño provocaron en el pasado.
La quiebra del pacto democrático consensuado en los albores del gobierno de Raúl Alfonsín, lamentablemente se ha consumado. La democracia, como sistema de gobierno y como forma de vida, el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional, el respeto por la división de poderes, el “Nunca Más” y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, quedaron sepultadas bajo el aluvión autoritario encarnado en el partido de gobierno curiosamente llamado “La Libertad Avanza”.
Libertad y República, proclaman hasta el hartazgo, el presidente Javier Milei y sus adláteres, mientras cercenan libertades y embisten, una y otra vez contra el sistema republicano. Reiteradamente Milei ha manifestado su desprecio hacia el poder legislativo. Su discurso al asumir la presidencia, ignorando la asamblea legislativa y dando la espalda al congreso, sus repetidos insultos a diputados y senadores, su recurrente y abusivo uso de decretos de necesidad y urgencia y del veto, evidencian un claro menosprecio por el parlamento y la intención de imponer un liderazgo de carácter personalista y orientación autoritaria.
No olvidemos que el presidente, en tiempos en los que era candidato, no respondió, si creía en el sistema democrático. En cuatro oportunidades, la periodista que tuvo a cargo la entrevista repitió de manera muy concreta la pregunta que Milei evadió una y otra vez, exteriorizando cierta incomodidad. Inmediatamente y ya ocupando la presidencia, emitió el DNU 70/23, en el que se atribuye facultades extraordinarias. El empoderamiento del poder ejecutivo, en desmedro del parlamento, no era necesario, ni urgente, además de ser contradictorio con el espíritu de la reforma constitucional de 1994, que buscaba imponer límites al régimen presidencialista. Las pretensiones autocráticas quedan al descubierto y se confirman permanentemente. El nombramiento de dos jueces para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por decreto y el reciente DNU que evita el tratamiento en las dos cámaras de un nuevo y desconocido acuerdo con el FMI, son claros ejemplos que sustentan lo antedicho.
La ilusión autocrática de Milei y los consecuentes embates contra el poder legislativo, además, son acompañados por discursos y acciones desbordantes de violencia. Los discursos de odio pletóricos en insultos, amenazas y descalificaciones de todo tipo, dirigidos a todos aquellos que piensan distinto nos remiten a las épocas más oscuras de nuestro pasado. Palabras que tienen terribles connotaciones en la sociedad argentina, como desaparecer, exterminar y eliminar, son repetidas con una naturalidad asombrosa en el discurso oficial. Naturalidad con la que se justifica la violencia represiva que Patricia Bullrich propone y aplica como respuesta a los justos reclamos populares.
Si bien, no es el objetivo de este artículo reseñar los numerosos y barbáricos hechos cometidos por las fuerzas represivas, durante estos quince meses de gobierno, de ninguna manera podemos soslayar lo sucedido el miércoles 12 de marzo último, durante la marcha de los jubilados. La brutalidad y el ensañamiento de las fuerzas federales quedó registrado en imágenes que serán difíciles de olvidar.
El fotoperiodista Pablo Grillo impactado por un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, mientras sacaba fotos de la marcha y la estremecedora caída de una jubilada octogenaria, salvajemente golpeada por un efectivo de la policía federal, además, de un escenario invadido por gases, balas de goma, chorros de agua y provocadores infiltrados, son testimonios elocuentes y demostrativos de un accionar repudiable, que el gobierno y un aparato comunicacional cómplice justifican a partir de un relato mentiroso, vil y estigmatizante.
Peligrosamente el gobierno libertario, criminaliza la protesta social, agita la delirante idea de una conspiración golpista y acusa de delincuentes a integrantes de movimientos sociales y sindicatos, a los que se referencian en la izquierda o en el kirchnerismo y a toda militancia opositora en general. Patricia Bullrich, se ve que no bien informada, mientras Pablo Grillo gravemente herido, recibía atención médica, dijo ante los medios que estaba detenido y seguidamente sostuvo a modo de justificación: ” es un militante kirchnerista, que trabaja en Lanús, un municipio gobernado por Julián Álvarez”.
Perdón ministra, pero en democracia, militar en una fuerza política determinada y trabajar en un municipio gobernado por un partido político ubicado en la oposición al gobierno nacional, no es delito, es normalidad absoluta. Claro usted, al igual que el gobierno al que pertenece, descreen de la democracia y han dado acabadas muestras de ello.
Santiago Caputo, días después de la marcha del 12/03, escribió en su cuenta de X:” El socialismo no se discute, se erradica. La casta no se reforma, se destruye. Los enemigos del progreso no se convencen, se eliminan. Y no vamos a parar hasta que el último de ellos desaparezca”. Declaraciones de este tipo, que no requieren análisis o interpretación alguna, dada su claridad, encontramos en cantidad. Entre ellas, merece una mención especial, aquel amenazante mensaje que el presidente lanzó, ante la catarata de críticas a Elon Musk, por su polémico gesto en la asunción de Trump, como presidente de Estados Unidos: “los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta. Zurdos hijos de puta tiemblen”.
Por último, es pertinente reparar en una cuestión que bajo ningún punto de vista podemos ignorar, nos referimos a la ofensiva gubernamental que busca garantizar la impunidad de los genocidas. En este marco, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sufren la embestida destructiva del gobierno, cuya bandera es el negacionismo, al que tratan de ocultar bajo un relato insostenible, titulado “Memoria completa”. Dicho relato no es otra cosa que la justificación del terrorismo de Estado, elaborada a partir de una narrativa falaz que sostiene que en nuestro país hubo una guerra civil con bandos enfrentados, además de una continua búsqueda, inadmisible por cierto de simetrías entre delitos comunes y de lesa humanidad.
Las visitas a los genocidas presos, los videos presentados por Juan Bautista Yofre, el 24/03/24 y por Agustín Laje días pasados, junto a la destrucción del monumento al respetable y reconocido historiador Osvaldo Bayer y otras tantas manifestaciones propias del preocupante proceso que estamos transitando, nos provocan, nos indignan y nos alarman.
Lo hasta aquí expuesto, es por demás de suficiente, para demoler el discurso oficial que proclama a los cuatro vientos Libertad y República, mientras avasalla al parlamento, restringe libertades, cercena derechos, reprime y justifica la violencia con un discurso excesivamente agresivo, embiste contra las fuerzas políticas opositoras, el periodismo crítico y los organismos de Derechos Humanos, a quienes considera enemigos a los que hay que eliminar.
Indudablemente, estamos frente a un gobierno autoritario, negacionista y profundamente antipopular, que no tiene apego alguno por los valores democráticos y que nos lleva por un camino que inexorablemente conduce a la destrucción de la república democrática. Los peligros se ciernen sobre una sociedad que parece no advertir, la posible implantación de un régimen autocrático.
Los casos de Juan María Bordaberry Arocena (Uruguay) y Alberto Fujimori (Perú), pueden ser espejos donde mirarnos. En la historia, escuela común del género humano, encontraremos razones y fundamentos para no ignorar, naturalizar o aceptar lo que está ocurriendo. La contundencia de lo aquí señalado nos exime de mayores comentarios. El huevo de la serpiente ya está entre nosotros, si lo observamos con detenimiento, vemos al pichón moverse en su interior, pequeño, pero ya venenoso. Está en nosotros, impedir que rompa el cascarón.
*Marcelo Magne – Profesor de Historia-Investigador – Miembro de la Comisión de DH, “Padre Pancho Soares.
