La Defensoría del Pueblo bonaerense le exigió a la Provincia que inhabilite el zoológico de Luján, luego de constatar que el accionar de las autoridades de ese parque violó la ley al provocar el sufrimiento de los animales expuestos al público.
Con un reclamo administrativo a la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Agroindustria provincial, el organismo que conduce Guido Lorenzino pidió que se quite al de Luján del Registro Provincia de Parques Zoológicos por sucesivos incumplimientos a la ley 12.238.
Puntualmente, la Defensoría corroboró, luego de una inspección en el zoológico, que las autoridades del lugar permitieron que el público ingrese a las jaulas para alimentar o tocar a los animales, lo que está prohibido expresamente por esta ley.
“Observamos animales hacinados o con collares de ahorque con cadenas, como en el caso de los leones y los tigres, que además sufrían stress por el contacto con la gente. Incluso, esta situación era promocionada por las autoridades del zoológico para sumar visitantes”, precisó Lorenzino.
En ese línea, el Defensor del Pueblo expresó que “es necesario considerar a los animales como personas no humanas sintientes, lo que permite introducir la noción de sentimiento y también una instancia de personalidad, que no se refiere a la humana sino a la jurídica, que reconoce derechos a quienes gocen de este estatus”.
Por lo tanto, si las autoridades provinciales hacen lugar al pedido de la Defensoría, el zoológico ya no se encontraría en condiciones de funcionar, es decir, no podrá contar con animales vivos de la fauna silvestre en cautiverio o semicautiverio para su exhibición y/o con propósitos educativos, científicos y conservacionistas.
La intervención de la Defensoría
Luego de una petición creada en change.org por la organización Animalista Independiente Argentina, que reunió más de 320.000 firmas y pidió la intervención del organismo para que se cierre el zoológico de Luján, la Defensoría llevó adelante una actuación para recabar información sobre el estado de este parque.
En ese sentido, envió un pedido de informes a la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia para determinar las condiciones en que se encontraba el zoológico, si se realizaron inspecciones, etc. En la respuesta oficial, se pudieron advertir infracciones a la norma, mal cuidado de los animales, entre otras faltas, que claramente iban en contra de lo establecido por la ley 12.328.
Tras esta respuesta, la Defensoría inspeccionó las instalaciones del zoológico y relevó las prácticas que se llevaban a cabo, además del estado en el que se encontraban los animales en cautiverio, lo que confirmó las infracciones informadas y motorizó el pedido de inhabilitación.
