El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, junto a intendentes de todo el país, presentó un documento ante el Ministerio de Economía para exigir la baja del precio de los combustibles, la reactivación de la obra pública y el fin del recorte de fondos nacionales.
La presentación se realizó con la participación del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, acompañados por jefes comunales de 14 provincias.
En ese marco, Katopodis sostuvo: “Con intendentes e intendentas de todo el país vinimos a exigirle al Ministro Caputo que retrotraiga el precio de la nafta al 1° de marzo, haga las obras que están obligados por ley y frene el recorte de fondos nacionales”.
El funcionario advirtió sobre el impacto de los aumentos en la economía y señaló: “La nafta aumentó 542,7% desde que asumió este gobierno, lo que impacta en el transporte, la logística, la producción, los alimentos, y vuelve a golpear el bolsillo de la gente”.
Durante la presentación también se cuestionó la ejecución de recursos vinculados al impuesto a los combustibles. “El estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con 6,1 billones de pesos que debían invertirse en el arreglo de rutas y caminos”, afirmó Katopodis.
El reclamo se apoyó en un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), que indica que el precio de la nafta registró un incremento del 542,7% desde el inicio de la actual gestión nacional, con un impacto directo en costos de transporte, producción y consumo.
Según ese relevamiento, en lo que va de 2026 los combustibles aumentaron un 24%, por encima de la inflación y del crecimiento de los salarios. Además, se señaló que Argentina se ubica entre los países con precios de nafta más altos en comparación internacional.
El documento también plantea que una parte significativa del precio final corresponde a carga impositiva, y que los fondos recaudados por ese concepto deberían destinarse, según la normativa vigente, a obras de infraestructura vial.
La jornada contó con la presencia de más de 120 intendentes de distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Chubut, en un reclamo que busca instalar la discusión sobre el impacto del precio de los combustibles y la paralización de la obra pública en la economía local.
El planteo se da en un contexto de tensión entre gobiernos provinciales y el Ejecutivo nacional por la distribución de recursos y el financiamiento de obras, con impacto directo en el funcionamiento de los municipios y en la actividad económica de distintas regiones del país.