El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina (ODSA UCA) presentará este jueves a las 15.30 el informe Barómetro de la Deuda Social de la Infancia: “Infancia (s). Progresos y retrocesos en clave de desigualdad”.
El acto de presentación será a las 15.30 en el Auditorio Santa Cecilia (Av. Alicia M. de Justo 1500) en el subsuelo del edificio San Alberto Magno, del Campus Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, y estará a cargo de la doctora Ianina Tuñón, Investigadora Responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia y del doctor Sebastián Lipina, Unidad de Neurobiología Aplicada (Cemic-Conicet).
En el informe se procura dar cuenta de los avances, retrocesos y situaciones de estancamiento de un conjunto amplio de indicadores en ocho dimensiones de derechos humanos y sociales de la infancia y adolescencia. Si bien parte importante del objetivo está puesto en la evolución de la incidencia del déficit, privaciones y carencias que experimentan las infancias en cada una de las dimensiones de derechos consideradas, también se advierte sobre las disparidades sociodemográficas, socioeconómicas y entre regiones urbanas, que permiten reconocer diversas infancias y adolescencias en el país.
Entre los principales resultados, se destaca que el riesgo alimentario en la infancia se incrementó en el último período interanual, 2017-2018, en un 35%. La proporción de niños en hogares que no logran cubrir las necesidades alimentarias de todos sus miembros por problemas económicos, se estima que 2018 alcanzó al 29,3%, y de modo directo a través de la experiencia del hambre al 13%. Ambas cifras son las más elevadas de la década.
En cuanto al derecho a la salud, la cobertura de salud pública se incrementó en alrededor de un 10% a nivel de la infancia y adolescencia entre 0 y 17 años en los últimos tres años. Los niños en el 25% más pobre registran 6,4 veces más chances que pares en el 25% superior de los sectores medios y medios altos de tener como única opción para la atención de la salud el servicio público. Dos de cada diez niños y adolescentes no asistieron a una consulta al médico durante el 2018. Además, se estima que 44% de los chicos/as en 2018 no realizó una consulta al odontólogo.
Según las estimaciones de la EDSA 2018, casi la mitad de la infancia en el país urbano vive en condiciones medio ambientales contaminantes. Esta situación mejoró levemente entre 2010 y 2018 (1,4%; y 3,7% entre 2015 y 2018). Por otra parte, la vivienda precaria en términos de la construcción de la misma, es un déficit que afecta en 2018 al 23,8% de los chicos/as, aunque se reconocen mejoras sostenidas que entre los años de punta del período 2010-2018 reportan mermas del 9,7%, y 2,7% entre 2015 y 2018. A esto se le suman las problemáticas de hacinamiento y del saneamiento. Este último, se estima que afecta al 41,9% de la infancia en el tercer trimestre de 2018, con mayores cifras en los niños bonaerenses: 58,3% en 2018.
En cuanto al derecho a la subsistencia, el indicador de pobreza monetaria en la infancia y adolescencia, alcanzó en 2018 al 51,7% y es la cifra más elevada de la década. Los pobres indigentes se estiman en 10,9% para este mismo año. Es decir, que en el último período interanual se incrementó la pobreza infantil en un 11,2%, según las estimaciones de la EDSA.
Las infancias del Conurbano Bonaerense, sin dudas las más pobres entre los pobres. En 2018, la pobreza monetaria alcanzó al 63,6% de los niños, las niñas y adolescentes bonaerenses, y 15,4% son pobres indigentes.
La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se estima que en 2018 afectaba al 27,2% de la infancia urbana en el país. Con tendencia a la merma, que entre 2010 y 2018 se estima en casi un 20%, y entre 2015 y 2018 un 6,3% (tomando los años de punta de los períodos señalados). Es decir, que aspectos estructurales del espacio del hábitat, de la capacidad de subsistencia y escolarización de niños/as entre 6 y 12 años han mejorado y/o al menos no han empeorado.
En el espacio de los procesos de crianza y socialización, son muchos los indicadores que se analizan y en tal sentido se realiza una breve referencia a algunos de ellos. Sin dudas, el déficit de estimulación a través de la palabra en los niños es algo a notar. Casi 4 de cada 10 niños hasta 12 años no suelen ser receptores de historias orales o lectura de cuentos, y esto sucede en el 34% de los menores de 5 años y en el 47% de los niños pobres en términos monetarios. Las desigualdades sociales son significativas.
El maltrato físico como forma de disciplinar a niños y adolescentes alcanza al 24,8% en 2018, y si bien sigue una evolución positiva en los últimos años tendió a estancarse y revertir su tendencia. También es una práctica que registra disparidades sociales en crecimiento.
También hay un déficit generalizado en las oportunidades de socialización en espacios extraescolares como el deporte y la cultura, y en cuanto al acceso de recursos de la información como el libro, la internet, la computadora o el celular. Según las estimaciones de la EDSA, en 2018, un 47,7% de los niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años no tiene acceso a un servicio de internet en sus viviendas. Las desigualdades sociales se han ampliado, y las infancias bonaerenses y del interior urbano mantienen una marcada desventaja respecto de las porteñas.
En el espacio de la educación, el ejercicio pleno del derecho requiere de ofertas con apego a la ley y con equidad. Sin poder dar cuenta de la calidad, este informe ofrece una aproximación a aspectos que la Ley de Educación Nacional establece para la educación primaria como metas y ofertas que deben formar parte del nivel como la ampliación de la jornada escolar, la formación en el espacio de la música, las artes plásticas, la educación física, los idiomas extranjeros y nuevas tecnologías. Los déficits en estas ofertas son elevados y en algunos casos no se registran avances. La abrumadora mayoría de los niños/as escolarizados en la educación primaria asiste a escuelas de jornada simple y estamos lejos de alcanzar la meta del 30% especialmente orientada a los sectores sociales más vulnerables. Por el contrario, se trata de una oferta educativa acotada a las infancias de la Ciudad de Buenos Aires, y con mayor prevalencia en las escuelas de gestión privada.
Por otra parte, todavía 40% de los estudiantes no tiene oferta educativa en idioma extranjero y la enseñanza de computación en la educación primaria no llega al 50,6% de los estudiantes.
Finalmente, el trabajo infantil se mide a través de las tareas domésticas intensivas y económicas que son realizadas en el mercado por niños y adolescentes entre los 5 y 17 años en la Argentina urbana. Se estima que, en 2018, un 15,5% realizaba algún tipo de trabajo. Entre los años de punta del período 2010-2018 se registra una merma de alrededor de un 19%, sin embargo, dicho progreso parece revertirse a partir del último período interanual tanto por un incremento del trabajo doméstico como el llamado trabajo económico. Lo novedoso de este incremento reciente del trabajo infantil, es que el mismo creció en estrato sociales medios no profesionales y en el interior del país. Los más afectados siguen siendo los adolescentes, las mujeres cuando se trata de trabajo doméstico y los varones cuando son labores para el mercado.