Hoy, 10 de octubre, se conmemora a nivel mundial, el Día de la Salud Mental. Es una oportunidad para que reflexionemos sobre la importancia de poner en agenda las políticas públicas de salud mental integrandolas en el campo de la Salud.
Es un día para que continuemos fortaleciendo el compromiso con otra salud mental posible, una de calidad, equitativa, con calidez humana, que dé respuesta a los problemas prevalentes de la comunidad y que garantice derechos y la continuidad de cuidados.
Argentina ha implementado en los últimos años un plexo normativo protector y promotor de los derechos de las personas con padecimientos mentales. En el año 2010 se promulgó la Ley Nacional de Salud Mental, que es una herramienta jurídica de excelencia, reconocida internacionalmente, que contempla diferentes documentos y acuerdos de organismos internacionales, como la Declaración de Caracas, Principios de Brasilia y el Consenso de Panamá, los cuales instan a los países a una transformación del modelo de abordaje de la salud mental, hacia uno centrado en la comunidad.
Si bien ha habido importantes avances en los procesos de transformación del modelo de atención, las internaciones prolongadas como respuesta en salud mental aún perduran y constituyen una deuda histórica que tenemos como nación.
Mientras haya una persona viviendo en un hospital por motivos de salud mental, hay un derecho vulnerado, hay una libertad menos, un dolor que persiste.
Es por ello, que la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, asumió el compromiso de avanzar hacia la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Así lo expresó el Dr. Adolfo Rubinstein, secretario de Gobierno de Salud, en el evento paralelo de Salud Mental en las Américas realizado en Washington el 1 de octubre de este año, en el marco del 57° Consejo Directivo de OPS, ante los ministros de salud y autoridades sanitarias de los países de la región: “En definitiva el objetivo último que perseguimos nosotros, es implementar efectivamente la ley de salud mental en la Argentina, que ha sido y sigue siendo un importante avance en la ampliación de derechos para las personas, cuyos derechos fueron vulnerados históricamente a través de la institucionalización, la manicomialización y muchas otras prácticas que estigmatizaron y separaron a estas personas”.
En este sentido, existe hoy en Argentina un fuerte consenso en diversos sectores del campo de la salud mental, que fortalece y potencia el proceso de reforma del modelo de atención, que aún no es homogéneo en las diferentes provincias y servicios de atención del país.
Teniendo en cuenta el sistema federal de nuestro país, desde la Secretaría de gobierno de Salud se ejerce el rol de rectoría y se trabaja con jurisdicciones en la búsqueda de consenso para la implementación y la gestión de estos cambios y así se obtuvo el apoyo de todos los ministros de salud de las provincias, que se comprometieron en avanzar en la implementación de estos cambios.
La salud mental forma parte de una de las estrategias priorizadas de la Secretaría de Gobierno de Salud, como es la Cobertura Universal de Salud, tendiente a reducir la brecha entre los problemas prevalentes de salud y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, a través de una cobertura efectiva, oportuna, de calidad y con continuidad de cuidados. Se incluyó a la salud mental en la estrategia de Salud Familiar y Comunitaria, lo que significó fortalecer la atención en territorio, a través de las redes integradas de salud.
A causa de ello se realizan capacitaciones conjuntas con la Organización Panamericana de la Salud –OPS- que son llevadas adelante por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Las mismas están dirigidas a los no especialistas en salud mental que se desempeñan en el primer nivel de atención y se encuentran orientadas a la creación de equipos de abordaje psicosocial (EAPS).
La realización del Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, llevado adelante por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones con el apoyo de la OPS, durante el 2018 y 2019, es además de un avance claro en la implementación de la ley nacional, un hecho histórico, porque se trata del primero de estas características realizado en Latinoamérica y releva información sensible para la elaboración y evaluación de la política pública en el área. También la creación de las Pautas de Organización y Funcionamiento de Dispositivos de Salud Mental, es una herramienta fundamental para que los decisores de políticas públicas del país organicen sus sistemas de salud desde un modelo comunitario.
Lo que sucede con la Salud Mental en nuestro país nos obliga a actuar, a fortalecer las decisiones, para que nos demos cuenta que el tiempo es ahora, que cada persona que vive en un hospital tiene el derecho de vivir en comunidad y nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo necesario para cambiar su realidad.
Por eso creemos que es necesario un compromiso sostenido a lo largo del tiempo de todos los actores: una política de Estado que trascienda a los gobiernos, que incluya las organizaciones de la sociedad civil, a los usuarios y familiares, a los organismos de derechos humanos, a los sindicatos y a los trabajadores.
Sabemos que este proceso requiere de un profundo cambio cultural que implica a toda la comunidad. Debemos promover una sociedad más respetuosa de la diferencia y que acepte e incluya a las personas con padecimientos mentales, y así continuar fortaleciendo la convicción de que no hay salud sin salud mental.
Por Luciano Grasso – Director Nacional de Salud Mental y Adicciones – saludmentalnacion@gmail.com
