La actual administración gubernamental está pensando en un blanqueo de capitales, según ha salido publicado en diferentes medios gráficos y audiovisuales. A saber por los trascendidos[1], el objetivo que se persigue, sería apalancar desde la inversión en algunos rubros de la economía la recuperación de la devastada situación post pandemia. Vendría bien entonces, en este momento, aclarar de que se habla cuando se hace referencia al blanqueo de capitales.
La lógica neoliberal con su apertura a la libre circulación de capitales en el mercado financiero global, implico cambios profundos en el sistema mutando de la centralidad en el circuito de producción al de circulación del capital. Consecuencia directa de este hecho fue la pérdida de soberanía de los Estados nación para controlar el flujo de capitales y agravando por ello las ya recurrentes crisis de sus cuentas fiscales. En ese contexto aparece el blanqueo de capitales, que representa una injusticia desde el vamos para quienes son fieles cumplidores de sus obligaciones fiscales. El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) recoge que la acepción del término blanquear es “ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables”, como el que procede, por ejemplo, del narcotráfico, de la corrupción, del contrabando de armas, del secuestro de personas, del tráfico de obras de arte, de mascotas, etc. Sin llegar tan lejos, para el caso de Argentina en lo que hace a la obtención de las divisas fugadas, lo cierto es que en la base de este problema se encuentra la elusión de las obligaciones impositivas de los grandes jugadores del mercado, y ello tiene como correlato directo el desfinanciamiento de la arcas del Estado.
Estos procedimientos de fuga de capitales tienen su origen en nuestro país en la Ley de entidades financieras (Ley N° 21.526) sancionada durante la última dictadura cívico – militar en el año 1977 (No estaría demás, pensar en algún momento derogar esta ley de la dictadura, si se busca romper con la lógica neoliberal). Según un informe de El Economista[2], hubo 6 blanqueos desde 1987 aunque fueron tres en el período 2008-2016, a un promedio de uno cada 2 años y medio. Adicionalmente, y aunque no fueron blanqueos propiamente dichos, hubo además dos jubileos fiscales indirectos gracias al aplicado por Domingo F. Cavallo mediante un seguro de cambio a los pasivos empresarios en dólares en 1982 cuando era Presidente del BCRA y luego la pesificación de las deudas bancarias en dólares que nuevamente licuaron pasivos empresarios realizada por el expresidente Eduardo Duhalde y su ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, a principios del 2002.
Ahora bien, tomando en cuenta los datos históricos, sería importante llegado este punto, evaluar el blanqueo de capitales en términos de eficacia respecto del desarrollo económico[3]. En este tópico se podría reconocer que la experiencia es francamente negativa. Los últimos tres blanqueos fueron realizados en un lapso de siete años y medio, promediando uno cada dos años y medio. Desde el último de Macri-Prat Gay pasaron más de tres años y hoy el Estado sufre una gran sequía de recursos. En función de ello las autoridades que asumieron el 10 de diciembre, presionadas por las circunstancias actuales y ¿tal vez? contra sus mejores intenciones, se ven obligadas por la realidad a implementar otro jubileo tributario, ya no para cumplir con las metas anuales de superávit fiscal que impone nuestro principal acreedor, el FMI, sino para intentar salvar a la economía del colapso definitivo, COVID 19 mediante. Lo cierto y es un dato de la más pura realidad, que nunca un blanqueo de capitales ha sido solución para los problemas estructurales de la economía nacional. Es más, funciona como un claro desincentivo para quienes cumplen draconianamente con sus imposiciones fiscales y en clave política desilusiona a los ciudadanos que piden, – como un sediento agua en el desierto -, un poco de justicia y de igualdad ante la ley. Tal vez, dado el tiempo excepcional que nos toca vivir, sea una buena oportunidad para el desarrollo de políticas innovadoras en la materia. Premiar a quienes cumplen con las leyes y penar a quienes las violan, sería una línea muy interesante para explorar. Todo ello sin entrar a evaluar otras posibilidades, como el control estatal del comercio exterior, tema que dejamos para analizarlo en otro momento. Por una vez en nuestra historia reciente como nación tendríamos el privilegio de vincular estrechamente ética y política, ojala no lo dejemos pasar.
Por José María Grima – Agrupación Sudeste – Tigre
[1] https://www.pagina12.com.ar/277835-un-paquete-de-medidas-para-la-post-pandemia
[2] https://eleconomista.com.ar/2019-04-ya-hubo-6-blanqueos-desde-el-regreso-de-la-democracia-y-podria-venir-otro-pronto/
[3] Desarrollo económico, no solo implica crecimiento económico, sino una mejor distribución de la riqueza entre la totalidad de la población.
