El Gobierno Nacional decretó el fin de los “privilegios heredados” en el Sector Público Nacional mediante el Decreto 959/2024, que prohíbe expresamente el acceso a empleos públicos por vínculos familiares, afinidad política o influencia. La medida busca promover la equidad y transparencia en las contrataciones.
La normativa establece que los procesos de selección deben ser abiertos al público, con comités de evaluación independientes que supervisarán las contrataciones y sancionarán cualquier práctica de nepotismo. “Aseguraremos que el acceso a empleos estatales esté basado exclusivamente en el mérito y la competencia”, destacó el Poder Ejecutivo.
Entre las disposiciones del decreto, se incluyen auditorías periódicas a cargo de la Oficina Anticorrupción, que verificará la transparencia en los procesos de selección y aplicará sanciones a los funcionarios que incurran en irregularidades. Las penalizaciones, que varían desde la suspensión hasta la destitución, buscan asegurar un sistema de contratación justa en el sector público.