Por Cecilia Moreau*
En unas horas, por las calles y plazas de toda la República Argentina volverá a resonar con fuerza, en una sola voz, el clamor de lucha de miles de mujeres trabajadoras.
Este año, en sintonía con la masiva Marcha Federal del Orgullo del primero de febrero —que convocó a más de un millón de personas en repudio al homofóbico discurso oficial— marchamos unidas bajo las banderas del antifascismo, el antirracismo y el transfeminismo.
Signada por el avance de la extrema derecha como fenómeno global vivimos una época en donde la violencia, la tergiversación de la realidad y la degradación institucional, dentro del campo político, parecen ser norma.
En nuestro país, desde las ciencias sociales —no por casualidad desacreditadas por el oficialismo— hace tiempo se viene intentando comprender y explicar las particularidades del actual momento histórico y, ciertamente, no llama la atención que muchos intelectuales hayan encontrado elementos comunes, plasmados en prácticas y discursos, del gobierno de Javier Milei con los regímenes fascistas de antaño.
No es objeto de esta columna analizar la producción teórica en ese sentido, ni abrir una discusión conceptual en torno a la pertinencia del término fascismo para caracterizar la administración de Milei, sino poner énfasis en dos cuestiones tan evidentes como extremadamente preocupantes. La primera es la puesta en marcha de mecanismos que han sido parte central de procesos fascistas y que hoy en día vuelven a ser utilizados como forma de construcción de poder. Me refiero específicamente al despliegue y direccionamiento del odio contra colectivos vulnerables como forma de justificar el abandono estatal, y canalizar el creciente y legítimo malestar popular. Y la segunda, derivada de la primera, es el gravísimo impacto que esto tiene sobre la vida de esos colectivos, especialmente, sobre la vida de mujeres y disidencias en cuyos cuerpos se interseccionan múltiples violencias: física, económica, laboral, sexual, psicológica, entre otras.
Vamos a ver cómo es el reino del revés
Durante estos 16 meses de gestión, el presidente, sus funcionarios y operadores mediáticos siguieron al pie de la letra una estrategia comunicacional que procuró invertir la dinámica de dominación. Señalando a oprimidos como los opresores intentaron ocultar a los verdaderos privilegiados del modelo libertario, cuyos intereses son protegidos con uñas, dientes y vergonzosos protocolos bullrichistas, a costa de la degradación de las condiciones de vida de millones de argentinos. Sólo hay que mirar el dato de transferencia de ingresos del trabajo al capital durante el 2024: 19 billones de pesos. Una gesta digna de Hood Robin, que tiene a mujeres y disidencias como principal blanco de ataque.
En la Argentina del revés, las culpables de todos los males son las mujeres jubiladas que accedieron por moratoria.
El Gobierno explica el ajuste sobre el conjunto de los haberes, el desplome de la mínima —que en su gran mayoría cobran las mujeres— y la eliminación de la cobertura de medicamentos gratuitos que otorgaba PAMI, en la existencia de la moratoria previsional catalogada por el presidente como una “estafa” orquestada por jubiladas hacia el resto de la población. Porque en esta Argentina del revés robar millones de dólares vendiendo una supuesta inversión productiva para hacer caer a desprevenidos no es estafa, más si lo es jubilarse con la mínima pagando los aportes faltantes.
La moratoria desde su implementación permitió que miles de personas, en su gran mayoría amas de casa que se ocuparon de tareas domésticas y de cuidado no remuneradas y/o tuvieron trayectorias laborales precarias durante su vida, pudieran acceder al derecho a la jubilación. Sin su prórroga, a partir del 23 de marzo de este año, 9 de cada 10 no va a poder tener garantizado ese derecho.
En la Argentina del revés lxs culpables de todos los males son las diversidades sexuales.
El cupo laboral travesti-trans, que buscó romper con la discriminación estructural que sufre la comunidad y abrió las puertas del trabajo formal para cientos de ellxs por primera vez en su vida —el 90% es excluidx de este derecho, uno de los múltiples factores que hacen que su ciclo vital ronde los 40 años—, es para el presidente “un privilegio” y un modo de “discriminación positiva”. De esa forma se justifica que entre los despedidos estatales las personas travesti-trans hayan sido las principales perjudicadas.
Al mismo tiempo, para el mandatario la Ley de Identidad de Género es un instrumento utilizado por delincuentes, la ideología de género constituye abuso infantil y los homosexuales son pedófilos.
En la Argentina del revés, las culpables de todos los males son las trabajadoras de casas particulares y las cocineras de comedores populares que “le roban al Estado”.
Es así que el Gobierno desmanteló el Programa Registradas que permitió la registración de más de mil mujeres trabajadoras. Un sector históricamente invisibilizado, que representa la principal actividad laboral entre las mujeres y la que tiene los índices de informalidad más altos.
En paralelo, en medio de un brutal aumento de la pobreza y la indigencia, se atacó sistemáticamente la organización comunitaria en los barrios populares, en gran medida también sostenida por mujeres. Se interrumpió la entrega de mercadería y se congelaron programas como el ex Potenciar Trabajo. La caída del salario real de las trabajadoras de casas particulares fue del 22%, mientras que el de las comunitarias fue del 54%.
Y así podemos seguir. Las culpables de todos los males son las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad y sus cuidadoras, las migrantes y estudiantes… Para la narrativa neofascista hay culpables en cada esquina. Mediante el odio configuran la otredad y su contracara. Son ellos o nosotros, vociferan los esbirros intentando enquistar el germen para construir una identificación perversa, excluyente y justificadora de la crueldad.
Lo que está en discusión es un modelo de sociedad. No hablamos de números, hablamos de derechos humanos, de la vida material y concreta de millones que este Gobierno pretende convertir en descartables porque “algo habrán hecho”, profundizando la violencia que emerge de las ya existentes brechas de género.
¿Quiénes son ellas? ¿las descartables? Nuestras madres y abuelas, apaleadas todos los miércoles en las puertas de la vapuleada casa de la democracia. Son nuestras hermanas, amigas, compañeras de trabajo, vecinas. Somos nosotras mismas. Las que vamos a estar este 8 de marzo en las calles reconociéndonos en la mirada de la otra, sabiendo que no estamos solas, que nunca lo estuvimos y que no estamos dispuestas a soltar la mano de ninguna.
Convencidas de que las conquistas se logran enlazando las luchas y encontrando en la aparente singularidad nuestra razón común para ponerle un límite a la violencia afianzada con arrogancia en el poder político.
*Cecilia Moreau – Diputada Nacional