La emergencia pública en materia sanitaria: el estado de sitio como último recurso
El régimen constitucional argentino protege tanto libertades individuales como derechos colectivos. Estos derechos no son absolutos, tienden muchas veces a colisionar entre ellos, y cuando esto sucede, las autoridades deben proceder con criterio para decidir qué derecho debe ser protegido, y cuál debe ser restringido. La “ley de la ponderación”, indica que la mayor intensidad en la restricción de un derecho se debe fundar en la importancia de la satisfacción del derecho que resulta vencedor.
En la práctica, la denominada ley de ponderación, se refiere a la limitación de un derecho para proteger otro, en este caso, limitamos la libertad ambulatoria para proteger la salud de la población, en una verdadera contradicción entre derechos individuales y colectivos.
¿Es necesario el estado de sitio para llevar a cabo esta limitación de manera efectiva?, no. El estado de sitio es una facultad constitucional, un instrumento para ser usado en emergencia pública. Según la Constitución, para el caso de un ataque exterior o conmoción interior, que ponga en riesgo el orden institucional, la vida y los bienes de la población. Como diría Pablo Scatizza, historiador de la Universidad Nacional del Comahue: “Es el momento del derecho en el que se suspende el derecho, justamente para garantizar su continuidad”. El estado de sitio debe ser declarado por Ley si el Congreso está en periodo de sesiones ordinarias, o por el Poder Ejecutivo cuando el Poder Legislativo está en receso, debiendo ser refrendado posteriormente por el Congreso. Se encuentra establecido en los artículos 23 y 75 Inc. 29 de la Constitución Nacional. No es este un instrumento que se aparta de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, que jerarquiza la Constitución, ya que en ellos se facultan los denominados “estados de excepción”, especialmente el Art.27 (suspensión de garantías) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). La Convención se refiere a la imposición del estado de excepción, que es equivalente al estado de sitio en nuestra legislación, resguardando durante su implementación por los Estados, que “Tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”. El Art. 22 Inc. 3 de la misma Convención establece:
“El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”
Entonces, si no adoptamos el estado de sitio, ¿Qué es el estado de emergencia? Es una declaración en virtud de una emergencia pública, que puede restringir ciertos derechos individuales, pero no implica necesariamente un estado de sitio en toda su dimensión. En nuestra Constitución no existe la figura de “estado de emergencia”, sino que la emergencia es declarada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, y abarca determinados sectores, que deben estar específicamente detallados en el Decreto, así como los fundamentos para el mismo.
Esto no significa que esta herramienta no vaya a ser usada en el futuro inmediato, pero antes debemos agotar todas las formas de alertas institucionales ante la crisis que estamos atravesando. El estado de emergencia sanitaria, acertadamente declarado bajo la figura de un DNU, contempla un estado de alerta a nivel nacional, y facilidades administrativas del Ministerio de Salud para trabajar durante la emergencia. La restricción a la libertad ambulatoria, el denominado “Aislamiento Preventivo Obligatorio”, en el más reciente DNU (297/2020), sigue los lineamientos de la emergencia sanitaria, limitando ciertos derechos, pero sin caer en las restricciones a las libertades que implica el estado de sitio.
La declaración de la emergencia sanitaria otorga facultades extraordinarias al Ministerio de Salud para disponer partidas, modificarlas y actuar de manera rápida y eficiente. En circunstancias normales, estarían sujetas a una fiscalización más estricta.
La cartera sanitaria está siendo facultada para tomar decisiones que considera necesarias para maximizar los recursos humanos del área, y para disponer libremente de los fondos económicos, destinados de manera excepcional, a controlar la pandemia.
Estamos en emergencia sanitaria con aislamiento preventivo obligatorio, si las circunstancias lo necesitaran, la situación se puede endurecer aún más, dentro del margen de la Constitución. No debemos caer presos del pánico, fundamentalmente nuestros líderes políticos, es momento para pensar de manera lógica y eficiente, ante la amenaza de lo desconocido.
Por Leonardo Güi – Abogado – Docente UBA – UCES