La asociación civil APANNE, centro de atención para personas con discapacidad del partido de Escobar, atraviesa un momento crítico debido a que aún no cuenta con la recategorización de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que le impide facturar prestaciones a las obras sociales y pone en riesgo la continuidad de sus servicios.
Aunque la institución mantiene la habilitación del Ministerio de Salud de la Nación, desde diciembre de 2024 fue dada de baja del Registro Nacional de Prestadores y, según indicaron desde la entidad, pese a haber cumplido con los requisitos exigidos, todavía no se concretó la inspección necesaria para recuperar su categoría.
APANNE funciona como una asociación sin fines de lucro y se sostiene principalmente a través de los aportes de las obras sociales de los niños y adolescentes que asisten al centro, además de cuotas societarias y eventos solidarios. Sin embargo, su principal fuente de financiamiento se encuentra paralizada.
Lorena Iacouzzi, profesora en Educación Especial e integrante del área administrativa, explicó: “La plata que ingresa a la institución se va casi toda en sueldos, porque trabajamos con muchos profesionales y con grupos muy reducidos, de cinco chicos o chicas. Es la única manera de brindar una atención adecuada”.
A esta situación se suma el atraso general en los pagos y la falta de actualización de los valores reconocidos por el sistema. “Las obras sociales pagan con tres meses de atraso y los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad no se actualizan hace muchos años. Eso genera un desfasaje enorme que las instituciones ya no pueden sostener”, detalló.
Desde APANNE señalaron que en el sector no alcanza únicamente con la habilitación sanitaria, ya que las obras sociales exigen también la categorización de ANDIS para autorizar la cobertura y la facturación. “En discapacidad, no alcanza con la habilitación del Ministerio de Salud. También existe una categorización de ANDIS que exigen las obras sociales para poder trabajar con ellas y poder facturarles la cobertura de los chicos y chicas”, sostuvo Iacouzzi.
Durante 2025 la institución continuó funcionando con dificultades, mientras se mantiene la incertidumbre sobre su futuro. Antonio Mastronardi, presidente de APANNE, expresó: “La situación que estamos viviendo nos duele muchísimo. Ya no sabemos cómo seguir porque tenemos que pagar los sueldos y no podemos”.
En ese sentido, afirmó que la entidad cumplió con las exigencias solicitadas por el Estado nacional. “Hicimos todo lo que nos pidieron, incluso reformas edilicias. Ahora necesitamos que el gobierno nacional acelere la inspección para poder recategorizarnos y volver a facturar de manera normal”, señaló.
Mientras esperan una respuesta, desde la institución solicitaron una medida urgente para evitar el cierre. “Necesitamos al menos un subsidio del gobierno nacional por estos tres meses para poder seguir funcionando. Es un pedido que hacemos con la mano en el corazón”, concluyó Mastronardi.
La situación de APANNE se suma a los reclamos de distintas instituciones vinculadas a la discapacidad que advierten sobre el impacto de las demoras administrativas y el atraso en los valores de las prestaciones en todo el sistema.