Hoy, 3 de Junio, se cumplen 6 años de aquella vez que las mujeres decidimos organizarnos para exigir, a todos, lo que corresponde: que nos dejen de violentar y matar.
Pedido que va dirigido a la sociedad toda pero específicamente, a quienes toman decisiones en políticas públicas y en materia judicial.
A partir del 2020, a la ya alarmante violencia, se sumó algo que no estaba previsto y que al contrario de reducir la violencia, nos deja cifras preocupantes: la pandemia y con ella el confinamiento y las restricciones. Mujeres aisladas con sus agresores, sin posibilidad de denunciar en muchos casos; sin posibilidad de salir a trabajar en muchas otras y por ende, dependiendo económicamente también, de sus agresores (en la mayoría de los casos parejas y padres). Según datos de La Casa Del Encuentro, entre el 20 de marzo del 2020 y el 20 de marzo del 2021, se registraron 287 femicidios (contemplando 8 transfemicidios).
Hace 6 años dijimos basta y elegimos visibilizar una gran problemática. Dicha problemática lamentablemente no cesa y hasta a veces nuestra sociedad parece naturalizarla a punto tal que lo que a veces no es visible, es el porqué. ¿Por qué a las mujeres nos siguen matando? ¿Acaso eso no será, un poco, consecuencia de otras desigualdades? Repasemos..
Desigualdad legislativa. En estos seis años hubo grandes avances normativos, pero estoy segura de que podría haberse avanzado aún más para disminuir los escandalosos indicadores. Las leyes “Micaela” (de formación a los agentes del Estado en perspectiva de género), “Brisa” (de reparación económica a hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio) y “ESI” (de Educación Sexual Integral), fueron logros colectivos, pero respecto a la primera, aún no logra tener raigambre y alcanzar a todos los niveles del Estado.
Desde el Congreso Nacional, como el poder del Estado encargado de crear leyes para que desde el presidente para abajo cumplan, muchas veces se reduce drásticamente la marcha del ritmo necesario para sancionar normas. A pesar de ello se logra tener resultados orientados a establecer medidas a favor de cuidar la vida e integridad de todos. Ahora bien, surge el enorme desafío de poder concretar la implementación real, dotar de presupuesto, y monitorear la ejecución de las leyes alcanzadas. La burocracia nos desiguala.
Desigualdad en la justicia. Un eslabón esencial en la cadena de abordajes sobre las violencias es sin duda el Poder Judicial. Mal nombrado como “la justicia”, este poder del Estado presenta un escollo ineludible para la gestión de las denuncias, procesos y sentencias sobre hechos de violencias hacia víctimas mujeres y personas LGTBI+. La falta de perspectiva de género en la formación de los agentes se manifiesta en la forma de llevar esas causas. Más grave aún es la situación de quienes toman las decisiones judiciales, un gran ejemplo de esta falta es la reciente viralización de un concurso para juez federal donde un postulante no pudo contestar sobre conceptos básicos de género (como “techo de cristal”, concepto utilizado en referencia a las barreras y limitantes que se convierten en un techo para las mujeres e impiden el ascenso laboral y profesional, por ejemplo, y se convierten en un techo).
Es necesario reflexionar también en este marco, sobre la importancia de que se implemente en todo el país, el “Cuerpo de abogadas y abogados para casos de violencia de género”, creado por la ley (27.210), como una herramienta necesaria y fundamental para mejorar el acceso a los servicios de justicia. No poder defendernos nos desiguala.
Desigualdad al fin. Aunque parezca un mantra, repetimos que aún nos quedan desafíos por concretar, y se van sumando otros más. El objetivo ideal de un país sin violencia, se dificulta si no nos ponemos manos a la obra para construir igualdad real. Y cuando digo real, me refiero a que por más interesante que se diseñe la política pública, es necesario asegurar que cada mujer y persona LGBTI+ en el país pueda gozar efectivamente del amparo establecido, independientemente de su situación socioeconómica, religión, etnia, geografía, educación, trabajo, etc.
Las mujeres y personas LGBTI+ seguimos sufriendo diferentes vulneraciones y atravesando muchas desigualdades. Seguiremos exigiendo justicia por aquellas que nos arrebataron y para que no nos arrebaten a nadie más en la Argentina.
Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos.
Por Josefina Mendoza – Diputada Nacional
