La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que el Tribunal que la juzga en la denominada causa Vialidad es un “pelotón de fusilamiento” que tiene sentencia “escrita” por hechos “inexistentes”, como parte de una “actividad disciplinadora” para “estigmatizar a un espacio político”.
“Cuando hablé de ‘lawfare’ fui muy generosa, si dije que este era el tribunal del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”, advirtió la Vicepresidenta, en una exposición de 20 minutos que pronunció hoy desde las 9.30 en uso de su derecho a pronunciar las “últimas palabras” en el debate que tendrá veredicto el próximo martes 6 de diciembre, según se anunció al finalizar la audiencia.
Ante los magistrados, la Vicepresidenta sostuvo que “nunca un término judicial” como el de “últimas palabras” es “tan apropiado para definir lo que es este juicio, este Tribunal y el Ministerio Público Fiscal incluido”, al hablar desde su despacho en el Senado de la Nación, conectada a través de la plataforma virtual Zoom.
“Debo decir que esto más que un Tribunal de ‘lawfare’ es un verdadero pelotón de fusilamiento”, reiteró y recordó que -como dijo la primera vez que habló en el debate oral, en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019- la sentencia “ya está escrita” por el “partido judicial”
A la audiencia también se conectaron las partes, al igual que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que se la condene a 12 años de prisión como supuesta jefa de asociación ilícita y defraudación, además de reclamar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Al reiterar que la sentencia ya está “escrita”, la ex Presidenta remarcó: “Lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal acusada desde la fiscalía, nada se pudo probar”.
“Comodoro Py ha tenido una actividad disciplinadora de la clase política” con un “partido judicial que cumple el rol de condicionar, obturar, posibilidades de expresión y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”, advirtió en alusión a esa acusación.
El “pelotón de fusilamiento tiene por objeto estigmatizar a un espacio político y a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”, dijo ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes la escucharon desde una sala de audiencias de Comodoro Py 2002.
“Lo que se busca con la estigmatización es que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos como pagarle al Fondo, recuperar las AFJP y también YPF”, agregó.
También se preguntó: “¿En serio creen que nuestro Gobierno o nuestros gobiernos cometieron un fraude contra la administración pública? Un Gobierno que entregó un país desendeudado cuando las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy?”
“Estamos en una situación que va a tender a deteriorarse. Cuando desde las instituciones se conforma un partido, este verdadero partido judicial que vino a sustituir al viejo partido militar y cumple ese rol de condicionar, obturar las oportunidades de expresión en democracia y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”,
La Vicepresidenta advirtió que “quienes trajeron al FMI y 45 mil millones de dólares que no sabemos dónde están, ellos no tienen ningún problema. Están en Qatar mirando el mundial”, dijo en alusión al gobierno de Mauricio Macri.
Sobre la acusación en el juicio por supuesto direccionamiento de 51 obras pública viales nacionales en Santa Cruz a favor del también acusado empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, Cristina Kirchner criticó con dureza a los fiscales.
Sobre Luciani y Mola, sostuvo que “mintieron” y cuestionó que se considere una asociación ilícita a un Gobierno elegido tres veces “democráticamente”.
La expresidenta comparó la situación con lo que ocurre en la causa que investiga el intento de asesinato en su contra, el 1 de septiembre pasado.
“Cuando uno es víctima, la figura de la asociación ilícita no existe”, ironizó, sobre esa investigación en la cual “en Comodoro Py no se considera que mi muerte, mi asesinato, puede ser un acto de conmoción pública”,
“Entonces se suma una causa por acá, otra por allá y nada de asociación ilícita”, dijo
Poco antes recordó que el alegato fiscal en la causa Vialidad duró 20 días, de manera previa al intento de magnicidio y que una de las detenidas, Brenda Uliarte, seguía al fiscal Luciani en redes sociales.
Luciani contó “hechos inexistentes” mientras que se “ocultaron otros”, afirmó y añadió luego: “Se demostró que cada una de las cosas que dijo el fiscal eran mentiras; no eran ciertas”.
La causa Vialidad será en el futuro “estudiada” para ver “cómo funcionaban las instituciones en este período nefasto”, agregó y anunció la difusión en redes sociales de un escrito al que llamó “Las veinte mentiras de la causa Vialidad” como un “aporte doctrinario” para cuando eso suceda.
Luego de su exposición, el presidente del Tribunal, Giménez Uriburu, dio la oportunidad de hablar a otros tres acusados, los ex funcionarios Héctor Garro, Carlos Kirchner y José López, quienes se negaron a hacer uso de ese derecho.
De inmediato se anunció que el próximo lunes 5 a las 9.30 serán las últimas palabras de Raúl Pavesi, Nelson Periotti y José Santnibañez y que el martes 6 a la misma hora, hablará el último de los trece acusados, Juan Carlos Villafañe.
Inmediatamente después, los magistrados se retirarán a deliberar y ese mismo día por la tarde se dará a conocer el veredicto.
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.
En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual.
Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.
Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, ex funcionarios del organismo.
Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez.
En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.