El STIA votó por amplia mayoría sumarse a la medida de fuerza de la CGT y participar también de la marcha de jubilados frente al Congreso. Denuncian despidos, recortes y una política económica que ataca al trabajo y la producción.
El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), filial Buenos Aires, resolvió adherir al paro nacional convocado por la CGT para el jueves 10 de abril, en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. La decisión fue tomada este lunes durante un plenario de delegados y activistas, convocado por el Consejo Directivo del gremio que encabeza Rodolfo Daer.
La asamblea contó con la participación de 321 trabajadores y trabajadoras en representación de más de 5.000 operarios del sector en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Además del paro del jueves, el STIA confirmó que participará de la movilización de jubilados prevista para este miércoles frente al Congreso de la Nación.
Durante el encuentro, el dirigente gremial Jorge Penayo, miembro de la Comisión Interna de la planta Mondelez en Pacheco, lanzó fuertes críticas al rumbo del gobierno nacional. “Este gobierno fascista es un gobierno represor y estafador que no habla de trabajo, no habla de producción. Sólo apuesta a la timba financiera que lamentablemente no nos va a dejar una Argentina, porque así se va a caer a pedazos”, expresó.
Penayo también apuntó contra el sector empresario: “Los empresarios se aprovechan de la situación porque todos quieren subirse al barco de Milei para poder achicar, ajustar, despedir y no pagar”, y convocó a reforzar la unidad de los trabajadores. “Tendremos discusiones entre nosotros, tendremos nuestra diferencia, pero hoy el enemigo, fundamentalmente, son el gobierno y las grandes patronales”, afirmó.
“Tenemos que garantizar el paro compañeros, sector por sector y en cada uno de los comedores, porque esa es la única garantía que tenemos los trabajadores en este momento”, concluyó en su intervención.
La medida del STIA se enmarca en un creciente clima de conflictividad sindical frente a la pérdida del poder adquisitivo, la suba de precios, la caída del empleo y el desfinanciamiento de programas sociales y de salud, que afectan especialmente a los sectores populares y a los trabajadores formales de la industria.
