Por Marcelo Magne*
El 24 de marzo de 1976 es una fecha insoslayable de nuestra historia, que marca el inicio de lo que fue, sin dudas, la mayor tragedia argentina. A diferencia de las anteriores, la dictadura instaurada tras el golpe de Estado del 24-03-1976 instrumentó un plan de alto rigor y de implacable metodología, que consistía en asesinar o desaparecer a todos aquellos que se oponían o podían oponerse al modelo económico, social y político, que la Junta de comandantes y sus cómplices civiles habían decidido implantar. Se distingue también por la sistematicidad revelada en la extensa red de centros clandestinos de detención –alrededor de 800, en todo el país – y por una abominable práctica: la apropiación de menores, cuyas secuelas llegan a nuestros días –sobre alrededor de 500 casos de apropiación, hubo a la fecha 133 restituciones–.
Los crímenes, las atrocidades y los delitos cometidos por la dictadura cívico-militar-eclesiástica, fueron juzgados, condenados y reconocidos por el Estado, en el juicio a las Juntas y en un sinnúmero de sentencias judiciales posteriores. Sin embargo, el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y los sectores más retrógrados de la derecha, empeñados en tergiversar la historia, nos dicen, repitiendo expresiones de Massera y de Videla, que en la Argentina de los 70, hubo una “guerra” en la que se cometieron algunos “excesos”, nos dicen también, que no hubo 30 mil detenidos-desaparecidos, que los juicios son una farsa, que la igualdad ante la ley no rige para los militares juzgados, que los Derechos Humanos son un “curro” y que la educación pública “es un mecanismo de lavado de cerebros” y que brinda “contenidos rojos”.
Ante tales manifestaciones respondemos: No hubo guerra y los ominosos actos de violencia cometidos, no fueron excesos. Frente al Estado argentino, no hubo otro Estado y frente al Ejército argentino, no hubo otro ejército. Las víctimas no fueron soldados, mayoritariamente fueron obreros fabriles, estudiantes y jóvenes comprometidos con la problemática social. Un párrafo aparte, merecen los bebes apropiados y privados de su identidad. Hubo terrorismo de Estado, hubo genocidio y hubo un solo demonio, el Estado que atacó con una ferocidad inusitada, violando todos los derechos de aquellos, a quienes contrariamente debe garantizarles seguridad y justicia.
Frente al resto de las afirmaciones, repetidas incansablemente por los nostálgicos del autoritarismo y por aquellos que buscan con denuedo la consagración de la impunidad, expresamos nuestro más absoluto repudio y recordamos que documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos correspondientes al año 1978, señalan, con el reconocimiento de los militares argentinos, 22 mil desapariciones. Todavía faltaban 5 años de gobierno dictatorial. La pirotecnia discursiva de los sectores reaccionarios hablando de 8753 casos, número que proviene de las denuncias efectuadas ante la CONADEP, en el inicio de la restauración democrática no tiene asidero, no sólo porque la documentación existente lo desmorona, sino porque no importa el número final, lo que importa es que se cometieron delitos atroces y así lo ha reconocido el Estado en distintas sentencias judiciales. No perdamos de vista que no sabemos la cifra exacta, justamente porque siguen ocultando la verdad sobre el destino de los cuerpos. La cifra está abierta por una sencilla razón, aún hay cuerpos que siguen desaparecidos y cosas que no sabemos. Aclaremos entonces, que no se incurre solamente en negacionismo, sino también en apología del delito.
Por otra parte, los juicios, lejos están de ser una farsa, el debido proceso se ha respetado a rajatablas y las sentencias evidencian con claridad absoluta su imparcialidad — el Informe estadístico elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, determina que en el periodo 2006 –2022, se dictaron 294 sentencias en tribunales de todo el país, en las cuales hubo 168 absoluciones, 138 faltas de mérito y 93 sobreseimientos — Los Derechos Humanos, surgidos para protegernos de los Estados que no respetan leyes, que avasallan derechos y que apelan a la violencia para someter a la sociedad, calificados de “curro” por Milei, Macri y otros personajes de la misma laya, son imprescindibles. La labor llevada adelante, en nuestro país, por los distintos organismos es admirable – Abuelas sigue recuperando nietos nacidos durante el cautiverio de sus madres, apropiados y privados de su identidad — . Las políticas que el Estado argentino desarrolló en materia de DH, son sumamente valoradas, reconocidas y consideradas como ejemplo a seguir, por organismos internacionales y por varios países del mundo.
Por último, las instituciones educativas, comprometidas con el sistema democrático, tienen el deber y la responsabilidad de abordar la historia reciente. Golpes de Estado, dictaduras y terrorismo de Estado, son temas insoslayables de ese pasado reciente, conocerlo, analizarlo, debatirlo y reflexionar sobre el mismo, no es adoctrinamiento, ni “lavado de cerebro”, es valorar y fortalecer la democracia como sistema de gobierno y como forma de vida, es generar conciencia, es interpelar a los jóvenes como sujetos de derecho, es desarrollar el pensamiento crítico y es trabajar para evitar la repetición del horror.
“Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que ocurra de nuevo” (Ana Frank)
En las antípodas de Ana Frank, el gobierno con su discurso y su prédica fomenta el avance y el fortalecimiento de los sectores reaccionarios, que instrumentan la violencia en todas sus formas. Amenazas en las redes sociales, pintadas intimidatorias en distintas sedes educativas, vandalización de sitios de memoria, ataques a locales de agrupaciones políticas y de derechos humanos, violencia contra monumentos y señalética diversa, y días atrás, el repudiable hecho denunciado por la Agrupación H.I.J.O.S., esta semana en la antesala del 24 de marzo. Una de sus integrantes fue golpeada, abusada sexualmente y amenazada de muerte, en su propia casa. Los victimarios se preocuparon por dejar en claro, con expresiones y pintadas, los móviles políticos del hecho. Lo ocurrido es sumamente grave y nos retrotrae a los tiempos más oscuros de nuestra historia.
Es imprescindible que el Estado no incurra en el negacionismo –desmentir los crímenes de la dictadura –, o en el relativismo — con el fin de justificar cualquier acción – y que asuma un verdadero compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, elementos basales para la construcción de un país verdaderamente democrático. Sin embargo, el actual gobierno impregnado de autoritarismo y desbordante de odio, camina en sentido contrario, poniendo en peligro el pacto democrático forjado una vez finalizada la larga noche dictatorial. Redoblemos esfuerzos porque por este camino, el final del recorrido será en el mejor de los casos, el regreso a las cavernas.
*Marcelo Magne – Profesor de Historia-Investigador – Integrante de la Comisión de DH “Padre Pancho Soares.