Por Lic. Luciana Isabela Quetglas
Hay fechas que se niegan a volverse historia muerta y siguen latiendo como una herida abierta en el cuerpo colectivo de un pueblo. El 24 de marzo de 1976 es una de ellas. A cincuenta años de aquella madrugada en que los tanques salieron a las calles y la democracia argentina fue aplastada bajo el peso de las botas militares, seguimos aquí, de pie, con el nombre de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos grabado en la memoria y en el corazón.
Pero la historia que quisiera contar hoy empieza un mes antes del golpe. El 13 de febrero de 1976, en el humilde barrio de Carupá, en el partido de Tigre, un sacerdote obrero fue acribillado a balazos en su propia casa. El Padre Francisco “Pancho” Soares, brasileño de nacimiento y argentino de alma, tenía 54 años, una bicicleta destartalada, una fábrica de baldosas organizada como cooperativa, y una certeza irrevocable: “Mi consagración a los pobres es irrevocable”. Días antes, había encabezado el cortejo fúnebre de tres militantes asesinados —Oscar Echeverría, Luis Alberto Cabrera y Rosa María Casariego— y había señalado públicamente a los responsables con nombre y apellido. Lo mataron por eso. Por no callarse. Por defender a los que nadie quería defender.
El martirio del Padre Pancho no fue un episodio aislado ni accidental. Fue una de las señales anticipatorias de lo que se avecinaba: el terrorismo de Estado organizado como política sistemática de exterminio. Un mes después, la dictadura cívico-militar, clerical y empresarial se instaló en el poder e inauguró el período más brutal de la historia argentina reciente, responsable de la desaparición de 30.000 personas y de la apropiación de más de 400 niños y niñas. Pancho Soares fue una de las primeras víctimas eclesiásticas de ese plan criminal. Su asesinato nos recuerda que el horror no comenzó el 24 de marzo: venía gestándose, y los que lo veían venir —y lo decían— pagaron con su vida.
Cincuenta años después, la bandera de Memoria, Verdad y Justicia no es un slogan ni una reliquia del pasado. Es una exigencia ética del presente. Porque la memoria no es nostalgia: es un acto político de resistencia. Recordar a nuestros 30.000 compañeros y compañeras significa afirmar que sus vidas importaron, que sus sueños eran legítimos, que su militancia —por un país más justo, más igualitario, más digno— no fue un error, sino una apuesta valiente por la humanidad.
Ellas y ellos eran docentes, obreros y obreras, estudiantes, curas villeros, madres jóvenes, médicos y médicas de barrio, poetas, profesionales, artistas. Tenían quince, veinte, veinticinco, treinta años. Creían que otro mundo era posible y trabajaban para construirlo. Los desaparecieron precisamente por eso: porque su lucha incomodaba a los poderosos, porque su organización amenazaba al modelo de hambre y exclusión que la dictadura vino a imponer. Reivindicar su lucha hoy no es romantizar el pasado; es reconocer que las causas por las que murieron —la justicia social, la dignidad del trabajo, los derechos humanos— siguen siendo causas pendientes.
La Justicia, por su parte, ha avanzado —aunque nunca lo suficiente— y a cincuenta años del golpe tenemos más de mil doscientas condenas por crímenes de lesa humanidad. Pero aún hay causas abiertas, verdades incompletas, archivos que no terminan de hablar. Y hay algo que ninguna sentencia judicial puede devolvernos: la verdad plena sobre el destino de cada uno de los desaparecidos. Por eso seguimos diciendo, con la misma urgencia de siempre: QUE DIGAN DÓNDE ESTÁN.
Este aniversario nos encuentra en un momento complejo. La memoria está siendo disputada otra vez. Hay voces que intentan relativizar los crímenes, instalar el negacionismo como opinión válida, desmantelar las políticas de derechos humanos construidas durante décadas. En ese mismo clima, Cristina Fernández de Kirchner —la principal líder del peronismo, quien se atrevió a desafiar al poder real de este país, devolviéndole la dignidad y felicidad a su pueblo— es hoy víctima de una persecución judicial que no resiste el menor análisis democrático: condenada sin prueba fehaciente, inhabilitada y proscripta. Una proscripción que huele a viejo en la Argentina, y que nos recuerda que las formas del disciplinamiento político cambian, pero la lógica de silenciar a quienes incomodan permanece. Eso nos obliga a estar más alerta, más firmes, más organizadas y organizados. La memoria no puede ser gestionada por quienes la niegan, ni la justicia por quienes la usan como un arma.
Pero también este aniversario nos encuentra en la calle, juntos, como cada 24 de marzo. Y eso es esperanza. Porque mientras haya una madre reclamando justicia, una abuela buscando a su nieto o nieta, una hija preguntando por su padre o madre, un estudiante que aprenda por primera vez lo que fue el terrorismo de Estado y sienta que eso le importa y lo interpela, entonces la cadena no se rompe. La memoria es una práctica colectiva y cotidiana. Se hace en las escuelas, en los barrios, en las familias, en las plazas.
El Padre Pancho Soares vivió y murió convencido de que el amor a los pobres era irrevocable. Nuestros 30.000 compañeros y compañeras vivieron y fueron arrancados de la vida convencidos de que valía la pena pelear por un país mejor. Nosotros, que los recordamos, que los nombramos, que los buscamos, llevamos adelante esa misma convicción. La diferencia es que hoy podemos hacerlo en democracia, con voz, con derechos, con la fuerza de la memoria colectiva como escudo.
Que sus nombres no se borren. Que su lucha no se archive. Que la verdad no se negocie. Y que los responsables digan, de una vez y para siempre, dónde están.
¡Memoria, Verdad y Justicia! ¡Ahora y siempre!