Entre los muchos debates calientes que inundan los medios de comunicación en días electorales, el Derecho al Hábitat brilla por su ausencia. Si bien es una pésima realidad que la comunicación política moderna no permite desarrollar temas complejos, no por ello deberíamos renunciar a las verdades incómodas.
El Derecho al Hábitat es un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificados por la mayoría de los Estados Parte de la ONU, y con jerarquía constitucional en argentina desde 1994, es decir, con rango superior a las Leyes.
En la Provincia de Buenos Aires, el derecho está legislado en La Ley de Acceso Justo al Hábitat, además de encontrarse consagrado en el Art.4 de la Constitución de La Provincia de Buenos Aires. El ordenamiento jurídico nacional y provincial establece taxativamente el desarrollo de proyectos habitacionales, urbanizaciones sociales, regularización de barrios informales, y el avance progresivo hacia un hábitat urbano sustentable y sostenible para toda la población. Sin embargo, como bien señalan los teóricos jurídicos sobre la aplicación práctica del derecho, leyes hay, lo que falta es justicia.
El incumplimiento de la Ley por parte de los Estados es una falla Judicial. Los jueces tienen los instrumentos suficientes para hacer cumplir las leyes, sin embargo, la justicia se mantiene en un silencio cómplice ante las necesidades más evidentes.
El desarrollo urbano y habitacional es un concepto estratégico para el progreso de cualquier nación. Mientras el acceso al hábitat no sea considerado un drama urgente de nuestras ciudades, los poderes fácticos de nuestra sociedad seguirán haciendo oídos sordos ante una problemática tan evidente.
El urbanismo, entendido como el conjunto de disciplinas que estudia los asentamientos urbanos para su diagnóstico, comprensión e intervención, es una herramienta fundamental para todo proyecto político que considere el derecho al hábitat como fundamental en su plan de gobierno.
El planeamiento urbano es el ejercicio de un Derecho Humano fundamental y estratégico. Una ciudad urbanamente integrada, conforma una sociedad más justa. El hacinamiento urbano, la falta de agua potable, gas, electricidad, los asentamientos en superficies contaminadas, no constituyen sólo una injusticia social y una inmoralidad política, también son factores que aseguran la desigualdad estructural, por lo tanto, son generadores de violencia.
No es común en el debate político sobre el espacio urbano, encontrar propuestas que piensen de manera estratégica, planificada y a largo plazo, una ciudad integrada, tanto territorial como socialmente.
En Tigre, contamos con la extraña excepción de tener espacios de reflexión, trabajo e investigación sobre desarrollo urbano. El espacio Tigre 2030 es un grupo de trabajo compuesto de jóvenes entusiastas del urbanismo y de diversas disciplinas, que estudia, proyecta y desarrolla programas estratégicos para mejorar la ciudad. Trabajan pensando en las múltiples variantes que necesita una ciudad grande, compleja y diversa como Tigre. Desde la integración del Bajo Pacheco a través de viaductos y puentes peatonales, a la ampliación de Tigre centro, planteando bocetos sobre planificación urbana en Rincón de Milberg. Una gran diversidad de propuestas con miras a la ciudad para el 2030.
Como señala Santiago Cabo Valverde, del Diario El País: “El urbanismo es la referencia central de la política local”. Una preocupación fundamental por el acceso a la vivienda, la distribución equitativa de espacios público-privados, y la condición medioambiental de los mismos.
Los Derechos Humanos no son declaraciones abstractas de los estados, son herramientas de uso para los ciudadanos. Los espacios políticos deben trabajar para que el Estado cumpla con esos derechos, y que no se pierdan en declaraciones sin valor. El Derecho al Hábitat, a un medio ambiente sano, a que todos los ciudadanos puedan gozar de agua limpia, de suelos libres de contaminación, depende del trabajo, y del reclamo permanente de espacios como Tigre 2030.
Leonardo Güi – Abogado – Docente UBA
